Históricamente, el sector del juego en la Argentina estuvo vinculado al turismo. Ejemplos de ese modelo son los casinos de Mar del Plata, Tigre y Alta Gracia. Y era el Estado nacional el único recaudador. En los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, el juego se privatizó y se multiplicó el número de licencias. A partir de allí, el modelo cambió definitivamente: el Estado nacional perdió participación, llegaron las máquinas tragamonedas, las salas de juego se expandieron por las ciudades y cada provincia estableció la legislación que regula el sector en su territorio. El negocio del juego creció tanto en la Argentina que es, según el Directorio Mundial de Casinos, el país con más salas de América del Sur. La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) registra 406 salas de juego y 80.928 máquinas tragamonedas en total.
Esta expansión del juego a manos de privados y controlado por cada jurisdicción ha sido señalada por organismos internacionales y actores nacionales a raíz de los riesgos que representa. En principio, es una de las actividades propicias para el lavado de activos. Por otro lado, el vínculo directo entre las provincias que establecen la legislación del sector y los empresarios de juego que operan en sus territorios ha levantado más de una sospecha sobre la transparencia en el otorgamiento de licencias y los beneficios a los operadores privados.
Por último, el dinero que recaudan por esta actividad los Estados provinciales tiene un circuito que debe ser controlado de principio a fin, atendiendo a: cuál es el sistema recaudatorio (algunas provincias establecen un canon fijo, otras un porcentaje de lo recaudado), cómo se controla que efectivamente las salas de juego hayan recaudado lo que declaran, y cómo se gestionan los fondos provenientes del juego.
Por tomar el caso de una provincia, en Entre Ríos se comprueba cómo el Estado se convirtió en socio de los empresarios. El organismo estatal que controla el juego, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) selló acuerdos con la empresa NewTronic en 2005 y con NeoGame en 2008 para incrementar la cantidad de salas de máquinas tragamonedas. Así, de los 80 millones de pesos que reportaba el juego en 2008, el gobierno entrerriano recibió en 2016 más de 400 millones de pesos.
En Entre Ríos, la recaudación bruta, en concepto de maquinitas, puede llegar a los 10 millones de pesos en un solo día, como ocurrió el 31 de julio de 2016, cuando las salas de tragamonedas entrerrianas recaudaron 9,8 millones de pesos.
Números. El negocio de los juegos de azar en la Argentina genera casi 95 mil millones de pesos anuales de facturación, entre agencias de lotería, casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos. Esto equivale a dos veces el presupuesto de salud nacional para 2017, o al presupuesto de casi todo el Ministerio de Desarrollo Social. Por fuera del circuito legal, sigue operando el juego clandestino, en el que un solo “levantador” de apuestas puede recaudar hasta 2 millones de pesos en una mañana, dinero que queda totalmente fuera del alcance del Estado.
En el último informe presentado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), correspondiente a 2015, se señala que:
Se apostaron 50 mil millones de pesos en casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos.
Las loterías provinciales recibieron 15 mil millones de pesos.
Las empresas concesionarias de las salas recaudaron 35 mil millones de pesos (que se distribuyen en ganancias, gastos operativos y salarios de los empleados).
En loterías, quinielas y juegos como el Quini6 o el Loto, los argentinos apostaron más de 44.100 millones de pesos en 2015.
17.200 millones de pesos en ganancias para las loterías.
8.800 millones de comisión de las 24.970 agencias oficiales.
8.400 millones más fueron recaudados por el Estado.
26.900 millones se abonaron en premios.
En los casinos y bingos de la Argentina trabajan 150 mil personas.
De este modo, las loterías (Nacional y provinciales) manejan una caja de 23.400 millones de pesos anuales. Esto equivale a casi dos presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para todo el ejercicio 2017.
Incluso en provincias como Buenos Aires llega a ser el segundo presupuesto en importancia detrás del asignado al Ministerio de Economía. De ese total, 10.500 millones son destinados, según ALEA, en forma directa, a los distintos ministerios y programas sociales. Aunque según las distintas legislaciones provinciales que regulan el juego, deberían destinarse casi en su totalidad a desarrollo social.
