El ex militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en España por participar en los “vuelos de la muerte”, donde fueron eliminadas unas 4.400 personas durante la dictadura militar argentina, habló con PERFIL sobre el recorte de la justicia universal en España. Quiere vivir en Argentina.
—El gobierno español aprobó la reforma que limita la justicia universal en España, la misma legislación que lo condenó a usted a 1.084 años de cárcel. ¿Qué opinión le merece?
—Me es indiferente. Lo importante es que la justicia universal tenga plenos poderes para actuar. Y no como la española, a cuyos jueces mis testigos de descargo no les reconocieron competencia y se negaron a declarar. Soy el único condenado aquí, del que se desconocen las fechas concretas de los hechos; no existen víctimas que me imputan y nadie se presentó como damnificado, reclamando el pago de responsabilidad civil.
—Esta reforma determina el archivo de las causas abiertas en el momento en que entre en vigor la ley, pero no dice nada de las sentencias que ya están en firme, como la suya. Al no decir nada al respecto de lo ya sentenciado, ¿estudia interponer algún tipo de recurso para revisar la sentencia que lo condena?
—Sí. He presentado un escrito para pedir que no se cierre el sumario 19/97 porque existen pruebas de que en la ESMA participó un oficial español. Su nombre figuraba en la causa y el ex juez Garzón no preguntó sobre él. Además, he pedido que se ampliara la investigación desde febrero de 1975 ya que existen al menos 715 desaparecidos cuya responsabilidad corresponde a María Stella Martínez de Perón, ciudadana española residente en la Comunidad de Madrid.
—¿Cree que sería positivo que el papa Francisco abriera los archivos del Vaticano con el objeto de dar a conocer las comunicaciones y la información relacionada con la última dictadura militar argentina?
—Creo que sería más importante que hablen y asuman su responsabilidad los políticos argentinos de esa época. También España, que liberó información sobre “el Gallego” y la señora de Molfino (N. de R.: la ciudadana argentina Noemí Esther Giannetti de Molfino fue hallada muerta en un hotel de Madrid el 21/7/1980. Militares peruanos colaboraron con un comando de ocho oficiales del Ejército Argentino que viajaron a Lima para secuestrar, el 14 de junio de 1980, a Molfino y a otros tres argentinos, cuya investigación fue realizada por el ex juez Baltasar Garzón en el marco del sumario sobre los crímenes de la dictadura argentina).
—La designación del general César Milani para ocupar la Jefatura del Ejército argentino encendió voces a favor y en contra del general por parte de diferentes referentes de los organismos de derechos humanos e incluso provenientes del área de Inteligencia del Ejército, a raíz de su supuesta vinculación con la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976, y por la acusación de enriquecimiento ilícito. ¿Debería renunciar por las denuncias en su contra por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura argentina?
—No conozco de nada al general Milani. Creo que quien debe responder sobre ello es la autoridad que lo propuso en el cargo, es decir, el comandante en jefe de las FF.AA. Respecto de su participación en el sumario del soldado Ledo 44/2007, tiene la gran oportunidad y el deber de hacer saber la verdad a la Justicia. El tema es si tendrá el coraje de hacerlo.
—Recientemente, el papa Francisco admitió la influencia de la Iglesia en la formación de Montoneros al expresar “¡Cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía, terminaron en la guerrilla de los años 70!”. ¿Ha escuchado esa autocrítica?
—Antes que la Iglesia, deberían hacer autocrítica los políticos de antes. Y en relación con la ‘autocrítica’ del general Martín Balza, hizo un muy buen discurso político pero ocultó los aberrantes procedimientos que aplicaron la FF.AA. para combatir al terrorismo. Nada de eso se inventó en 1976, todo estaba reglamentado desde 1968/69 y fue, increíblemente, durante el gobierno de Héctor Cámpora cuando se les dio la correspondiente cobertura legal. Incluso estaban reglamentadas las funciones de los capellanes militares, que debían asesorar sobre las motivaciones religiosas que afectaban a aquellos militares que tenían renuencia a reprimir a mujeres, ancianos y niños. Una gran mayoría de los capellanes criticaba la metodología reglamentaria de la ESMA, de allí que se hicieron necesarias las reiteradas visitas de monseñor Tortolo para apoyar las operaciones. Tan importantes y vigentes eran estos reglamentos que en 1986 los comandos del ejército seguían con las prácticas de tortura. ¿Por qué no contó esto en su autocrítica Balza?
