A una semana de gestión, el gobierno del presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas con el objetivo de reimpulsar la economía y favorecer a las personas de menores recursos. Las mismas fueron detalladas este martes 17 de diciembre por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa.
Entre las medidas se estableció un congelamiento de las tarifas durante la primera mitad del año 2020. Ni Fernández ni Guzmán dieron mayores precisiones sobre qué sucedería una vez llegue julio.
También se anticiparon varios bonos de fin de año: una suma de dos mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); dos cuotas de cinco mil pesos para los jubilados que cobren la mínima; y el plan Alimentar, que concede cuatro mil pesos mensuales a las mujeres embarazadas o que tienen un hijo o seis mil pesos al mes si tiene dos hijos o más. Paralelamente, Fernández puntualizó que se van a entregar 6.500 tarjetas alimentarias.
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Por otro lado, Guzmán indicó que se establece un impuesto de un 30 por ciento a la compra de divisas extranjeras (el 70 por ciento de la recaudación de ese tributo estará destinado a financiar la seguridad social y el resto para obras de infraestructura y vivienda).
A eso se le suma lo que adelantó el pasado domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: aumentos en Bienes Personales y un recargo de un 30 por ciento para los gastos de tarjeta en el exterior. En ese marco, varios economistas analizan las decisiones tomadas por la Casa Rosada y su viabilidad.
- Congelamiento de tarifas
Para el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, el congelamiento de tarifas no va a suponer un alivio porque se compensará con otros tributos: “Lo paga por otro lado la clase media. Deberíamos ir un mecanismo donde no haya retraso de tarifas porque implica que el estado lo tiene que subsidiar con emisión monetaria o vía impuestos (en este caso sería la segunda). Y por otra parte va a generar un luego tiene que pegar grandes saltos para adecuarse”.
Di Pace consideró que sí es importante que se lleve a cabo una revisión del cuadro tarifario: “Hay que desdolarizar las tarifas y desgranar qué es pesos y dólar dentro de la composición de costos porque los salarios están pesificados”. Al compararlo con la anterior gestión, indicó: “En el caso del macrismo estuvo bien planteado pero mal implementado. Hacienda no tenía información por parte de Energía. No había comunicación entre ambas carteras y es imposible tener un plan antiinflacionario si no dispone de todas las cuestiones previstas, en cómo va a impactar este componente en la inflación”.
El economista y director de Carta Financiera, Miguel Boggiano, sostuvo que es una medida que es un “paliativo” y un “parche a corto plazo”. “Sirve para darle un poco de aire post elecciones a Alberto Fernández, pero mientras tengamos inflación eso va a impactar en los costos de las empresas que generan electricidad. Esta señal es mala porque directamente influye en todo lo que es inversión, no se va a invertir un centavo en la medida que las tarifas se congelen, está claro que no es una solución de fondo”, manifestó. Por otro lado, advirtió que eso “va a generar que en algún momento van a tener que actualizarse las tarifas”.
"Esta señal es mala porque directamente influye en todo lo que es inversión", dice Boggiano.
El economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.) Andrés Asiain afirmó que la postergación de los aumentos en las tarifas contribuirá más en términos de poder de consumo que en reducción de la inflación. “Con el congelamiento no creo porque que haya un retraso porque las tarifas están adelantadas, más que retrasarse se van a poner a tono con el resto de la economía”, manifestó.
Y agregó: “Las empresas de servicios hoy tienen un nivel de precios y de rentabilidad que no se justifica una suba abrupta. Después de los seis meses puede haber una transición de acuerdo a que las tarifas evolucionen en base a un parámetro. Las tarifas tienen que tener por un lado la rentabilidad para empresas y el poder adquisitivo de las familias y la rentabilidad necesaria para que se sostengan las compañís del sector y que el estado arbitre ahí con el subsidios”.
- Bonos a jubilados, pensionadas y beneficiarios de la AUH
Según los economistas consultados y en base a la conferencia de Guzmán, el dinero para financiar las ayudas de fin de año a jubilados, beneficiarios de la AUH y a las madres se extraerá de a actualización de las retenciones, el aumento del impuesto a los bienes personales, el establecimiento del tributo al dólar ahorro y a la postergación de los pagos la deuda externa.
“Todos los anuncios son sacarle plata a un sector de la sociedad para dárselo a otro, eso no genera crecimiento. Eso va a generar 'desahorro' por un lado y consumo por el otro, pero no genera inversión que es lo que necesitás para crecer. No hay soluciones mágicas, piensan que apretando dos botones la economía va a arrancar”, cuestionó Boggiano.
Por su parte, Asiain defendió los bonos que cree serán claves para reimpulsar la economía: “Es viable y necesario, lo mismo que el programa de ayuda alimentaria. Por el otro lado, me parece que es clave para encender la economía porque afectará directamente al consumo”. En tanto, Di Pace señaló: "Evidentemente la Ley de Solidaridad es un proyecto de ajuste sobre diferentes sectores socioeconómicos y productivos".
- Impuesto al dólar ahorro
Boggiano mostró su oposición a incrementar unos tributos para redistribuir los recursos que se obtengan: “Me parece que son paliativos para frenar algunas cosas del corto plazo, para quedar bien con quienes los votaron, pero esto no genera ninguna reactivación de verdad”.
“Esto lo que termina afectando es a la cotización del dólar blue, que tiene nivel de formación de precios sobre las Pymes sobre todo, que son las que utilizan ese tipo de dólar para manejarse en el mercado interno como reservorio de valor. Por otra parte, ese dólar ahorro es un desincentivo a ahorrar en esa moneda en un contexto donde el que el riesgo es que el intente ahorrar en pesos tenga tasa real negativa, es decir, que la inflación esté por encima del nivel de tasa ofrecida por los bancos”, consideró Di Pace.
Y añadió: "No es el mejor criterio porque eso que genera una contención en sectores sociales más vulnerables, genera distorsiones sobre los efectos que va a tener la evolución del tipo de cambio en el mercado desdoblado y también los incentivos que van a tener los importadores a un dólar oficial muy barato”, consignó Di Pace.
