El 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es un hito que permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero sobre todo los desafíos pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En este marco, la pandemia ha profundizado las brechas de género existentes en América Latina y el Caribe e iniciamos 2022 haciendo frente a graves desigualdades.
Día Internacional de la Mujer: compromisos, acuerdos y tratados que no alcanzan
La pandemia redujo la participación de las mujeres de la región en el mercado laboral. En 2021, según datos de la OIT, más de 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe. La contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral representa un retroceso de 18 años en los avances logrados por las mujeres según los datos de CEPAL de 2021.
La pobreza y la pobreza extrema están a niveles de hace más de dos décadas. Según datos de CEPAL de 2021, al cierre de 2020, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Ese año, el promedio regional de mujeres sin ingresos propios alcanzó el 28 %, mientras que para los hombres fue del 10,4%. Esto significa que casi un tercio de las mujeres de la región depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres.
La pandemia redujo la participación de las mujeres de la región en el mercado laboral.
Entre los hogares más pobres, los monomarentales están sobrerrepresentados y suelen ser mujeres que fueron madres adolescentes, con un acceso limitado a la educación y la formación y en general con empleos precarios y en la informalidad. Mientras que las mujeres rurales viven situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento. Según la OIT, en el año 2019 el 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%. En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.
Las mujeres siguen enfrentando horas de carga de cuidados en los hogares en condiciones muy difíciles. En la región, las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Estas diferencias son incluso mayores para las mujeres de menores ingresos, quienes dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado.
También se han intensificado las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo en la calle, en los espacios públicos y en las redes sociales. De acuerdo con la CEPAL, un promedio de al menos 12 mujeres muere diariamente en la región por el mero hecho de ser mujeres y en promedio una de cada tres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida.
Por ello, el mejor predictor del nivel de fragilidad de un país no es la riqueza, el tipo de gobierno o la religión que practica la mayoría de sus habitantes, sino sus índices de igualdad de género.
Recuperación post COVID 19
En este marco, una recuperación exitosa implica también asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de las respuestas. No solo por un compromiso con una representación justa, sino por la contundente evidencia de que cuando las mujeres participan en espacios de toma de decisión los beneficios para la población en su totalidad son múltiples.
La recuperación también debe tener en cuenta los estrechos lazos entre el género, la seguridad y el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático pueden generar motores de inseguridad para las mujeres, incluyendo una mayor exposición a la violencia de género, un aumento de la inseguridad alimentaria, así como barreras para el acceso a recursos y un mayor riesgo de desplazamientos forzados. Es por esto que se hace necesario que las medidas de mitigación y adaptación incorporen al cambio climático que contemplen la plena participación de las mujeres y una perspectiva de construcción de paz y de género.
Cada vez más mujeres y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe participen de forma sistemática en las políticas públicas productivas, de desarrollo sostenible y de respuesta al cambio climático.
Para reconstruir nuestras sociedades, es fundamental avanzar las autonomías económica, física y política de las mujeres, fortaleciendo su rol en la economía, el desarrollo y la transformación social, fortaleciendo el rol protagónico de las organizaciones de mujeres en las comunidades, y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta a la que se han comprometido los gobiernos y toda la comunidad internacional. A nivel global, uno de los retos más urgentes que enfrentamos sigue siendo el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, lo cual nos obliga a buscar soluciones tomando en cuenta el poder transformador de las mujeres en toda su diversidad.
Por ello, es necesario que cada vez más mujeres y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe participen de forma sistemática en las políticas públicas productivas, de desarrollo sostenible y de respuesta al cambio climático.