Lavado. La explotación de los juegos de azar, fundamentalmente a través de casinos, es señalada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como una actividad vulnerable al lavado de activos, debido a la gran circulación de dinero en efectivo, a través de operaciones diarias cuyos montos en general no son muy elevados o demasiado significativos. Cabe señalar que la Argentina forma parte de este organismo intergubernamental que promueve políticas, a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Enrique del Carril, director en Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica qué es el lavado de dinero: “La complejidad de todas las organizaciones criminales es qué hacen con el volumen de dinero que consiguen y no pueden justificar de alguna manera. Entonces, necesitan una serie de mecanismos para que ese dinero, que tiene un origen ilícito, pueda ingresar al sistema formal”. Por eso, aclara: “Se necesitan controles muy estrictos del Estado porque si no, el casino va a ser el primer lugar donde el lavado se genera”. Ahora, con la transferencia al Estado porteño del control de los casinos y bingos de la Ciudad, que estaban bajo la órbita nacional, su dependencia, junto a otras, se prepara para asumir el contralor de las salas de juego de CABA.
Formas de lavado. Para lavar dinero, dice Del Carril, las organizaciones buscan actividades lícitas que tengan mucho flujo de dinero, en cantidades pequeñas, y que sean muy difíciles de controlar por el Estado. Los casinos reúnen todos los requisitos: ¿Cómo demostrar cuánta gente entró, salió, consumió en la barra, compró…? El bar, billetes de lotería, todo en pequeñas cantidades. Eso ayuda a hacer figurar, como ingresado, dinero que proviene de actividades ilícitas”, sostiene Del Carril.
Otra forma de lavar fondos de origen ilícito (en nuestro país y en otros) es colocarlo en campañas políticas. Estos fondos pueden tener distintos orígenes, incluso ingresos de juego no declarados. “Las campañas son un lugar conveniente para el lavado de dinero, porque la legislación en tal sentido es laxa y los controles sobre el origen de fondos se diluyen. Más allá de los eventuales favores políticos que los aportes de campaña significan, y dependencia política futura hacia los aportantes”, dice Enrique Del Carril.
A menudo, los lavadores aplican distintos métodos para blanquear activos con fichas de casino:
Compran de manera anticipada una gran cantidad de fichas con dinero en efectivo, o a través de una cuenta abierta en el casino, y juegan poco, para luego volver a cambiar las fichas por un cheque o pedir el depósito de su monto, en la misma cuenta o en otra. Con esta operatoria, el jugador sale con plata del casino (ya legal, puede decir que la ganó en apuestas) y nunca declaró el dinero con el que ingresó.
Toman deuda para adquirir fichas: pagan la deuda con dinero en efectivo y luego cambian las fichas por un cheque.
Operan en casinos con sedes en varios países: juegan en un lugar y piden que los montos acreditados estén disponibles en otra jurisdicción, para poder retirarlos mediante cheques o a través de transferencias bancarias.
Otra mecánica es la del asiento contable superior al real. Del Carril, a partir de su experiencia en la Justicia Federal, cita la investigación sobre un casino oficial muy pequeño con ganancias impensadas, superiores al de Mar del Plata. “La compra de fichas queda en un asiento contable. Pero se pueden asentar compras de dos mil fichas, tres mil fichas, cuando en realidad, fue muy inferior, y aparecen entonces grandes ganancias o ingresos, que configuran el lavado de dinero”, dice el funcionario porteño.
También se lava dinero al comprar premios obtenidos lícitamente por un jugador, a quien se le paga una suma superior a la que obtendría al efectivizarse el pago del mismo. En estos casos, no les importa perder plata, el beneficio real es que pueden “blanquear” grandes cantidades de dinero “sucio”.
Juego clandestino. Enrique Del Carril cita otra variante del juego en la Argentina: las apuestas clandestinas. “Nuestra dirección ha investigado el tema. Puedo citar el caso de un levantador clandestino al cual le comprobamos que, en una sola mañana, recaudó 2 millones de pesos. Si hacemos una proyección, tenemos una recaudación de 6 millones diarios, lo cual incluye sábados y domingos. Multiplicado por mes y por año…, las cifras son enormes”, dice el funcionario y agrega: “Y eso en un solo tipo. Este hombre tenía, por ejemplo, colecciones de autos antiguos, casas, barcos, muchas inversiones”.
La banca gana, el Estado pierde. En los últimos años, el mundo de las apuestas puso su foco en la explotación de los slots o tragamonedas, como se los conoce popularmente. En la Argentina, hay 80.924 máquinas tragamonedas distribuidas en 406 salas (datos ALEA 2015).
