Se trata de una suma de dinero sin precedentes para el Estado colombiano, pero la coalición que conforman el Pacto Histórico la considera como una medida necesaria para atender tanto el déficit fiscal (que se disparó bajo el expresidente Iván Duque) y financiar los programas sociales para aliviar la pobreza y reducir la desigualdad social.
Mientras el público y el Congreso debaten los diferentes aspectos de la reforma, como el impuesto a las bebidas azucaradas , no ha habido mucha discusión sobre una de las características centrales de la propuesta, el establecimiento de un impuesto permanente y progresivo sobre el patrimonio de las personas más ricas del país.
Esto se debe en parte a la estrategia de comunicación adoptada por la nueva administración, que enfatiza la eficiencia, la igualdad, la justicia, y el hecho de que las subidas de impuestos sobre la renta y las ganancias ocasionales están dirigidas al sector económico más privilegiado del país, pero también apunta a un cambio en la percepción global hacia la desigualdad social y cómo revertirla tras la pandemia.
La estrategia de comunicación adoptada por la nueva administración enfatiza el hecho de que los aumentos de impuestos estarán dirigidos a los más ricos
Hace poco el impuesto al patrimonio era una idea académica marginal, pero en los últimos años ha ganado un apoyo importante, particularmente en el movimiento progresista. Reconocen que la innovación y la creación de la riqueza es un proceso colectivo, pero en lugar de generar una prosperidad compartida, la mayoría de las ganancias han sido apropiadas por una minoría pequeña, y esto tiene consecuencias políticas.
La distribución desigual de los recursos se traduce en un acceso desigual al Estado, lo que permite a las personas adineradas una capacidad mayor para influir el Estado, en otras palabras, las concentraciones extremas de la riqueza socavan las instituciones democráticas al hacerlas insensibles a las demandas de sus electores.
Las brechas extremas de la desigualdad social y política no ocurrieron por accidente, sino que fueron el resultado de las políticas apoyadas por los economistas neoclásicos y los conservadores sociales desde la década de 1980. Los recortes de impuestos para los ricos, la desregulación del sector financiero y los ataques a los trabajadores organizados en sindicatos crearon las condiciones en las que la mayor parte del excedente producido se destinó más a los propietarios y accionistas en vez de la clase obrera.
La Pandemia de COVID-19 no solo reveló los niveles asombrosos de desigualdad que se desarrollaron en los últimos cuarenta años, sino que también los empeoró considerablemente, hasta el punto que instituciones neoliberales como el FMI se vieron obligadas a pedir a los gobiernos que consideren imponer un impuesto sobre el patrimonio a los ricos para brindar una ayuda financiera a los más vulnerables y pagar los costos asociados con la pandemia.
Colombia, como el resto del mundo, fue muy golpeada por la pandemia, su economía sufrió una caída profunda, la pobreza y el hambre se dispararon, según las estadísticas oficiales del gobierno , su índice de pobreza actual es 39,3 y, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, hay 7,3 millones de colombianos y 1,1 millones de venezolanos migrantes que sufren inseguridad alimentaria.
Los retos que enfrenta el país son enormes y requieren soluciones estructurales, y la elección de Petro y Francia Márquez no solo representa un rechazo a la hegemonía y la corrupción de la clase política tradicional, también es un rechazo a las políticas de austeridad y el neoliberalismo a favor de una política donde el Estado juega un papel importante en la economía como inversor en conjunto con el sector privado y garante de los derechos universales, y esto incluye imponer impuestos más altos a los más afortunados.
Durante su campaña presidencial, Petro declaró que se concentraría en las fortunas de 4.000 de las familias más ricas del país, pero desde su victoria histórica en junio y antes de su toma de posesión, sus asesores económicos han enviado mensajes contradictorios sobre quiénes exactamente estarían sujetos a la reforma. El economista colombiano Ricardo Bonilla declaró a finales de junio que el umbral del patrimonio se reducirá a 1.000 millones de pesos colombianos o 250.000 dólares.
Esto provocó una fuerte reacción en la derecha colombiana, quien argumentó que bajar el umbral aumentará la carga fiscal y perjudicará a la clase media, pero dada la distribución desigual de la riqueza en el país, esto siempre fue poco probable. Un informe de Credit Suisse publicado el año pasado encontró que la riqueza mediana por adulto en Colombia es 4.854 dólares, y solo el 2,6 por ciento de los adultos tiene un patrimonio neto de más de 100.000 dólares. Los datos también revelan los altos niveles de concentración de la riqueza, solo el 10 por ciento de la población posee el 71,6 por ciento de la riqueza total del país, mientras tanto, el 70 por ciento inferior, aproximadamente 35 millones de colombianos, solo tiene el 9,7 por ciento de la riqueza.
