La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977 designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer; 69 años habían transcurrido del trágico día en el que 129 obreras murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. La Declaración de Naciones Unidas en razón del día internacional comprometió al mundo a luchar por convertir en legislación concreta la premisa de igualdad y empoderamiento de la mujer. Todos los Estados y sociedades del mundo recibieron esta Declaración y buscaron convertirla en normativa nacional.
De manera más reciente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, que se adoptaron por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, son un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Estos ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. A la denuncia contra la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- se suma la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público como grandes obstáculos que aún persisten.
Sin embargo, más allá de los tratados internacionales y marcos jurídicos internacionales y regionales que buscan erradicar la naturalización de la violencia contra las mujeres; la pandemia de Covid -19 en los dos últimos años, ha reforzado la inequidad entre varones y mujeres e incrementado la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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Según los informes que arrojan los organismos internacionales, la pandemia del Covid-19 no sólo ha reforzado las desigualdades entre varones y mujeres, sino que ha incrementado la situación de vulnerabilidad de mujeres junto con las niñas, niños y adolescentes. El incremento de la violencia de género a causa de las restricciones a la movilidad ha impactado en el crecimiento de una pobreza latinoamericana feminizada, ya sea por el aumento de las responsabilidades de cuidado por parte de las mujeres, quienes se hicieron cargo de la contención de los hijas e hijas bajo un sistema de educación virtual y asumieron también los roles de cuidado de familiares enfermos o mayores (1).
Las intervenciones de organismos internacionales, políticas públicas por parte de los Estados, marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales parecen ser insuficientes para nuestra realidad latinoamericana que sigue arrojando cifras alarmantes sobre la violencia de género y la inequidad entre varones y mujeres. A pesar de un marco jurídico regional e internacional, de políticas públicas y organigramas institucionales contra la violencia de género, la letalidad de la violencia sigue creciendo no sólo a nivel cuantitativo, sino cualitativamente con la crueldad y ensañamiento que acontecen.
En 2020, al menos 4 mil mujeres fueron víctimas de feminicidio (2) en América Latina y el Caribe. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras (4.7 por cada 100 mil mujeres), República Dominicana (2.4) y El Salvador (2.1).En cuanto al Caribe anglófono, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles sobre muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100 mil mujeres entre 2019 y 2020.
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En 18 de los 26 países que informan a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el número más alto de casos de feminicidios en 2020 correspondió al rango de edad de entre 30 y 44 años (344 mujeres). De acuerdo con el informe, las adolescentes y mujeres adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representaron el segundo rango con mayor incidencia de feminicidio, con 335 víctimas en 2020.
Y esta violencia se agrava aún más en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos en tales contextos los experimentan mujeres de todas las edades. Son víctimas de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados.
Datos oficiales indican que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de personas desplazadas). 15,8% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres (3).
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El crimen organizado, las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales actuando paramilitarmente, la represión policial, pasan a ser componentes contextuales y claves de las normas bélicas contemporáneas. La relevancia de estos nuevos fenómenos que generan las guerras informales latinoamericanas, ha llevado a que equipos de investigación se focalicen en esta nueva problemática sobre los crímenes sexuales en contextos de conflictos internos de países. Desde equipos forenses, jurídicos, hasta aquellos focalizados en violencia sistemática contra las mujeres indígenas como en el caso de Guatemala.
Y a que autores como Rita Segato sostengan “cuerpo de mujer, campo de batalla” pues en él, se agreden, desmoralizan, amedrentan, desmovilizan y derrotan las huestes de hombres a cargo de su vigilancia y protección, no involucradas en el trabajo de la guerra” (Segato, 2018).
El cuerpo de la mujer, como soporte de la derrota moral del enemigo. La violencia mundial contra las mujeres, como un nuevo Holocausto, como lo escribe Hirsi Ali (2006) al referirse a los 200 millones de mujeres de todo el mundo “desaparecidas demográficamente”. El camino contra la violencia de la mujer en nuestro continente y a nivel mundial, requiere aunar esfuerzos desde el tejido comunitario y las acciones extra estatales además de las políticas públicas y los marcos jurídicos, que por sí mismos son insuficientes para revertir las prácticas vigentes que vulneran a las mujeres, adolescentes y niñas.
(1) ]Ver informes de UNICEF, CEPAL, CIPPEC sobre coronavirus, pandemia y pobreza.
(2) Según el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) elaborado por la ONU: “No existe una definición consensuada de los conceptos de “femicidio” y de “feminicidio”. Su alcance, su contenido y sus implicaciones son todavía objeto de amplios debates tanto en las ciencias sociales como en la acción política y en los procesos legislativos nacionales. Sus acepciones varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda. Sin embargo, en los términos prácticos del Modelo de Protocolo feminicidio se entiende como: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
(3) https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
* Dra. Mariana Colotta. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador.
