El pasado es un espacio de disputa. Así, la memoria se construye en los campos de batalla de la historia a través de mediaciones sociales, institucionales, estatales. Esta noción se puede percibir severamente al repasar el camino que recorrió el proyecto de Museo de la Memoria, que el gobierno nacional intenta erigir en el casino de oficiales de la ex ESMA, centro del mayor campo clandestino de exterminio de la dictadura. Hoy se encuentra interrumpido por orden de la Justicia, cuya Cámara de Casación debe expedirse por las objeciones planteadas por varios ex detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos. Sin embargo, el secretismo que rodea a la planificación museográfica –con cláusulas de confidencialidad para sus participantes– y la designación directa de sus realizadores plantean la posibilidad de que el Gobierno intente realizar una apropiación estatal de la memoria.
Extraña cláusula. El proyecto comenzó a materializarse en mayo de 2013, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación –a cargo de Oscar Parrilli–, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia –encabezada por Martín Fresneda– y la Universidad de San Martín –cuyo rector es Carlos Ruta–, a la que la Nación le otorgaba 500 mil pesos, sin concurso previo, para desarrollar un proyecto museográfico en las instalaciones de la ex ESMA. El convenio incluía una extraña cláusula de confidencialidad sobre el proyecto y presentaba un escollo, luego superado, ya que en ese momento la jurisdicción del sitio pertenecía a un ente bipartito entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, razón por la que no podían realizarse acciones unilaterales en tal lugar. Con la derogación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), esa dificultad estaría salvada.
La disolución del IEM contó con el rechazo de organismos de derechos humanos que denunciaron en ese momento un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo para que el Gobierno usufructuara la memoria histórica de acuerdo con sus objetivos. Finalmente, la Legislatura porteña y el Congreso aprobaron la disolución del IEM y allanaron el camino para el proyecto museográfico, que estaría dirigido por la museóloga Alejandra Naftal, una ex detenida desaparecida que participó en varios proyectos de memoria.
Silencio stampa. “Le escribí a la curadora Alejandra Naftal y me explicó que por la cláusula de confidencialidad no podía dar a conocer el proyecto”, cuenta Hugo Vezzetti, académico y especialista en temas de memoria, autor, entre otros libros, de Pasado y presente. “Toda la historia del proyecto es de una irregularidad extrema, al punto que cuando se le pagó a la Universidad de San Martín el edificio todavía estaba bajo la órbita del IEM, que era administrado por la Ciudad y por Nación. Luego se disolvió y se emprolijó un poco más la cuestión, pero ya había comenzado irregularmente. Resulta extraño que se designe a una sola universidad para desarrollar un proyecto de esta naturaleza, sin abrir el espacio para la participación de otros actores, desde otras universidades, a especialistas y organismos de derechos humanos”. PERFIL se contactó con Naftal, pero no recibió respuesta.
Para que se allane el camino del museo, debía sortearse el inconveniente de la existencia del IEM, algo que se logró en una muestra de cómo funciona el “macristinismo”, denominación utilizada para señalar las asociaciones entre el PRO y el kirchnerismo cuando sus intereses convergen. Los legisladores macristas de la ciudad cedieron el control sobre el espacio de la ex ESMA sin mayor debate en una sesión en la que hubo incidentes debido a la presencia de organismos de derechos humanos que protestaban por el proyecto, que quitaba independencia para otorgarle todo el control del sitio al Ejecutivo nacional. Los debates también se reflejaron en el Parlamento nacional, donde la senadora Norma Morandini, del Frente Cívico cordobés, expresó su dramática oposición en la Cámara alta, replicada en Diputados por expresiones de la oposición, como Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, que habló de “la privatización de los derechos humanos”. De todas maneras, la disolución del IEM fue aprobada.