“El principal componente de la explotación del juego es el uso de los slots, que es por donde más dinero se recauda”, afirma Walter Martello, actual defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense, que concentra el 30% del negocio, por cada 100 pesos jugados en tragamonedas, sólo 5 quedan en las arcas del Estado, según cifras que comparte Martello.
Martello comenzó hace unos años –entonces como diputado de la Coalición Cívica-ARI– el debate sobre la falta del control del juego en la Argentina y propuso la creación de un Consejo Federal que homologue toda la normativa vigente sin quitarles potestad a las provincias. “Existe en todas las jurisdicciones una regulación dispar con respecto a la presencia del Estado como ente recaudador y de control”, explica. Algunas provincias cobran impuestos al juego según lo que los propios empresarios declaren, otras recaudan por un canon fijo y otras sobre un porcentaje de lo facturado.
El caso emblemático de intervención estatal más contundente es el de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá, durante su gestión como gobernador, atacó dos puntos débiles: en 2002, apremiado por la crisis económica y necesitado de fondos, eliminó el canon fijo que se aplicaba a los bingos bonaerenses y estableció un impuesto del 34%. Por otra parte, instaló un control online para determinar la facturación de cada máquina.
La banca siempre gana, y cuando el Estado se ausenta de la fiscalización, se cuelan trampas hacia el fisco y/ o a los apostadores. Por eso, los mecanismos de control de cada máquina tragamoneda y los encargados de administrar los controles son los puntos débiles del circuito. En mayo de 2014, los legisladores de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago e Inés Gorbea denunciaron a Casino Club y al Hipódromo de Palermo “por ser controlante y controlado y por haber vendido el sistema de control online de apuestas y ganancias armado a su medida”.
Recién en abril de 2016, inspectores de la Lotería Nacional clausuraron 182 máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo y en el casino flotante de Puerto Madero. En el relevamiento se comprobó la falta de certificaciones internacionales que garanticen que los aparatos no pueden hacerles “trampa” a los apostadores. Tras la inspección, Lotería Nacional anunció la instalación de un nuevo software que permita el control independiente en las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y del Casino de Buenos Aires.
Controles que faltan. Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal, apunta al principal riesgo del sector: la actividad ilícita penal en el marco del juego es, fundamentalmente, el lavado”. “Siempre ha sido un lugar común para el lavado de dinero por su flexible regulación”, aclara González Guerra, quien se alinea con la idea de “dejar funcionar bajo un marco normativo y, si se inclumple, sanción”.
Para Walter Martello, ahora en las filas del Frente Renovador: “Debemos tener una regla común en todo el país para evitar el lavado de activos, la evasión o elusión de impuestos”. El control del juego es un tema que Martello impulsa desde hace tiempo: en 2012 publicó No va más, un libro donde deja al descubierto los resquicios por donde se evapora el dinero del sector de los controles del Estado y la ausencia de una legislación acorde con los tiempos que corren.
A partir de 2010, con la sanción de la Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo, y sus posteriores reglamentaciones, las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar están obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda operación sospechosa de lavado de dinero (igual que ocurre con los bancos, las casas de cambio, las compañías de seguros, las sociedades de bolsa).
“Los casinos deben informar a la UIF todos los datos de los apostadores que cobran más de 50 mil pesos en premios. Puede haber fallas humanas, pero los controles están”, afirma el contador Alfredo Mónaco, presidente de ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina), una entidad autárquica que nuclea a todos los organismos de control del juego en nuestro país.
En octubre de 2010, Argentina ingresó en la lista gris del GAFI por cumplir sólo 2 de los 49 puntos recomendados para evitar el lavado de activos. La UIF creó entonces las Direcciones de Inspecciones y Sumarios, con el fin de aumentar los controles e identificar a los sujetos obligados a declarar activos y ganancias. Hasta entonces, no había un sistema de multas y sanciones sobre los actores del juego: empresarios y directivos de casinos, salas, bingos y carreras hasta podían aportar en campañas políticas.