Para comenzar a generar y recaudar los recursos necesarios para construir una sociedad más equitativa y productiva, el nuevo régimen fiscal de Petro propone imponer un impuesto del 0,5 por ciento al patrimonio superior a 3.000 millones de pesos colombianos o 750.000 dólares y un impuesto del 1 por ciento al patrimonio superior a 5.000 millones de pesos colombianos o 1,25 millones de dólares. El gobierno estima que el impuesto al patrimonio recaudaría 2,6 billones de pesos colombianos o 650 millones de dólares, un poco más del 10 por ciento de los 25 billones que espera recaudar en 2023.
El Institute for Policy Studies (IPS), un think tank de expertos progresistas y con sede en la ciudad de Washington, consultó la base de datos de Wealth-X para estimar cuánto recaudaría el impuesto al patrimonio de Petro si se implementara a los más ricos de Colombia, identificamos a 4.740 personas que a fines de 2021, tenían al menos 5 millones de dólares en riqueza, su patrimonio neto combinado asciende a 104.300 millones de dólares, esta lista de élites adineradas también incluye a 250 personas que tienen 50 millones de dólares o más y un patrimonio neto combinado de 52.810 millones de dólares.
Estos 4.740 individuos representan solamente el 0,009 por ciento de la población, pero poseen aproximadamente el 17,3 por ciento de la riqueza total del país.
Según el análisis de IPS, un impuesto progresivo sobre el patrimonio a las tasas mencionadas y aplicado a las 4.740 personas más ricas, recaudaría más de 3,9 billones de pesos colombianos o más de 995 millones de dólares, esto es aproximadamente 1,3 billones de pesos colombianos más de lo que el gobierno de Petro estimó recaudar, y si incluimos un impuesto al patrimonio más progresivo que agrega un impuesto del dos por ciento sobre el patrimonio de más de 5 millones de dólares y un impuesto del 3 por ciento sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares, la recaudación se duplica con creces a 8,8 billones de pesos colombianos o 2.200 millones de dólares.
Los retos que enfrenta el país son enormes y requieren soluciones estructurales. Para el autor, la elección de Petro es un rechazo a las políticas neoliberales y de austeridad
Para dar un ejemplo concreto de cómo funciona un impuesto al patrimonio, podemos echar un vistazo al hombre más adinerado de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente y principal accionista de Grupo Aval y propietario del periódico más grande e influyente del país, El Tiempo.
El patrimonio neto de Sarmiento fue catalogado en 8.000 millones de dólares por Forbes cuando los mercados cerraron el 1 de agosto. Según la reforma de Petro, el pagaría:
- nada en los primeros 750.000 de su patrimonio porque están exentos
- un impuesto de 0,5 por ciento sobre los 500.000 dólares, entre 750.000 y 1,25 millones de dólares
- y 1 por ciento de impuestos sobre los restantes 7.990 millones de dólares.
Su obligación tributaria total sería 79,9 millones de dólares. Sin embargo, según nuestras tasas impositivas recomendadas, él pagaría unos 239,4 millones de dólares y aún tendría un patrimonio neto de más de 7.700 millones de dólares, aproximadamente 1,6 millones de veces más que la riqueza mediana de un adulto colombiano. Mientras tanto, los adultos con la riqueza promedio o mediana no pagarían este impuesto.
Las discrepancias en los ingresos recaudados estimados entre el gobierno y el IPS muestran la posibilidad de que el gobierno colombiano esté subestimando el patrimonio neto total de sus ciudadanos más enriquecidos, y como consecuencia también están subestimando los ingresos que el Estado podría recaudar e invertir en el crecimiento económico a largo plazo y los programas sociales.
Un impuesto al patrimonio no es una panacea, crear y producir nueva riqueza es igual de importante y esencial, pero sí es una medida necesaria para comenzar a construir una economía más inclusiva y democratizada, que beneficie al mayor número de gente posible, especialmente a los excluidos y marginados. Petro necesitará ejercer mucho capital político para que el Congreso apruebe su reforma tributaria, y será capital bien invertido porque brindará una oportunidad histórica para revertir la desigualdad social y acabar con la reputación de Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.
*Omar Ocampo es investigador del Institute for Policy Studies. Una versión de este artículo apareció por primera vez en Inequality.org y fue ampliada y actualizada para PERFIL Económico