El relato. “Se trata de la ostentación de poder por parte del Gobierno para poder construir un relato propio del pasado histórico”, explica Carlos Lorkparnidse, miembro de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y que interpuso un recurso de amparo para detener las obras del Museo de la Memoria en el campo de concentración donde él mismo estuvo detenido. “Hay que tener en cuenta los antecedentes del Gobierno en esta materia. Si fueron capaces de poner a Hebe de Bonafini junto a César Milani en la tapa de su revista, no me quiero imaginar lo que podrían hacer con el casino de oficiales”.
—¿Por qué objetan este proyecto museográfico?
—Hay varias razones. En el campo de la memoria, debido a la cláusula de confidencialidad, no podríamos aprobar o rechazar porque el proyecto era oficialmente secreto. Pero no sólo lo rechazamos organismos de derechos humanos. Originalmente iba a ser realizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, pero fue rechazado por su carácter extemporáneo y faraónico. Entonces firmaron el convenio con la Universidad de San Martín. La confidencialidad del proyecto implica que no se den a conocer los presupuestos para la realización del proyecto, de elevadas sumas. Pero también implica inconvenientes jurídicos, ya que actualmente se está llevando adelante la megacausa ESMA, y hay víctimas que todavía no regresaron al campo de concentración, que debe ser preservado como espacio para el reconocimiento y elaboración de pruebas. Salvo Abuelas y el CELS, que convalidaron el proyecto de museo, todos los demás querellantes nos opusimos a que se realizaran las modificaciones y presentamos recursos para evitarlo.
Disney en Núñez. “La Secretaría de Derechos Humanos había pedido permiso al juez Sergio Torres para realizar el museo, pero las partes querellantes en gran mayoría nos opusimos a esta posibilidad y apelamos la propuesta, y se nos dio la razón para que no se innove respecto a ese proyecto”, explica Liliana Alaniz, abogada querellante y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha. “Ya en la causa ESMA la secretaría había dicho tenía el apoyo de los organismos e incluso proyectaban la participación de Víctor Basterra, un ex detenido que rescató material fotográfico del campo de concentración, pero Basterra mismo expresó su rechazo a que se modifique un lugar de prueba para la Justicia”, agrega.
Bautizado irónicamente “el Disneylandia de Fresneda” por Hijos La Plata –por sus características tecnológicas y el uso de efectos de luz–, muestra el derrotero político de la memoria, bien social que hoy el Estado disputa para un uso funcional a los intereses del kirchnerismo, una de las formas más extremas de la construcción del “relato”, que no sólo modifica las pulsiones del presente, sino que también acomoda las del pasado.
Secreto, como la seguridad presidencial
El polémico convenio con la Universidad de San Martín –firmado por el rector, Carlos Ruta; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el 16 de mayo de 2013– establece la adjudicación directa de una partida de 500 mil pesos para “desarrollar un proyecto museográfico integral del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ex ESMA-Casino de Oficiales, a inaugurarse el 24 de marzo”.
El convenio prevé partidas adicionales para la realización del proyecto. La cláusula décima señala la “confidencialidad” del proyecto: “Las partes se avendrán a las pautas de seguridad y confidencialidad propias de la seguridad presidencial, manteniendo siempre el decoro y la reserva necesarias sobre toda información que por su naturaleza revista clasificación de seguridad. (...) La obligación de reserva o confidencialidad seguirá vigente aun después de concluido el presente”. El proyecto, elaborado por la curadora Alejandra Naftal y de circulación reservada, tiene 307 páginas y detalla los fundamentos del proyecto y sus necesidades técnicas ítem por ítem, aunque no adjunta un presupuesto. Ana Castellani, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de San Martín, señala que la partida de $ 500.000 se utilizó para pagar los honorarios de un equipo interdisciplinario de cerca de 30 profesionales y que una parte de esos fondos también se utilizó para elaborar la carpeta del anteproyecto museográfico. El proyecto se encuentra detenido por orden de la Justicia, que aguarda la resolución de la Cámara de Casación.
Informes: Jimena Andrade
