El 25 de marzo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, declaró la “emergencia en materia penitenciaria” a nivel nacional por tres años. El anuncio, del que se hicieron eco los principales medios nacionales, muestra la “situación crítica” en la que se encuentra el Sistema Penitenciario Federal (SPF) por el nivel de hacinamiento en las 32 cárceles federales, donde están detenidas 13.900 personas con un nivel de sobrepoblación del 14% (Ver recuadro).
Pero la auténtica reforma que introdujo el macrismo se vio dos años antes, cuando Garavano presentó el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 para reemplazar al Plan Director de la Política Penitenciaria Federal vigente desde el año 1995. Investigadores del Conicet, personal retirado del SPF, ex funcionarios y expertos en distintas áreas del sistema penitenciario se reunieron en el Polo Científico Tecnológico para discutir los alcances de la nueva propuesta, a la que tacharon como un “retroceso” en materia penal y señalaron la necesidad de retomar el plan anterior, aunque con actualizaciones.
“La idea es generar una nueva propuesta de gestión a partir de nuestra preocupación sobre el estado y la situación de las cárceles a nivel general, y del SPF en particular. Pensamos que el Plan Director es mucho mejor que la propuesta de Garavano”, dijo Natalia Ojeda, investigadora y directora del Cusam, el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín que funciona dentro de la Unidad Penal Nº 48 de José León Suárez.
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Diferencias. El Plan Estratégico plantea “garantizar la uniformidad y la celeridad en la actuación de la administración penitenciaria” y “disminuir los índices de criminalidad en forma rápida y confiable y fomentar la integración social de las personas privadas de la libertad como eslabón para una más y mejor seguridad pública”. En tanto, el Plan Director de 1995 pretende “construir un cuerpo penitenciario sólido orientado a la resocialización de los detenidos” y “promover las reformas necesarias que exige una sociedad en pleno cambio”, poniendo el acento en la necesidad de garantizar la “justicia social como un medio para prevenir la criminalidad”.
Julio Enrique Aparicio, ex secretario de Estado de Política Criminal y Penitenciaria de la Nación entre 1994 y 1999 y uno de los autores principales del Plan Director, criticó: “La improvisación hace que se hable de un plan de emergencia sencillo e ineficaz, y la realidad es que estamos en emergencia penitenciaria hace más de diez años. La idea central es que el Estado tiene que desarrollar todos los medios para lograr una verdadera inclusión social del delincuente”.
En sintonía, el investigador del Conicet Gonzalo Nogueira señaló que desde el plano legal, el Plan Director tiene “una impronta garantista”, lo que “facilita el funcionamiento del Estado de Derecho”. En cambio el Plan Estratégico “tiene como fin la idea de seguridad ciudadana, pero cuenta con una mirada muy sesgada sobre el quehacer penitenciario y la situación carcelaria”, aclaró.
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Estado. Otra de las diferencias que se observan entre ambos planes es el referente al rol del Estado. Mientras que el Plan Director le atribuye al Estado la máxima responsabilidad cuando plantea que debe “velar por valores trascendentes por una parte la seguridad y la defensa de la sociedad y, por la otra, la dignidad de los condenados y su derecho a contar con oportunidades para reintegrarse al seno de la comunidad”; el Plan Estratégico actualmente vigente presenta al Estado como un actor más en un “escenario multiactoral”. “La incorporación de la diversidad de posiciones y el establecimiento de relaciones que pueden ser de colaboración, indiferencia o conflicto es el punto de inflexión entre el planeamiento tradicional y el estratégico”, dice en el documento oficial.
Al respecto, la investigadora y profesora del Cusam Carolina Di Próspero argumenta: “En el nuevo plan hay una necesidad de quitarle responsabilidad al Estado. Esto es un grave retroceso y, además, el nuevo sistema parece funcionar desde la lógica de la meritocracia, donde el preso accede a más derechos según su comportamiento dentro de la unidad penal”.
