Un periodista e investigador en medios cuyo principal tema es la libertad de expresión. Edison Lanza nació en Montevideo y, desde que se recibió de periodista, se dedicó a analizar los distintos casos en los que, precisamente, el derecho de informar de los periodistas y el del público de ser informado estaban amenazados o en peligro. A lo largo de su carrera, Lanza se desempeñó como cofundador y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, cofundador del Grupo Medios y Sociedad, integrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y miembro del Grupo de Trabajo sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de defensa de la libertad de expresión. Ha realizado consultorías para diversas organizaciones, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
Dicho trabajo, dicho bagaje –que, lamentablemente, en nuestro continente es cada vez más extenso, pese a que ya no gobiernen dictaduras militares– lo llevó a ocupar un lugar estratégico en la Organización de los Estados Americanos. Ocupa el puesto de relator especial para la Libertad de Expresión, un cargo otorgado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una posición estratégica para analizar los últimos sucesos en la materia en nuestro país, más cuando la misma Relatoría aprobó y elogió la ley derogada durante el gobierno del Frente para la Victoria. Un punto de vista con la suficiente perspectiva, como para opinar sobre uno de los temas que tienen que ver tanto con la libertad (en un sentido amplio) como con la viabilidad de los medios de comunicación entre nosotros.
—La Argentina cuenta con una Ley de Servicios Audiovisuales que fue, en su momento, elogiada por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU. ¿Podría señalar qué ejes de esa ley considera que son adecuados según los estándares de libertad de expresión?
—La ley se aprobó durante el mandato de la anterior relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero. Ella siempre fue muy rigurosa en cuanto a ponderar los aspectos positivos de la norma y llamar la atención sobre algunas preocupaciones. La Relatoría es una oficina experta, que se rige por rigurosos estándares internacionales y, cuando la sucedí en el cargo, retomé esos planteos respecto a la ley argentina y los aplicamos a la implementación. Los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos sido consistentes en señalar que la Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina no representa una amenaza en términos de regular los contenidos de los medios ni restringe indebidamente la libertad de expresión, tiene instrumentos importantes para promover la diversidad y el pluralismo, algo que es una obligación imperiosa de los Estados, y contiene una serie de limitaciones a la concentración excesiva de la propiedad y el control de los medios en pocas manos.
”Sobre esta última cuestión, siempre indicamos que, si bien la regulación de la concentración es un instrumento necesario para una sociedad democrática, las restricciones debían ser estrictamente proporcionales para no afectar la sustentabilidad de los distintos medios en un ambiente de transición de las tecnologías de la información, y esto es algo en permanente observación. La verdad es que no hay una receta cerrada para regular el fenómeno de la concentración y, si bien algunas normas de la ley argentina a mí personalmente me parecieron acertadas, ya he dicho que algunos de estos límites podrían ser revisados de acuerdo a la evolución tecnológica o a la realidad local.
”Todos los relatores, tanto los de la OEA como el anterior relator de las Naciones Unidas, también ponderamos que, por primera vez en la historia, Argentina avanzara en una autoridad de aplicación de este tipo de legislación con participación de todos los sectores con representación parlamentaria y autonomía del poder económico representado en los medios, aunque de acuerdo a estándares internacionales esa institucionalidad es perfectible.
—Tanto la Corte Suprema de Justicia argentina como también jueces y camaristas, además de especialistas en el tema, han criticado al anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por hacer una aplicación discrecional y discriminatoria de la ley. ¿Cuál es la posición de la Relatoría en estos casos, donde existe una ley que en abstracto resulta adecuada pero su aplicación no lo es?
—En nuestro informe anual correspondiente al año 2014, la CIDH, a propuesta de la Relatoría para la Libertad de Expresión, hizo un detallado análisis del estado de la implementación de la LSCA. Manifestamos nuestras dudas sobre una posible aplicación asimétrica o discriminatoria de la ley. Por un lado, planteamos situaciones que nos presentaban dudas, como considerar que Telefónica de Argentina no era controlada por Telefónica de España; y por otro lado, planteamos dudas sobre la rigurosa aplicación del procedimiento de adecuación aplicado a Clarín. En buena medida podría haberse aprobado la propuesta de ese grupo, sin perjuicio de que se diera un litigio sobre algunos aspectos más o menos puntuales respecto a sociedades controladas por el grupo, etcétera. Pero obviamente nuestra toma de posición no podía ser terminante, debido a que estaban actuando aún los tribunales nacionales y como organismo internacional subsidiario lo prudente es esperar a que se expidan.
—El presidente Mauricio Macri anunció que modificará la Ley de Servicios Audiovisuales (de hecho, ya subordinó la autoridad de aplicación, Afsca, al flamante Ministerio de Comunicaciones, lo que en los hechos ya implica modificar la ley) pero vía decreto presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto?
