Tras el anuncio del secretario de Energía, Darío Martínez, sobre el objetivo del Gobierno de implementar subsidios energéticos más segmentados según el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialistas y fuentes de las empresas consideraron que esas iniciativas son muy difíciles de implementar y que en general han terminado en simples títulos mediáticos.
Frente a este tema, el Ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, destacó ante Perfil que "aquí el problema es siempre cuáles son los parámetros de costos de la energía en cada zona y el poder adquisitivo de la gente".
"El punto central son los detalles. Los detalles no los tiene, entonces lo que se está haciendo es hablar de generalidades", resaltó Lapeña.
El especialista sostuvo que el propio secretario admitió que existen inconvenientes en cuanto a la reglamentación de este tipo de iniciativas. "Si no tiene los detalles, no tiene nada. Hay sin dudas, una cierta dosis de improvisación”, sostuvo el especialista.
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El cuello de botella es que las tarifas de los servicios públicos vienen congeladas desde marzo de 2019 y las empresas, especialmente energéticas, advierten que el retraso de los precios oscila ya entre el 30 y 40 por ciento, después del gran ajuste que hizo el gobierno anterior.
Teniendo en cuenta que el gobierno tendrá que encarar un duro recorte fiscal para el próximo año y que será uno de los elementos centrales del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Darío Martínez resaltó en declaraciones formuladas al Diario La Nación en que el Gobierno “no está pensando en aumentar los subsidios”.
Particularmente, fuentes de esa cartera resaltaron que “allí es dónde adquiere trascendencia las tarifas diferenciales por poder adquisitivo de la poblaciòn, en el sentido que aquellos que puedan pagar más compensen a los que no lo tienen, con lo cual se evita el incremento de los subsidios”.
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Pero para Jorge Lapeña el punto de partida de este tipo de ideas siempre quedan sujetas a qué parámetros se toman para medir quiénes y cuánto puede pagar más por las tarifas energéticas.
“Nuestro país tiene casi un 50 por ciento de pobreza, entonces del otro 50 por ciento que no está en esa situación, hay un porcentaje importante que tampoco está en condiciones de asumir un costo más alto de las tarifas. La idea aparentemente es hacerla por zonas o barrios, pero es sumamente dííicil de discernir, sobre quién están en condiciones o no de pagar un aumento de los precios de estos servicios”, comentó el especialista.
De todas maneras, desde las empresas ya vienen advirtiendo que la calidad y prestación de los servicios se pueden afectar en el corto plazo por el congelamiento de las tarifas.
“Hay un congelamiento de más de un año y medio y por otro lado, tuvimos aumentos de costos internos, que hace que mes a mes haya una ecuación que cierra cada vez menos. Esto se puede ver claramente con el resultado de ejercicio de distiintas empresas energéticas en este año y si no hay algunos cambios pronto, el panorama se va a tornar más complicado para el balance de las compañías”, agregó una fuente de una las principales empresas distribuidoras de electricidad.
LR CP