Personal penitenciario. Uno de los ex agentes de alto rango del Servicio Penitenciario Federal señaló la necesidad de contar con leyes más estrictas para garantizar un adecuado desenvolvimiento en el trabajo diario de los agentes penitenciarios. “El personal penitenciario se siente parte de una fuerza de seguridad porque la cárcel no es un lugar en el que se pueda improvisar”, manifestó.
Luego, se inició un acalorado debate en torno a la organización del Servicio Penitenciario Federal. En este sentido, algunos de los investigadores sugirieron generar una estructura más horizontal entre el personal penitenciario y los civiles que trabajan dentro de la cárcel. Pero los ex agentes defendieron la actual estructura verticalista.
Al respecto, la antropóloga Sabina Frederic dijo que en el contexto actual es “imposible” proponer una reforma en la estructura organizacional penitenciaria. “Hoy es el peor momento para proponer una cosa así. Tenemos sobrepoblación carcelaria y una falta de políticas claras de reinserción. Eso fue lo que pasó en la cárcel de Carandirú en Brasil, donde la ausencia de control y dominio del Estado provocó una masacre”.
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Arquitectura. La Argentina cuenta hoy con 301 cárceles distribuidas a lo largo y ancho del país que albergan a 85.283 personas, mientras que 6.879 se encuentran detenidas en comisarías. En total, hay 92.161 personas detenidas. Solo en el SPF, del 2006 al 2019 la población carcelaria creció de 9.383 a 13.900 personas. Esta situación propone discutir el rediseño de la arquitectura carcelaria.
El arquitecto penitenciario Alejo García Basaldo, uno de los creadores del Plan Director, dijo que la construcción de una nueva cárcel no soluciona el problema de la sobrepoblación. “Construir más y mejores cárceles no va a mejorar las condiciones. La finalidad tiene que ser la reinserción social de los detenidos y la arquitectura carcelaria debe pensarse en ese sentido”, concluyó.
Dos gestiones, el mismo resultado
Daniel Míguez, antropólogo e investigador del Conicet, es especialista en política penitenciaria y sistema carcelario. “La transformación del sistema penitenciario requiere políticas de largo plazo”, dice.
—¿Cuál es la importancia de pensar el Servicio Penitenciario Federal desde la academia?
—En la última década y media, desde el ámbito académico se han desarrollado múltiples investigaciones sobre la cultura profesional del personal penitenciario y sus prácticas cotidianas en el ámbito carcelario. Estas pueden representar insumos relevantes para mejorar, tanto la formación como la práctica profesional del personal. Sin embargo, aunque existen conexiones contingentes o esporádicas entre el ámbito académico y de gestión, estos vínculos no son lo suficientemente orgánicos como para que exista un verdadero proceso de retroalimentación entre ellos.
—¿Qué cosas identificás como las principales falencias del Sistema Penitenciario?
—Un conjunto de falencias surge de restricciones en la disponibilidad de recursos materiales en las cárceles. Este estado de carencia induce a formas de vinculación en la que prima la disputa por recursos a través de estructuras piramidales de poder. En ellas, el uso de la violencia física aparece como un elemento regulador central. A este conjunto de limitaciones se suma la poca adecuación de la formación del personal penitenciario para modificar estas formas de regulación interna. Por eso, es habitual que éste participe de estas estructuras de poder reproduciéndolas.
—¿Cuáles son las diferencias entre la política penitenciaria del gobierno actual y del gobierno anterior?
—La transformación del Sistema Penitenciario requiere políticas de largo plazo que involucren varios mandatos sucesivos. En la medida en que esto no ocurra, la política penitenciaria tiene pocas probabilidades de inducir reformas estructurales y duraderas. De manera que desde el punto de vista de sus “efectos” se notan pocas diferencias entre distintos períodos presidenciales debido a que no han existido procesos lo suficientemente consistentes y extendidos. Sin embargo, y siendo muy simplistas, lo que puede observarse desde el punto de vista de la enunciación son dos estrategias de transformación diferentes en las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2015 la política estuvo más orientada a modificar la formación del personal penitenciario y que se respetaran los derechos de los internos. Desde el año 2015 se observa una política que tiene el foco en desarticular las estructuras ilegales de poder interno en las cárceles.