La UIF estableció la suma de 10 mil pesos como importe base a declarar tanto en premios como en cambio de fichas dentro de las salas de juego. También, la obligación de identificar a los ganadores con sus datos personales, nivel de ingresos y actividad. Debido a las presiones de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), que adujo la imposibilidad operativa de controlar a los ganadores así como la negativa de la gente a declarar sus datos, se subió el monto mínimo de declaración a 50 mil pesos.
Según José Sbatella, director de la UIF de 2010 a 2015, dado que los casinos se negaban a identificar a los apostadores, “se aplicaron multas con el criterio ‘pague y recurra’”. Eso generó mucha actividad judicial para resolver el pago y cobro de las multas a las concesionarias del juego, “lo que terminó por volver más lento, en muchos casos, el proceso de contralor llevado adelante por el Estado”, dice Sbatella.
En un principio, la multa por no identificar al ganador de un premio era de 1 a 10 veces el monto del premio. “Luego las penalidades subieron de 0 a 100 mil pesos a partir de las ‘presiones’ que hizo la CASCBA”, explica Sbatella. A partir de esto, las loterías controlaban o no, usando la resolución 2011 de la UIF, que establece que quienes exploten en forma habitual juegos de azar, en caso de cobranzas mayores a 50 mil pesos, deberán requerir información personal al ganador, más declaración jurada de oficio si es persona física y, si es jurídica, datos identificatorios del representante legal, adjuntando copia del estatuto social actualizado, entre otros requerimientos.
Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses, explica cómo los premios en bingos y casinos pueden esconder movimientos ilegales de dinero: “El juego es uno de los sectores más difíciles de controlar porque cualquier movimiento de fondos significativo, o no tanto, es fácil de inventar al anunciarlo como una ganancia en el juego”. “No existen mecanismos de control más o menos automatizados; en otros delitos, las alarmas sobre operaciones sospechosas se levantan de inmediato”, dice Popritkin.
Todo delito necesita blanqueo de ganancias. “Si los investigadores nos abocamos a perseguir y acabar con el lavado de dinero, estaremos logrando en realidad acabar con las actividades ilícitas”, concluye Del Carril. “Las organizaciones buscan ganancias. Ya se logró, por ejemplo, con la industria de los secuestros en nuestro país. Cuando se actuó muy fuertemente sobre los secuestros, esas actividades se disolvieron porque ya les era antieconómico. Si atacamos las ganancias, la actividad criminal cae, se termina”.
Pero, además de fiscalizar el origen de los fondos que ingresan en casinos y bingos, también merece análisis minucioso la administración de los fondos que realizan los Estados de cada jurisdicción. Como la gestión no es nacional, el máximo nivel de control es la lotería provincial. El ex juez cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe señala los riesgos cuando no hay quien fiscalice al que fiscaliza: “La propia lotería se controla dentro de su propia lógica”. Por eso, sostiene “que el control debería ser independiente de la propia lotería, una especie de control externo del manejo del juego”. En esa dirección, apunta la propuesta de Martello de crear un Consejo Federal de Juegos de Azar “representado por un integrante de cada jurisdicción donde se puedan homologar sistemas de transparencia, sistemas de control únicos para cada una de las jurisdicciones”.
Aurelio García Elorrio, legislador de Córdoba por Encuentro Vecinal, también señala que el control sobre las loterías es imprescindible: “En Córdoba hay varias cajas que tienen los gobiernos. Sospechamos que una es el juego. El problema central que tenemos los legisladores es que entre las concesionarias del juego y nosotros está la Lotería, que es el organismo que controla el juego, pero el problema es que nadie controla a la Lotería, que es otra gran caja”.
El perito contable Alfredo Popritkin apunta a la concepción social en torno al juego que permite entender por qué aún no se han dispuesto los controles necesarios: “En países como el nuestro, a las actividades ilegales vinculadas al juego no se las ve como delitos graves, como sí se considera al narcotráfico, al terrorismo”. “Se piensa que ‘no es tan grave, no hace tanto daño’, y es un negocio que financia la política”, dice Popritkin y agrega: “En la Argentina, el juego está controlado, en su mayor parte, por organizaciones vinculadas a la política, así se puede entender por qué no saltan las alarmas ante movimientos sospechosos de dinero”.n
*Informe publicado por el Foro de Periodismo Argentino en el marco del proyecto “La otra trama” (06-04-2017): http://www.investigacionesfopea.com/juego/.
Agradecimientos: Ramón Indart, Open Data Córdoba, Datos Concepción.