—El Estado tiene la potestad legítima de regular determinados aspectos del acceso y usufructo del espectro y de los bienes públicos que utilizan los medios audiovisuales para funcionar, pero esa regulación debe ser realizada por ley, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 de la Declaración Universal. Este tipo de regulaciones incide en el régimen de funcionamiento de los medios de comunicación y es determinante para el acceso de todas las corrientes de opinión, las empresas periodísticas y los grupos de interés a los medios de comunicación. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión debe garantizarse a través de los medios, y la existencia misma de una sociedad y un debate plural, depende en buena medida de este marco de funcionamiento y debe ser regulado por una ley en sentido formal y material. Además, en tanto puede restringir la libertad de expresión, este tipo de leyes debe perseguir un fin legítimo y sus mecanismos deben ser necesarios para una sociedad democrática y sus disposiciones, estrictamente proporcionales para conseguir el fin que se persigue. A todas luces un decreto presidencial no puede ser considerado una ley en sentido formal y material, por más que meses después sea sometido a la consideración del Parlamento. El hecho de obedecer a la voluntad del Ejecutivo, de no estar sometido al procedimiento formal de aprobación y de carecer del escrutinio y del debate democrático que supone el proceso parlamentario, a mi juicio, no cumple con el estándar internacional que acabo de mencionar. Esto, sin perjuicio del contenido o la solución que persigan las modificaciones, que pueden ser más o menos discutibles.
—¿Considera correcto que el gobierno de Macri cambie la composición y la dependencia institucional de la autoridad de aplicación de la ley, la Afsca, a través de un decreto?
—Por lo que acabo de explicar, un decreto que modifique el marco regulatorio de los medios de comunicación no cumple con los requisitos y las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos. Pero luego también hay que ver el contenido de las modificaciones. La verdad es que uno espera que democracias consolidadas como la argentina construyan organismos reguladores de los medios que requieren licencia o autorizaciones que sean lo más independientes posible del gobierno y de los grupos económicos. Creo que Argentina ha pasado por un momento de polarización. Miremos a Estados Unidos o al Reino Unido: reguladores como la FCC o la Ofcom tienen condiciones de independencia y autonomía mayores que los ejemplos que podemos ver en América Latina. La Afsca era perfectible, pero era un buen inicio, en todo caso es necesario mejorar su blindaje de la injerencia del gobierno o del partido en el gobierno, pero no disminuirla. Es prematuro saber cuál es el rumbo que tomarán los cambios que propone el actual gobierno, pero sería un retroceso que la regulación de aspectos tan sensibles para los medios, y en definitiva para la democracia, fueran manejados directamente por un ministro o por el Ejecutivo.
—¿Qué elementos debería incorporar un eventual cambio de la Ley de Servicios Audiovisuales para modernizarla dentro de los estándares de protección de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos?
—Las democracias más avanzadas no dejan este tema librado al azar, a las fuerzas del mercado o al arbitrio del Ejecutivo. Estos aspectos en todos los casos exitosos son regulados por la ley y por un sistema regulatorio con garantías de independencia y autonomía, tanto del gobierno como de los grupos económicos concentrados. Creo que Argentina ha pasado por un momento de polarización y la regulación de los medios estuvo en el centro de la polarización. Cualquier cambio debería ser fruto de un debate participativo y amplio, que incluyera a los diversos actores involucrados y que pudiera llegar a tener un aporte de los organismos internacionales especializados en el tema. La autoridad de aplicación, los límites a la concentración, la asignación de la publicidad oficial, el estatuto de los medios públicos, la regulación de la convergencia, son todos temas que posiblemente pueden formar parte de un debate democrático.
—¿Cómo ve el panorama regional para la libertad de expresión? ¿En qué países le parece que la situación es más complicada?
—El panorama sigue siendo complejo. En pocas semanas se conocerá el informe anual de la Relatoría, correspondiente a 2015, y vamos a ofrecer una descripción muy detallada país por país. Se están produciendo ataques y restricciones en varios países de la región y las restricciones tienen distinta naturaleza. El uso del derecho penal para criminalizar a dirigentes políticos opositores, líderes sociales, protestas o periodistas sigue siendo una preocupación en países como Venezuela, Honduras, Cuba, Guatemala, Chile o Ecuador. La violencia y el asesinato, seguidos de altos índices de impunidad, siguen siendo utilizados como mecanismo de silenciamiento de periodistas, sigue siendo una restricción brutal en zonas o estados periféricos de Brasil, México y Colombia, y con menor intensidad en países como la propia Argentina. La reacción y represión del derecho a la protesta ha sido una constante en más de media decena de países de la región cuyos gobiernos responden a diversas tendencias ideológicas. Estamos denunciando el uso de vigilancia ilegal y de compra de dispositivos para analizar grandes cantidades de información y datos personales por parte de Estados tan disímiles como Estados Unidos, Colombia, Ecuador o México. A esto hay que sumar que en muchos países los oligopolios en la comunicación se han fortalecido y el rezago para incorporar al sector comunitario o a los pueblos indígenas a la gestión de sus propios medios sigue siendo pasmoso. Obviamente, también hay avances, reformas legales y debates interesantes, pero en general uno esperaría que la región avanzara más rápido en garantizar todos los indicadores de libertad de expresión, a más de treinta años de recuperada la democracia en el continente.
