Desde el primer día el presidente Macri propuso impulsar un Poder Judicial robusto e independiente, para responder al reclamo social respecto a la necesidad de contar con una Justicia confiable, eficiente y rápida.
Con este fin, se creó el Programa Justicia 2020 en el Ministerio de Justicia que abrió un espacio de diálogo con todos los sectores de la población y trabajó con representantes de la oposición con los que promovió leyes y políticas públicas para luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
En el mundo, las revisiones de las cámaras, de los tribunales superiores y aun de la Corte Suprema se producen después de la decisión de los casos. Esta acción peculiar de nuestro sistema judicial permite que procesos por temas de corrupción demoren hasta 14 años.
Por eso, el Congreso aprobó el Código Procesal Penal y con la comisión bilateral que preside el senador Urtubey avanzamos en su implementación; primero en Salta y Jujuy, y luego al resto del país, y así acelerar los tiempos procesales.
Uno de los grandes desafíos de nuestra Justicia es llegar a la realización de juicios orales, que es el momento fijado por el sistema como aquel en que los fiscales acusan y las partes involucradas se defiendan.
Este nuevo Código Procesal Penal Federal va a ordenar los procesos, corregir la actual situación de acumulación infinita de recursos y hará transparente el proceso, conforme la ley, de forma imparcial y en tiempo oportuno.
Además, avanzamos en la oralidad de procesos civiles y comerciales: casos que duraban cinco años, con el nuevo sistema se resuelven en 15 meses. El proyecto que inició hace 32 meses, ya logró importantes resultados con más de 10 mil casos resueltos en 14 provincias, la mitad de ellos por acuerdo entre partes.
La oralidad se realiza sin necesidad de introducir modificaciones legales en los Códigos Procesales de las provincias, por medio de la firma de convenios de colaboración con los Poderes Judiciales y con el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Con la participación de todos los sectores y de una Comisión Redactora integrada por expertos, se presentó al Congreso Nacional el primer proyecto de reforma integral del Código Penal desde 1921.
Cumplimos con el precepto constitucional y nombramos 275 magistrados entre jueces, defensores, fiscales y conjueces; y tenemos otros 211 pliegos en trámite. Magistrados efectivos con estabilidad en el cargo.
Generamos la participación de las víctimas en los procesos penales, creamos el Centro de Asistencia de la Víctimas de Delitos (Cenavid) e impulsamos los programas nacionales de Rescate a Víctimas de Trata, Contra la Impunidad y de las Víctimas contra las Violencias.
Propusimos al Congreso un sistema democrático de responsabilidad penal juvenil que sustituya la ley de la dictadura, una deuda histórica que el Estado tiene con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, promovimos la Ley de flagrancia para acelerar casos de resolución sencilla. Atendimos cientos de consultas en 11 mil kilómetros con servicios itinerantes de los Centros de Acceso a Justicia (CAJ), dando asesoramiento jurídico y atención médica a los habitantes de comunidades rurales e indígenas, a través del Corredor Norandino Legal y Sanitario, en el marco del Plan Belgrano.
Los argentinos tenemos una gran sensibilidad con la impunidad. Esperamos que la manda constitucional de “afianzar la Justicia” se cumpla y que las causas terminen con la decisión oportuna de un tribunal.
*Ministro de Justicia de la Nación.
