“El Gobierno debe cumplir con la ley”

Edison Lanza también contestó sobre los sucesos de la intervención a la Afsca de la última semana.
—¿Qué opinión le merece el decreto de intervención y desplazamiento de autoridades de la Afsca y la Aftic?
—Estoy tratando de entender cómo es posible que se remueva a las autoridades de un organismo autárquico y legalmente constituido sin activar los mecanismos legales, sin debido proceso y sin un recurso efectivo al alcance de los afectados. Uno esperaría que el Gobierno cumpliera la ley vigente, que establece causales que es necesario invocar y demostrar para que quién designó a una autoridad decida si hay que proceder a destituir al designado. He leído que la Justicia competente será llamada a pronunciarse en este caso y, en ese sentido, como organismo internacional, estamos obligados a esperar que se agoten los recursos internos. No obstante, nuestra obligación es monitorear la situación de la libertad de expresión en cada país e informar todo lo que está sucediendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva valorará la situación y decidirá en consecuencia.
—¿Cómo valora los primeros anuncios del gobierno de Macri en materia de medios de comunicación?
—Mi función no es evaluar las ideas de un gobierno. Sí tengo la atribución de promover los estándares internacionales aplicables en el hemisferio, porque el Estado argentino ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso supone obligaciones y tiene implicancias en materia de garantías para ejercer derechos fundamentales. Eso lo hicimos con el gobierno anterior y lo haremos con éste. Y una de las obligaciones que emanan de la Convención es la de promover la diversidad y el pluralismo, veremos cómo los cambios que se proponen afectan estos principios. Los medios son vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión, y es por ello que requieren un marco legal claro para funcionar, y como ya lo dije en otra respuesta, un órgano con garantías de independencia para aplicar esta política. Desarmar, en lugar de mejorar o blindar, a un organismo que regía el sistema de medios, pero del que participaba la oposición, las universidades y la sociedad civil, para que las decisiones vuelvan a ser adoptadas directamente por el Ejecutivo no es la mejor señal de largada. Esperemos que esto sea producto del apuro, pero que la discusión parlamentaria vuelva todo a su cauce.