La construcción de las represas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic en Santa Cruz, la obra de infraestructura que más le importa al oficialismo, podría convertirse en una fuerte disputa judicial en las próximas semanas, luego de que dos de los consorcios que participan de la compulsa denunciaran irregularidades en el proceso licitatorio.
El 11 de junio pasado, Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, el empresario afín a la Casa Rosada denunciado por lavado de dinero, presentó en el Ministerio de Planificación una carta de objeción cuestionando varios puntos de la oferta técnico-económica realizada por la UTE liderada por Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, también de muy buena llegada a Presidencia.
Unos días más tarde, hizo lo propio Panedile, del empresario Hugo Dragonetti, cabeza de otro de los consorcios que pugna por la obra hidroeléctrica, presupuestada en más $ 25 millones. El denominador común de las denuncias es que ambas cuestionan la legalidad de la carta de descuento presentada por Electroingeniería, que participa asociada con la china Gezhouba e Hidrocuyo, que posicionó a ese consorcio en el primer lugar del orden de mérito con una oferta de $ 1.532 millones. Báez y Dragonetti advirtieron, en documentos dirigidos a Julio De Vido, que la nota de descuento objetada presupone que los pagos se realicen en una cuenta en el exterior a nombre de Electroingeniería, un requerimiento que va a contramano del pliego licitatorio, que preveía pagos en el país únicamente en pesos.
En rigor, la carta de Electroingeniería –a la que tuvo acceso PERFIL– indica que “los pagos a realizar en el extranjero se adecuarán a los indicados en el anexo VIII de la presente”.
Es la tercera vez que se licitan las dos represas, que aportarán 1.740 megawatts (MW) de energía. Cristóbal López, en tanto, quedó afuera de la pelea hace semanas.
