El narcotráfico, el consumo de drogas y la guerra para combatirlos dejan víctimas de todo tipo, en todas partes: los adictos que mueren por sobredosis; los cientos de miles de muertos por la disputa de territorios o de mercancías; los campesinos sumidos en la pobreza y que solo pueden sobrevivir con la siembra de adormidera, hoja de coca o marihuana; las comunidades desplazadas por la violencia, los cadáveres sin identificar amontonados en fosas comunes; las “mulas”, que, a cambio de unos cuantos dólares, aceptan utilizar su cuerpo para transportar drogas, y los presos que cumplen condenas por delitos que no deberían ser tales. El fracaso de las políticas globales en torno a las drogas ha convertido en víctimas a sociedades enteras.
Bajas. Cada año, unas doscientas once mil personas mueren en el mundo por consumir drogas. Según la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo de la ONU, el riesgo es especialmente alto en los más jóvenes. En Europa, la edad promedio de muerte por consumir algún tipo de droga es de apenas 35 años.
La tasa de mortalidad más alta del mundo está, sin embargo, en América del Norte. Y no es difícil saber por qué, ya que Estados Unidos es el país en donde más se consume todo tipo de drogas. En 2011, en la región murieron cerca de cuarenta y ocho mil personas por inyectarse heroína, inhalar cocaína o tomar metanfetaminas. Es la tasa de mortalidad más alta del mundo: 155,8 por millón de habitantes entre la población de 15 a 64 años. El consumo también produce víctimas por contagio de enfermedades.
De los catorce millones de consumidores de drogas por inyección que hay en el mundo, 1,6 millones viven con VIH, 7,2 millones con hepatitis C y 1,2 millones con hepatitis B.
Víctimas son, por ejemplo, los cientos de miles de mexicanos y colombianos asesinados en distintos y sangrientos períodos de sus respectivas guerras contra el narcotráfico. Son campesinos, periodistas, jueces, defensores de los derechos humanos, padres y madres que perdieron a sus hijos desaparecidos o asesinados, viudas y huérfanos que siguen esperando algún tipo de reparación. Hombres abatidos en un fuego cruzado, condenados sin juicio. Madres que fueron asesinadas por exigir justicia, por denunciar la desaparición de sus hijos. Jóvenes a los que el Estado no les ofrece oportunidades de estudio ni de empleo y que son fácilmente cooptados por los cárteles.
Mulas. Las “mulas”, “burros” o “burriers” muestran uno de los rostros más tristes del narcotráfico. Son hombres y mujeres (no siempre pobres, no siempre latinoamericanos) que, a cambio de un puñado de dólares, se tragan cápsulas con cocaína para llevarlas de un continente a otro. Si una sola explota, morirán en medio de fuertes dolores. Si fallecen mientras las están ingiriendo, los narcotraficantes les abren el tórax en cruz para recuperar su mercancía. Es lo único que importa. También las pueden introducir en el ano, en la vagina, en implantes mamarios. Cada “mula” puede transportar, en promedio, ochenta cápsulas, aunque el récord mundial se registró en Argentina, en donde una persona detenida evacuó durante treinta horas 298 cápsulas de la droga, que se había metido por todos los orificios posibles de su cuerpo.
La organización Open Society denunció en 2012 que, en los últimos cinco años, la población penitenciaria femenina de América Latina había aumentado casi al doble, de cuarenta mil a setenta y cuatro mil presas. La inmensa mayoría cumplía condenas por delitos menores relacionados con el narcotráfico, principalmente por ser “mulas”, uno de los eslabones más vulnerables de la larga cadena narco que vuelve millonarios a muy pocos.
Son tantos los casos de “mulas” que arriesgan su vida al transportar droga en su cuerpo (por vía anal, vaginal o estomacal) que Argentina creó una Unidad Especial de Encapsulados para atenderlas en el hospital de Ezeiza, cercano al aeropuerto internacional. De 2012 a 2013 fueron atendidas ochenta personas, entre ellas mujeres embarazadas, a quienes se les extrajeron en total 640 kilogramos de cocaína en cápsulas. La mayoría procede de Sudamérica, en particular de Perú, e intenta hacer conexión con vuelos a Europa.
Otra organización, Human Rights Watch, ha documentado las violaciones a los derechos humanos derivadas de la guerra contra el narcotráfico. En Estados Unidos, las penas de prisión por los delitos relacionados con las drogas son desproporcionadas y en su aplicación privan los prejuicios raciales. Unas quinientas mil personas, que representan la cuarta parte de su población carcelaria, cumplen condenas o están sometidas a procesos judiciales por delitos mínimos de posesión, consumo o tráfico. En Estados Unidos, Canadá y Rusia, el miedo a medidas represivas desalienta a usuarios de drogas a atenderse en hospitales o centros médicos. Quedan expuestos a la violencia, a la discriminación y a enfermedades. En India, Ucrania y Senegal, pacientes con cáncer sufren dolores severos porque es casi imposible conseguir morfina debido a las estrictas regulaciones de control de drogas. En China, Vietnam y Camboya, hay supuestos centros de rehabilitación para drogodependientes en donde los pacientes son sometidos a torturas, trabajos forzados y abusos sexuales.
Víctimas. Los consumidores también son víctimas, porque permanentemente se violan sus derechos. En 2014, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, que incluye a investigadores de ocho países latinoamericanos, publicó el informe “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”, en el que demostró, con el apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Transnational Institute (TNI), que la estigmatización condena a los usuarios de drogas aun por encima de las leyes.
En Argentina tres de cada cuatro causas judiciales iniciadas en 2011 por infracciones a la ley de drogas en la ciudad de Buenos Aires fueron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. En Ecuador, en 2014 se encontraban en prisión y con sentencia condenatoria 5103 personas acusadas de posesión de sustancias psicotrópicas.
En México hubo 140.860 detenidos por consumo de drogas entre 2009 y mayo de 2013, misma causa por la que en Bolivia se aprehendió a 6316 personas entre 2005 y 2011. Los datos serían solo estadísticas si no fuera porque en esos países el consumo no está tipificado como delito. La violación flagrante a los derechos de los consumidores provoca situaciones extremas en países como Malasia, China, Egipto, Emiratos Árabes, Indonesia, Laos, Libia, Tailandia y Yemen, en donde los delitos relacionados con las drogas se castigan, directamente, con la pena de muerte. Amnistía Internacional denuncia casos como los de Gambia, en donde basta poseer 250 gramos de heroína o cocaína para ser condenado a morir; o Malasia, Singapur y Tailandia, en donde más de la mitad de este tipo de castigos se debe a delitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas.
En Irán, la posesión de metanfetaminas se sanciona con la pena capital, incluso para menores de edad. Víctimas también son los ciudadanos colombianos y mexicanos estigmatizados, a quienes se los vincula con el narcotráfico solo por su nacionalidad y son obligados a escuchar, cuando estalla algún escándalo de drogas en otro país, que se hable de “colombianización” y “mexicanización” con una ligereza e ignorancia pasmosas.
