Luciano Arruga murió, según el frío y desordenado libro del Hospital Santojanni, el 1 de febrero de 2009 a las 5.30. Había ingresado cerca de las 4, luego de que lo atropellara un vehículo sobre la avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro. Aunque el registro de su cadáver como N.N. calculaba su edad entre 25 y 30 años, tenía 16. Dicen quienes lo conocieron que aparentaba más, pero no tanto.
La muerte siempre es un anuncio cruel para una familia. Pero se convierte en una tortura cuando tarda 5 años y 8 meses en llegar. Sus familiares lo buscaron hasta que lo hallaron el 17 de octubre de 2014, cuando supieron que era un N.N. en el cementerio de Chacarita. Hasta ese día Luciano fue un desaparecido. Como ocurre con las víctimas del terrorismo de Estado, aun cuando se haya encontrado su cuerpo, quizá nunca deje de ser un desaparecido; esta vez en democracia.
¿Por qué Luciano intentaría cruzar una autovía tan transitada por ese lugar si podía cruzar por un paso peatonal cercano al que conocía? ¿Por qué sus zapatillas estaban en la vía contraria? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué apareció vestido con ropas que no eran suyas? Esos son algunos de los interrogantes por ahora sin respuestas. El testimonio del joven que lo atropelló da cuenta de que “corría desesperado, como escapando”. Un motoquero que se detuvo y lo cuidó de otro posible arrollamiento vio en la colectora, del lado provincia, una camioneta policial observando la escena con luces bajas y sin intervenir. Todas las miradas y acusaciones del grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, sin dudas el principal motor de la causa judicial, están puestas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires; “Lo mató la Policía, lo desapareció el Estado”, gritan desde aquel 17 de octubre de ojos húmedos.
Teoría. El sostén de la teoría de la culpa policial es el repaso de los últimos meses del chico. Hostigado cotidianamente por parte de los efectivos del destacamento ubicado en Indart 106, Lomas del Mirador, apenas a unas cuadras de la 12 de Octubre –la villa donde vivía con su familia, que todavía habita la misma casa–, recibió una oferta: salir a robar para la policía. Se negó. Lo compartió con su familia.
En ese antes que ayuda a pensar qué puede haber sucedido finalmente, un hecho ya fue certificado por la Justicia. El 22 de septiembre de 2008, apenas cuatro meses antes de su desaparición, Luciano fue apresado por dos integrantes del destacamento. Obviamente ya los conocía, porque eran parte del acoso. Los ahora ex policías Miguel Olmos y Miguel Soraire lo detuvieron acusándolo del robo de un reproductor mp3. El día fue largo y duro para su mamá, Mónica Alegre, y su hermana Vanesa Orieta, que tuvieron que soportar el verdugueo permanente del grupo de policías, sobre todo del oficial a cargo, el teniente 1ro Julio Diego Torales.
El destacamento estaba ubicado en una casa baja del barrio; se había abierto por el pedido de seguridad de los vecinos y no debía alojar detenidos. Esa tarde interminable una voz desesperada llegó desde la cocina, la sala de detención del lugar guionado para hacerles sentir a los pibes del barrio todo el rigor policial: “Vane, sacame de acá que me están cagando a palos”. El grito de Luciano se quedó para siempre en los oídos de su hermana, que logró sacarlo de allí pasadas las 19. Esa noche tomó una decisión que con los años sería una prueba fundamental de la golpiza recibida. Vanesa lo convenció de ir al hospital de San Justo, donde un médico constató las heridas. Decidieron no hacer la denuncia. Luciano estaba en peligro y la familia no quería incrementar las posibilidades de que algo terrible sucediera.
Juicio. En mayo del año pasado, en un histórico juicio, Torales fue condenado a diez años de prisión por torturas contra Luciano Arruga. La Justicia consideró que el relato que dio en el momento a su hermana y su mamá, más la constatación médica, daban cuenta de las torturas no sólo físicas, también psicológicas. “Le escupieron un sándwich y lo obligaron a comerlo”, recordó Vanesa durante el juicio, poniéndole voz acongojada a un Luciano que encontró cómo volver, a través del testimonio de sus seres amados.
El sólido grupo de Familiares y Amigos ha conseguido, no sin esfuerzo, otras victorias. Luego de tres años en los que la causa estuvo en el fuero provincial como averiguación de paradero, la llevaron al fuero federal con la carátula desaparición forzada de persona. Presentaron un hábeas corpus y Luciano apareció. Paralelamente, impulsaron la batalla por llevar a juicio político al juez de Garantías (¿para quién?) de La Matanza, Gustavo Banco, y a las dos fiscales que tuvieron a cargo la instrucción: Roxana Castelli y Celia Cejas. El jury, que está paralizado por una apelación de los acusados, es entre otras cosas por una medida que pinta la situación por completo: Banco aceptó 15 pedidos de la fiscal Castelli para pinchar los teléfonos del grupo familiar durante un año y medio. Los consideraba posibles responsables de la desaparición. Esas escuchas podrían costarles los cargos; al menos eso debería ocurrir ya que aun en otras situaciones en las que las sospechas caben, nunca se sostienen tanto tiempo.
También consiguieron cerrar el destacamento que se está transformando en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Como todas las peleas que han dado, no fue fácil. Cansados de las idas y vueltas (más idas que vueltas) del ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza y el ex gobernador Daniel Scioli, se plantaron en la vereda durante dos años, cada tarde de sábado, con lluvia, frío o sol agobiante, para hacer un programa de radio. Desde Afuera lo llamaron. Sirvió, pero no alcanzó. Por esas casualidades numéricas, el 17 de octubre de 2013, exactamente un año antes de la aparición de los restos en el cementerio, Familiares y Amigos jugó una ficha arriesgada. Decidieron tomar el ex destacamento, que ya estaba cerrado pero al que no podían acceder. Ingresaron de madrugada y armaron en el garaje un (no tan) improvisado estudio de radio. La comunicación alternativa fue una herramienta de lucha porque los medios tradicionales sólo tomaron el caso cuando pudieron dar detalles escabrosos y convertir la noticia en mercancía.
"Cuando todo esto empezó, yo ilusa llamé a un canal que decía estar junto a la familia, Canal 9, buscando desesperadamente una ayuda para encontrar a mi hijo; yo les decía que a mi hijo lo había desaparecido la policía… jamás me llamaron”, grafica Mónica.
Ahora planean montar una radio en el Espacio para la Memoria y que allí puedan tener voz los pibes del barrio que antes eran víctimas de lo que pasaba en ese mismo lugar cuando era un destacamento policial, un centro de detención ilegal… como en los peores años del país.
Alrededor de los familiares y amigos de Luciano confluyen familiares de otras víctimas de violencia policial e institucional. Este caso desnuda una realidad que aplasta a los jóvenes morochos y con gorrita de los barrios pobres. Los medios de comunicación tradicionales los estigmatizan. La policía los persigue. La voz de Vanesa y su grupo ya no clama sólo por Luciano. Hoy se realizará la 7ª jornada cultural para hablar de la problemática en general, de los casos de desaparición forzada y gatillo fácil que se multiplican. Llegaron familias de todo el país, destruidas por las historias de sus hijos y atraídas por la posibilidad de juntarse con otras madres angustiadas y solas como en los peores años del país. Desde las entrañas del dolor, una vez más, algo está por nacer.