—Algunos jóvenes montoneros de aquella época han logrado rehacer sus vidas…
—Es el caso de Firmenich, y de otros; pero lo de Firmenich es distinto: fue detenido en Brasil, extraditado, encarcelado e indultado, o sea que, guste o no, cumplió con la ley. Pese al daño que hizo, merece rehacer su vida. Otra joven, mi hermana María Adela, visitaba villas miseria. Terminó en la clandestinidad, repartiendo comida robada por los montoneros en las villas. Para mí era una guerrillera. Lo que me parece gravísimo es que Argentina esté representada por una persona a la que España rindió pleitesía enalteciendo su figura y deshonrando a sus víctimas. Me refiero a Carlos Bettini, embajador argentino ante España; su pasado es bien conocido, en especial por el supuesto asesinato del capitán de corbeta Jorge Bigliardi delante de su pequeño hijo, en la puerta de su domicilio, en 1976.
—Sin embargo, respecto de lo que dice del embajador Bettini, no consta que haya sentencia condenatoria alguna…
—No la hay.
—Usted fue uno de los primeros militares del Proceso que admitieron públicamente el terrorismo de Estado en Argentina, la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad por la fuerza pública argentina, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y cuerpos policiales... ¿Cree usted que sería posible hoy en día que otros militares aún no identificados en tareas de represión aporten información de esa etapa voluntariamente? ¿Cree que sería necesario que la sociedad civil o las autoridades dieran algún paso concreto para ello?
—Primero, habría que dar a conocer los reglamentos militares con los que fueron instruidas y adiestradas las Fuerzas Armadas que comandaron entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976 (N. del R.: en parte se refiere al “Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo”, aprobado por la denominada Ley 21.256, realizada el 24/3/1976 y publicada el 26/3/76, que dio un viso de legalidad al accionar del terrorismo de Estado).
—¿Cree que el papa Francisco debería pedir a los sacerdotes que fueron cómplices de las atrocidades perpetradas durante la dictadura militar que se acerquen a declarar lo que saben, han visto o escuchado?
—Preferiría que lo hicieran el general Balza, el almirante Jorge Godoy, Carlos Bettini, Nilda Garré u Horacio Verbitsky, que también tienen mucho que contar. O los políticos y sindicalistas que visitaron la ESMA en 1977 llevando información de terroristas y alentando para que se los aniquilara lo antes posible.
—¿A quiénes se refiere?
—No diré nombres, puesto que no tengo pruebas de ello.
—¿Ha solicitado a las autoridades españolas su traslado a la Argentina?
—Desearía volver a la Argentina, pero lo resolveré con mi familia.
*Desde Madrid.
Irrevocable
La condena de Scilingo es irrevocable. “La reforma impulsada por el gobierno español para limitar la investigación judicial a delitos cometidos dentro de España no modifica la condena a 1.084 años de prisión”, explica Enrique Santiago Romero, abogado experto en DD.HH., quien impulsó la acusación popular en el caso Scilingo aquí, en nombre de Izquierda Unida, y la acusación particular en nombre de distintas víctimas argentinas (Graciela Palacio de Lois, viuda del desaparecido en la ESMA Ricardo Lois); la familia del senador socialista Pizarello, secuestrado en Tucumán y que apareció muerto tras ser torturado, y otras familias.
¿Quién iba a imaginar que, casi diez años después, la misma legislación que propició esa sentencia estaría a punto de ser anulada por el propio gobierno español? Primero, Scilingo fue condenado a 640 años de prisión, que luego, en 2007, fueron elevados a 1.084 por una sentencia del Tribunal Supremo de España, que consideró los delitos de asesinato y detención ilegal cometidos por él en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) como “crímenes contra la humanidad”. “Por entonces a Scilingo se le aplicó la llamada justicia universal y, una vez dictada sentencia, no hay vuelta atrás. La restricción de la jurisdicción universal operada por el Partido Popular (PP) determina el archivo de las causas abiertas en el momento en que entre en vigor la ley, pero no dice nada de las sentencias que ya están en firme. La condena se basa en el principio de jurisdicción universal y contrarresta la impunidad de la que se benefician los genocidas”, explica Santiago Romero.
La condena por treinta asesinatos cometidos en dos “vuelos de la muerte” durante la dictadura, de acuerdo con el derecho internacional, se le aplicó en 2007 y es irrevocable. El Tribunal Supremo también condenó a Scilingo como autor de un delito de detención ilegal y como cómplice de 255 secuestros, estimados en el tiempo de su estadía en la ESMA.
El recorte sobre la justicia universal que el PP aprobó en el Congreso de Diputados “restringe la ley que permitía investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional por ser considerados crímenes de lesa humanidad sólo a casos en los que las víctimas sean españolas y los acusados se encuentren en territorio español en el momento de ser juzgados, así como dictamina que se archiven las querellas abiertas en el presente”, detalla Santiago Romero.
