Las compañías Tabacalera Sarandí SA y Espert SA obtuvieron medidas cautelares para no pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, lo que generó de enero a mayo de este año una pérdida fiscal de 23 mil millones de pesos y un sobrecosto de entre 9 mil y 14 mil millones de pesos en salud pública. Los datos se desprenden del último informe de la Subsecretaría de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación.
El informe titulado Impacto del otorgamiento de medidas cautelares para el no pago del impuesto mínimo a los cigarrillos sobre las arcas públicas y la salud pública señala que las empresas que fabrican los cigarrillos Melbour, West, Red Point y Milenio –entre otros productos– obtuvieron en la Justicia medidas cautelares “para no pagar el componente fijo del impuesto interno (el piso de ese impuesto) y solo tributar mediante el método ad valorem”.
Al respecto, el contador Alberto Marchese, presidente de la delegación San Martín del Consejo de Ciencias Económicas de Buenos Aires, explica a PERFIL: “El impuesto al cigarrillo forma parte de los impuestos internos que se aplican sobre determinados productos en los que se quiere restringir el consumo por razones de salud y recaudar para las arcas públicas” y asegura: “cuando uno prende un cigarrillo no fuma tabaco, fuma impuestos”.
El informe de la Subsecretaría dice que “la reducción de la recaudación se produce por dos vías: un efecto directo (por la reducción del precio de los paquetes de las empresas beneficiadas por la cautelar) y un efecto indirecto (el resto de las empresas deben alterar su estrategia de precios para competir con las empresas beneficiadas, fijando precios menores a los que fijaría en ausencia de la cautelar)”.
Las últimas reformas tributarias sobre el impuesto al tabaco –reducción del componente ad valorem y el aumento del componente de suma fija– no tuvieron efectos negativos para las tabacaleras que fabrican cigarrillos de alta gama (como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo), aunque encarecieron los precios de los cigarrillos baratos. Como respuesta, las tabacaleras Espert y Sarandí plantearon un recurso de inconstitucionalidad a la AFIP, pero como el tratamiento demora mucho tiempo se apoyaron en medidas cautelares en la Justicia como recurso de amparo.
Al mismo tiempo, la empresa tabacalera Bronway Technology SA, fabricante de los cigarrillos Pier y Dolchester, también solicitó medidas cautelares para el no pago del impuesto, pero el pedido fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que para reducir el consumo de cigarrillos “la opción más eficaz y rentable para todos los gobiernos consiste simple y llanamente en aumentar el precio del tabaco, aplicando impuestos sobre el consumo” y agrega: “un aumento del precio de un 10% por paquete de cigarrillos debería generar una reducción de la demanda de aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos, y de entre un 4% y un 8% en los países de ingresos bajos y medios”.
En esa línea, Mario Virgolini, docente universitario y miembro de la Comisión Directiva de la Unión Antitabáquica Argentina, es categórico: “La política de precios de la industria tabacalera se orienta a establecer diferencias entre las marcas según poder adquisitivo, de modo de asegurar asequibilidad en todos los sectores de la población, incluidos los jóvenes que son muy susceptibles al precio. Por eso el sistema impositivo tiene que evitar que los objetivos sanitarios sean burlados por las políticas de precios”. (Ver recuadro).
En la Argentina, el tabaquismo produce más de 40 mil muertes por año. Aproximadamente 13 mil son por cáncer (7.500 por cáncer de pulmón), casi 10 mil por enfermedades cardíacas, 5 mil muertes anuales por tabaquismo pasivo, y el resto ocasionadas por neumonías y accidentes cerebrovasculares (ACV). Los datos se desprenden de los informes realizados por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
Según el informe de la Subsecretaría, las medidas cautelares otorgadas a Sarandí y Espert generaron un sobrecosto estimado de entre 9.875 y 14.820 millones de pesos en salud pública por el consumo de tabaco. Al mismo tiempo, señala que un relevamiento realizado por la plataforma Numbeo en 96 países muestra que la Argentina es el noveno país más barato para comprar cigarrillos. “Un paquete de veinte unidades es 87% más barato que en Reino Unido”, señala.
Economías regionales. Uno de los problemas más recurrentes que aparecen al momento de intentar disminuir el consumo de tabaco es el gran número de puestos de trabajo que genera esta industria en las provincias del Norte del país. Solo en Salta hay 1.621 empresas y cooperativas en plantaciones de tabaco que emplean a 27 mil obreros rurales, 1.600 empleados en plantas de procesamiento y otras 20 mil personas vinculadas a los proveedores de bienes y servicios relacionados con esta actividad.
