Joseph Stiglitz, Anne Marie Slaughter y Robert Howse, junto con más de 70 economistas, publicaron el siguiente artículo en Project Syndicate, donde respaldan la posición de la Argentina de "no innovar" en las cláusulas legales durante la reestructuración de deuda actual:
A raíz de COVID-19, existe una necesidad urgente de reestructuración de la deuda soberana, incluido el alivio de la deuda. En las circunstancias causadas por la pandemia, las obligaciones de pago de muchos países podrían tener consecuencias sociales devastadoras si no se ajustan. Los mercados financieros enfrentan riesgos de incumplimiento soberano.
Si bien los acreedores oficiales ya han prometido un alivio ad hoc, los países pobres endeudados nuevamente enfrentan acreedores privados sin un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, el equivalente global de un régimen de bancarrota. En ausencia de dicho marco, solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y defendido por muchos expertos y partes interesadas, ha habido algunas innovaciones constructivas en los enfoques contractuales de la deuda soberana. Estos abordan al menos algunos de los problemas de acción colectiva de la reestructuración, incluido el comportamiento oportunista de resistencia.
La medida más prometedora es una cláusula de acción colectiva (CAC) que permite que avance una reestructuración donde sea aprobada por una gran mayoría del conjunto de acreedores. Este progreso refleja la reacción comprensible al litigio de los "fondos buitre" contra Argentina en Nueva York, que amenazó con una reestructuración ya viable apoyada por la mayoría de los acreedores de la nación.
En las negociaciones de deuda en curso entre Argentina y acreedores privados, un grupo de acreedores ha propuesto retroceder y está presionando a Argentina para que elimine esta característica innovadora en el futuro. Este sería un precedente desastroso que retrasaría en más de una década el desarrollo de la arquitectura legal internacional para la deuda soberana. También tiene implicaciones para muchos países deudores y la estabilidad y certeza en los mercados internacionales de deuda.
Creemos firmemente que la comunidad internacional debe presionar a estos acreedores para que retiren la demanda y apoyen a Argentina para rechazarla. La propuesta de los acreedores es reemplazar las CAC mejoradas que evitan, o al menos desalientan, ese oportunismo con arreglos más antiguos que podrían conducir a la depredación de fondos buitres que un número creciente de países ha enfrentado en las últimas dos décadas, donde el holdout en cuestión utilizó la corte federal de los Estados Unidos en Nueva York para extorsionar el pago total, lanzando al caos potencial un acuerdo de reestructuración que se aplicaba a la mayoría de los acreedores.
Es imperativo que la comunidad internacional apoye el rechazo de un paso tan fatídico hacia atrás. A raíz del litigio en Nueva York, el Tesoro de los EE.UU., El Fondo Monetario Internacional y otras partes interesadas desarrollaron el nuevo estándar CAC que permite una reestructuración de la deuda para todas las series de bonos si una supermayoría agregada de tenedores de bonos aprueba las distintas series.
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Sin ese acuerdo de agregación, un holdout o holdouts podrían comprar una porción dominante de una sola serie y luego bloquear la reestructuración. Como el FMI y otras partes interesadas internacionales han apreciado, incluso los llamados CAC de doble rama, que ya existían en los contratos de bonos soberanos de algunos países, no evitarían que un fondo buitre se mantuviera. Después de todo, las CAC de doble extremidad todavía involucraban una supermayoría de una serie de bonos individuales , así como una supermayoría agregada en todas las series, si esa serie individual se iba a incluir en la reestructuración. Las nuevas obligaciones de bonos soberanos de Argentina incluyen CAC de última generación que evitan esta dificultad y que han estimulado la oposición de los acreedores.
Este nuevo estándar para las CAC, desarrollado a través de un grupo de trabajo del Tesoro de los Estados Unidos, fue apoyado por el trabajo del personal técnico del FMI con las partes interesadas. Luego fue evaluado favorablemente por los directores del FMI en 2014, se ha convertido en la mejor práctica de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y ha sido respaldado por el G20 como un elemento indispensable de la arquitectura financiera internacional para la deuda soberana. Europa lo ha adoptado para toda su deuda soberana desde 2022 en adelante.