¿Perfectible o polémica? Una vez que se puso en vigencia la Ley de Medios, Cristina Fernández de Kirchner puso en su cargo por decreto –tal como está expresado en la ley– a Martín Sabbatella. En su momento, la entonces presidenta ponderó la independencia del funcionario. Mencionó, por entonces, el hecho de que Nuevo Encuentro había participado de las elecciones con una lista diferente de la del Frente para la Victoria. Todo aquello fue en 2012. La gestión en la Autoridad Federal hizo que aquella independencia cuando menos fluctuara: en 2015, Sabbatella fue candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria, acompañando al derrotado Aníbal Fernández. La autarquía buscada con el cargo no es demasiado coherente con el hecho de presentarse como candidato oficialista.
No es el único punto cuestionado de la gestión de Sabbatella. Básicamente, la crítica principal es no ser ecuánime en sus resoluciones. Como dice Edison Lanza, mientras la Afsca fue muy dura con Clarín, no fue igual con Telefónica a la hora de juzgar la legalidad de la presentación de Telefe. A eso se sumaron acusaciones acerca de la exigencia del funcionario para que parte del sueldo de sus empleados fuera donado para financiar al partido Nuevo Encuentro, en su gestión.
Sus últimas medidas fueron aún más cuestionadas, especialmente la que dejó desierta la licitación por dos canales de cable, medida claramente política que perjudicó a Perfil, que había hecho una presentación que competía contra productoras por entonces oficialistas.
El estilo de conducción de Sabbatella tuvo mucho de todo lo que el kirchnerimo produjo en política: una mirada diferente para los amigos que para los adversarios y los críticos. Diferente de una gestión que debe ser política de Estado, basada en la profesionalidad e independencia de los responsables de una cuestión que tiene un vínculo directo con la libertad y la legalidad.
“El Gobierno debe cumplir con la ley”. Edison Lanza también contestó sobre los sucesos de la intervención a la Afsca de la última semana.
—¿Qué opinión le merece el decreto de intervención y desplazamiento de autoridades de la Afsca y la Aftic?
—Estoy tratando de entender cómo es posible que se remueva a las autoridades de un organismo autárquico y legalmente constituido sin activar los mecanismos legales, sin debido proceso y sin un recurso efectivo al alcance de los afectados. Uno esperaría que el Gobierno cumpliera la ley vigente, que establece causales que es necesario invocar y demostrar para que quién designó a una autoridad decida si hay que proceder a destituir al designado. He leído que la Justicia competente será llamada a pronunciarse en este caso y, en ese sentido, como organismo internacional, estamos obligados a esperar que se agoten los recursos internos. No obstante, nuestra obligación es monitorear la situación de la libertad de expresión en cada país e informar todo lo que está sucediendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva valorará la situación y decidirá en consecuencia.
—¿Cómo valora los primeros anuncios del gobierno de Macri en materia de medios de comunicación?
—Mi función no es evaluar las ideas de un gobierno. Sí tengo la atribución de promover los estándares internacionales aplicables en el hemisferio, porque el Estado argentino ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso supone obligaciones y tiene implicancias en materia de garantías para ejercer derechos fundamentales. Eso lo hicimos con el gobierno anterior y lo haremos con éste. Y una de las obligaciones que emanan de la Convención es la de promover la diversidad y el pluralismo, veremos cómo los cambios que se proponen afectan estos principios. Los medios son vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión, y es por ello que requieren un marco legal claro para funcionar, y como ya lo dije en otra respuesta, un órgano con garantías de independencia para aplicar esta política. Desarmar, en lugar de mejorar o blindar, a un organismo que regía el sistema de medios, pero del que participaba la oposición, las universidades y la sociedad civil, para que las decisiones vuelvan a ser adoptadas directamente por el Ejecutivo no es la mejor señal de largada. Esperemos que esto sea producto del apuro, pero que la discusión parlamentaria vuelva todo a su cauce.
