La perpetuidad de los planes y/o programas sociales pone en jaque al progreso. Ese anhelo de vivir mejor como fruto del propio trabajo y esfuerzo está esfumándose en más de la mitad de los argentinos, quienes hoy dependen del asistencialismo estatal para poder subsistir.
Los desincentivos a la generación de empleo genuino, muchas veces encarnados en el constante ascenso de la presión impositiva al sector privado, diluyen cualquier intento por recuperar los valores de la cultura del trabajo.
La ayuda del Estado, al ser permanente y constante, fue una inversión que se tradujo en gasto. Si bien se originó como una reivindicación de derechos para los sectores más vulnerables, paulatinamente se desvirtuó, transformándose en hábito y generando aún más pobreza.
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Se estima que en Argentina existen 182 planes y programas sociales, con alrededor de 25 millones de beneficiarios, lo que alerta sobre la imperiosa necesidad de generar un cambio en la matriz social actual para no hipotecar el futuro de nuestro país.
“Si no eres parte de la solución, eres parte del problema”, y en las economías regionales, segmento al que represento dentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se encuentra una de las claves para la transición hacia un modelo de país más inclusivo y federal.
El sector agropecuario, empleador del 70% de la mano de obra rural y gran motor socioeconómico de los pueblos del interior, se encuentra con dificultad para conseguir trabajadores que levanten la cosecha, o bien realicen otro tipo de actividad estacional, por miedo a dejar de percibir los beneficios sociales. Tal es así que en 2021 se perdió entre un 25% y un 50% de la producción total, de carácter perecedero.
Los productores no cuestionan la ayuda estatal a los sectores vulnerables, pero coinciden en que no debería ser un obstáculo para el normal desempeño de sus actividades. Privilegiar la asistencia del Estado por sobre un empleo formal —aunque temporal—, se ha convertido en costumbre. El miedo a perder el plan al “blanquearse” no sólo hace que miles de familias se priven de ingresar al mercado laboral formal, limitando sus posibilidades de progreso; sino además alienta el trabajo rural no registrado, imposibilitando el acceso a obra social, aportes jubilatorios, seguro por desempleo, ART y asignaciones familiares.
Planes sociales y trabajo registrado en el campo
A fin de promover la generación de empleo de calidad en el ámbito rural y avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, desde CAME trabajamos el año pasado junto al equipo técnico de la senadora Nora del Valle Giménez en el proyecto de ley “Ampliación de la Seguridad Social de los Trabajadores Rurales Temporarios y Permanentes Discontinuos en el Ámbito de las Pymes de las Economías Regionales”, para compatibilizar los planes y/o programas sociales con el trabajo rural registrado.
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La iniciativa se materializó en el Decreto 514/21, pero a un año del anuncio presidencial sigue faltando mano de obra en el campo. Sucede que la compatibilidad no se produjo al 100%, ya que el trabajador argumenta perder la Tarjeta Alimentar al registrarse, lo que atentó contra un círculo virtuoso que hubiera beneficiado a todos: al trabajador rural, al empresario y al Estado.
Sea cual sea el sector de la economía que abordemos, todos forman parte —en mayor o menor grado— de un entramado generador de oportunidades de desarrollo. El empresariado nacional tiene la capacidad de crear fuentes laborales, pero requiere de políticas de impulso y promoción para lograrlo. Si Argentina desea combatir la pobreza y reducir la desigualdad a través del pleno empleo, este modelo debe ser asumido como una política de Estado que garantice la posibilidad de ascenso social.
Revalorizar la cultura del trabajo es esencial para un país que desea apostar al desarrollo productivo y federal. Si bien la intención del Poder Ejecutivo Nacional de transformar los planes sociales en empleo registrado es un primer paso, aún falta un largo camino por recorrer para dejar atrás al asistencialismo como forma de vida permanente y así evitar un jaque mate al progreso de los argentinos.
* Pablo Vernengo es Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
LM