Si incluso estas prácticas, y las innovaciones contractuales relacionadas, pueden resolver los problemas de acción colectiva de la reestructuración de la deuda soberana sin un verdadero tribunal internacional de quiebras o mecanismo multilateral sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, lo que es innegable es que el movimiento propuesto hacia atrás exacerbará los problemas de acción colectiva en los entrenamientos de deuda soberana, aumentará las tensiones políticas e ideológicas sobre la deuda soberana y hará que las soluciones pragmáticas y viables a la insolvencia soberana sean mucho más esquivas.
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¿Quién se beneficia realmente? A la larga, no la mayoría de los acreedores, que tienen interés en acuerdos de reestructuración oportunos y ordenados que puedan conciliar su exposición al riesgo con las realidades de los mercados emergentes. Los acreedores responsables no deberían querer que las peleas entre acreedores retrasen una reestructuración muy necesaria, que solo beneficia a los acreedores más irresponsables a expensas de todos los demás.
Los beneficiarios obviamente incluyen los fondos buitre. Pero, quizás sobre todo, son las firmas de abogados de zapatos blancos y los prestigiosos bancos de inversión que asesoran sobre estos asuntos, y cuyas tarifas solo aumentan con la complejidad y la intensidad del costo de transacción de la reestructuración de la deuda soberana.
No se trata de luchar por encontrar términos económicos para la deuda reestructurada que sean sostenibles para los deudores y justos para los acreedores. Los acreedores firmaron voluntariamente estos términos contractuales en 2016. Ahora que han descubierto en la práctica la fortaleza y flexibilidad de las nuevas CAC, están molestos porque Argentina está utilizando la cláusula hábilmente para evitar el comportamiento de retención, ejerciendo contra acreedores no cooperativos. derechos contractuales en toda su extensión. Es absurdo e hipócrita que estos acreedores, incluidos los fondos de cobertura, ataquen a un deudor soberano por utilizar términos contractuales duramente ganados como una herramienta de negociación efectiva.
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Los acreedores ya han persuadido a las legislaturas para que les permitan comprar un bono por centavos de dólar y luego demandar para cobrar el dólar completo (técnicamente conocido como la cláusula Champerty), y rechazaron los esfuerzos del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo para anular el usurario 9% tasa de interés cobrada sobre los intereses previos al juicio, que proporciona a los acreedores un incentivo para no negociar de buena fe. Lo que quieren los fondos buitres y los litigantes agresivos es regresar a un mundo en el que usan y abusan de los tribunales para enriquecerse a expensas de los países en desarrollo, al tiempo que socavan a los actores responsables en los mercados financieros internacionales.
Si alguien tiene alguna duda sobre los acreedores que negocian de buena fe, estas propuestas pueden haber resuelto los problemas. Particularmente decepcionante es que entre los acreedores en los grupos que demandan estos términos hay algunos que se presentan como modelos de responsabilidad corporativa.
En última instancia, este episodio muestra que el problema de negociar entrenamientos de deuda soberana social y económicamente sostenible simplemente no puede resolverse sin pasar a un régimen de reestructuración global. Mientras tanto, sin embargo, bajo la sombra siempre presente de la actual crisis mundial, es fundamental avanzar con soluciones tan limitadas como existen.
Instamos a Argentina y sus acreedores a utilizar la reestructuración y los intercambios de deuda que implicará, como una oportunidad para colocar todas las obligaciones soberanas a los acreedores privados (incluidas las del período anterior) bajo el nuevo régimen de la CAC. Este marco se ha ganado con razón el apoyo de todas las partes interesadas responsables, incluso aquellos que buscan una solución más integral a largo plazo.
