Muchas ONGs vienen denunciando violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Militar en los operativos de pacificación. Días antes de la ocupación miles de panfletos fueron repartidos en el Complejo de Cajú para concientizar a sus habitantes sobre sus derechos. “Nosotros queremos romper con la noción que cualquier cosa pasa porque hay una “guerra” contra el crimen organizado, lo que implica poner fin a la violación a los derechos de los residentes de las comunidades donde las UPPs se instalan”, dice Atila Roque, director de Amnesty-Brasil. Si bien los muertos por resistencia a la autoridad disminuyó a su nivel histórico más bajo, con 1.330 muertos por enfrentamientos con la Policía en 2007, las presunciones de violencia policial merecen atención.
Muchos apuntan que la “pacificación” no resuelve el problema de la droga, sólo lo corre. La ocupación únicamente atraparía a los mandos medios y bajos.
Finalmente, si bien los homicidios cayeron en todo el Estado, la tasa es todavía alta (el doble que el Conurbano). Se podría suponer que los reducidos son los que se vinculan con la “guerra narco” –el combate entre los narcos y entre éstos y el Estado. Ahora bien, los 4 mil homicidios que hoy día ocurren al año son ya cuestiones de “seguridad pública” que van a requerir mucho más esfuerzo que el realizado hasta ahora para reducirlos.