“Si vos ponés el atado de cigarrillos a 500 pesos, donde no lo compra nadie, tenés economías regionales que se caen. Entonces, hay que balancear la recaudación impositiva por cuestiones de recaudación y salud, pero sin dejar a la gente sin trabajo. Es un tema muy difícil de resolver porque el tabaco emplea a muchas personas”, explica Marchese.
La Ley Nacional del Tabaco (19.800) estableció la creación del Fondo Especial del Tabaco (FET), que se financia por medio de un porcentaje del impuesto interno al tabaco y por el 7% del precio de cada paquete de cigarrillo vendido en el país. Este órgano distribuye el dinero entre los productores tabacaleros y las economías regionales del Norte Grande.
La Cámara de Tabaco de Salta (CTS), que nuclea a los productores tabacaleros de esa provincia, repudia la obtención de las medidas cautelares de las empresas. Luis Cevasco, representante de la CTS advierte: “Impactan en una menor recaudación para la producción primaria tabacalera que se financia de este impuesto, dado que es la retribución directa que complementa el precio del tabaco vendido por el productor”.
“También hay que recordar, agrega, que el valor mínimo de los cigarrillos obedece a una ley cuya finalidad es desalentar el consumo de cigarrillos buscando elevar su precio. Hoy las siete provincias tabacaleras sufren desfinanciamiento por estos recursos judiciales”.
El impuesto es un arma eficaz para desalentar el consumo de cigarrillos
Mario Virgolini es Director del Centro de Estudios de Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud de la Universidad Isalud, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y miembro de la Comisión Directiva de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA).
—¿Cuántos fumadores activos y pasivos hay en la Argentina?
—En Argentina, a partir de las políticas implementadas desde 2003, el consumo de tabaco viene disminuyendo en toda la población, particularmente en los grupos etarios más jóvenes. En efecto, en 2005 el porcentaje de fumadores adultos era de 29,7%, cifra que bajó a 22,1% en 2018. Pero este descenso había sido más marcado en el grupo de adolescentes: un punto por año entre 2007 (24,5%) y 2012 (19,6%). Sin embargo, se de-saceleró en el último período a 0,3 puntos por año, llegando a 18,0% en 2018. En cuanto al tabaquismo pasivo, hubo grandes mejoras desde que se implementaron las primeras leyes provinciales libres de humo en el año 2005. Entre los adultos, la exposición al humo de tabaco ajeno entre 2009 y 2018, bajó del 34% al 21,8% en los lugares de trabajo, del 47,2% al 21,5% en los bares y restaurantes, y del 33,9% al 25,1% en los hogares. No obstante esta importante disminución, todavía se mantiene la exposición a las sustancias tóxicas del cigarrillo en un cuarto de la población de adultos, especialmente en sus hogares.
—¿Cuál es la importancia del impuesto al cigarrillo para la salud de la población?
—El impuesto aplicado a un producto de efectos tan nocivos como los cigarrillos, tiene el propósito de desalentar el consumo, especialmente cuando este impuesto se refleja en un aumento del precio real, de modo tal que disminuya la asequibilidad. Las tabacaleras manejan una cartera de marcas diferenciadas por precio y por características que se asocian con imágenes o emblemas desarrollados para que sean incorporadas por los adolescentes en la construcción de su identidad. La política de precios de la industria se orienta a establecer diferencias entre las marcas según poder adquisitivo, de modo de asegurar asequibilidad en todos los sectores de la población, incluidos los jóvenes, que son muy susceptibles al precio. Por eso el sistema impositivo tiene que evitar que los objetivos sanitarios sean burlados por las políticas de precios.
—¿De qué otra manera se puede desalentar el consumo de cigarrillos?
—Las principales formas para desalentar el consumo, además de impuestos y precios, son los ambientes libres de humo, la prohibición absoluta de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y el etiquetado con advertencias con imágenes fuertes. En este sentido, la legislación argentina resulta débil, dado que no prohíbe en forma completa la publicidad y promoción, y la industria se vale de esto para promover sus productos. Argentina tiene que avanzar con políticas más firmes como la prohibición de la exhibición, el incremento de la advertencia al 80% de la superficie y el etiquetado desprovisto de rasgos de marca.
—¿Hay cigarrillos más o menos dañinos por cuestiones de calidad?
—No. Todos los productos de tabaco son nocivos para la salud. Las grandes tabacaleras han venido promoviendo el engaño de productos supuestamente más sanos, como los cigarrillos light o bajos en nicotina o alquitrán, o con productos “de calidad”. Ahora están los cigarrillos electrónicos y los denominados “productos de tabaco calentado”, mencionando que emiten “vapor” y no humo, cuando en realidad son aerosoles que llevan a las partes más profundas del pulmón infinidad de partículas muy peligrosas.