(*) Este comentario está firmado por Edmund S. Phelps Premio Nobel de Economía 2006, Universidad de Columbia; John B. Taylor, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales, Universidad de Stanford; Barry Eichengreen, Universidad de California Berkeley; Thomas Piketty, Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales; Brad Setser, Consejo de Relaciones Exteriores; François Bourguignon, ex economista jefe del Banco Mundial, Escuela de Economía de París; Margot Salomon, London School of Economics; Rohinton P. Medhora, Centro de Innovación en Gobernanza Internacional; Nelson Barbosa, Fundación Getulio Vargas, ex Ministro de Finanzas y Planificación, Brasil; Robert Johnson, presidente del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico; George Katrougalos, Universidad Demokritos de Tracia, ex Ministro de Relaciones Exteriores, Grecia; Yu Yongding , ex miembro del Comité de Política Monetaria, China; Katharina Pistor , Facultad de Derecho de Columbia; Amar Bhattacharya , Brookings Institution; Annamaria Viterbo Universidad de Turín; Odette Lienau, Facultad de Derecho de Cornell; Jean-Paul Fitoussi, SciencesPo; William H. Janeway, Universidad de Cambridge; Carlos Espósito, Universidad Autónoma de Madrid; Michael Waibel, Universidad de Viena; Andreas Antoniades, Universidad de Sussex; Richard Kozul-Wright, UNCTAD; Frances Stewart, Universidad de Oxford; Matthias Goldmann , Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional; David Vines, Universidad de Oxford; Servaas Storm, Universidad Tecnológica de Delft; Paul Collier, Universidad de Oxford; Carlos Ominami, ex ministro de Economía, Chile; Valpy FitzGerald, Universidad de Oxford; Ann Pettifor, Política de Investigación en Macroeconomía; Jayati Ghosh, Universidad Jawaharlal Nehru; Pronab Sen, ex asesor económico principal, India; Oliver D. Hart, Universidad de Harvard; Yılmaz Akyüz, ex Director, UNCTAD; Anne-Laure Delatte, CNRS (Dauphine Leda); Prabhat Patnaik, Universidad Jawaharlal Nehru, India; Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia; Gerald Epstein, Universidad de Massachusetts Amherst; Ricardo Ffrench-Davis, Universidad de Chile; Marcus Miller, Universidad de Warwick; Giovanni Cornia, Universidad de Florencia; Patrick Bolton , Universidad de Columbia; Pierre-Olivier Gourinchas, Universidad de California Berkeley;Jürgen Kaiser, Jubileo Alemania; Guillaume Vallet , Universidad Grenoble Alpes; Ulrich Volz, Universidad de Londres; Silvia Marchesi , Universidad de Milano Bicocca; Himanshu , Universidad Jawaharlal Nehru; Dania Thomas, Universidad de Glasgow; Bruce Chapman, Universidad Nacional Australiana; Dean Baker, Centro de Investigación Económica y Política; Danny Quah, Universidad Nacional de Singapur; Arjun Jayadev , Universidad Azim Premji; Neva Goodwin, Universidad de Boston; Robert Pollin, Universidad de Massachusetts Amherst; Juan Carlos Moreno-Brid, Universidad Nacional de México; Sunanda Sen , Universidad Jawaharlal Nehru; Kunibert Raffer , Universidad de Viena; Sayantan Ghosal, Universidad de Glasgow; László Andor , Universidad Libre de Bruselas; Barry Herman , The New School for Public Engagement; Paul Pfleiderer, Stanford Graduate School of Business; Léonce Ndikumana, Universidad de Massachusetts Amherst; Diane Elson , Universidad de Essex; Rohit Azad , Universidad Jawaharlal Nehru; Kishore Mahbubani, Universidad Nacional de Singapur; Anat R. Admati, Stanford Graduate School of Business;Ashoka Mody , Universidad de Princeton; John Weeks, Universidad SOAS de Londres; y Stephen A. O'Connell, Swarthmore College.
