En Argentina, cuando alguien ocupa el cargo de ministro de Defensa, lo hace con dos consignas: aumentar los salarios militares para transformarse en el delegado gremial de las Fuerzas Armadas ante el Presidente y su gabinete económico, y la segunda, comprar juguetes a los tres hermanitos. ¿Qué pidieron los chicos? Uno, aviones de caza supersónicos. El segundo, vehículos blindados para transporte de tropas. Y el otro, submarinos. Este infantilismo en la conducción política es transversal a todos los partidos políticos y el presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, Luis Petri, no decepcionan.
Ya le compraron a uno F-16 y van por el regalito al segundo mientras contienen al otro. Los submarinos salen muy caros. Lo increíble es que todo esto se da en un contexto de restricciones que no produce un cambio trascendental en el manejo de la cartera. ¿Por qué se dan estos requerimientos? Porque se basan en unas capacidades militares que cada fuerza quiere tener, en lugar de proceder de una política y estrategia de seguridad nacional, de otra de defensa consecuente con ella, y del diseño de la fuerza militar que se necesita conforme a las amenazas y riesgos que se tienen o proyectan.
En su último viaje a Washington, el ministro Luis Petri firmó ante el secretario de Defensa de los EE.UU., Pete Hegseth, una carta de aceptación de la oferta que ese país le hiciera a la Argentina para la adquisición de vehículos blindados para transporte de tropas 8x8 M1126 Stryker de General Dynamics para equipar al Ejército argentino. Según lo informado, este lote de ocho vehículos se entregaría a partir de fines de este año y durante 2026 para su evaluación hasta que –por medio de dos contratos siguientes– la compra se confirme y se proceda con la entrega de dos lotes definitivos de vehículos fabricados a nuevo. Unos 150 en total. Para cumplir este paso preliminar, los primeros ocho vehículos serían usados.
Esto se lleva a cabo sin respetar el vehículo seleccionado años antes, cuando en enero de 2023 el exministro Jorge Taiana firmó con Brasil adquirir el Guaraní 6x6, desarrollado por Iveco Defence Vehicles, después de que fuera evaluado aquí en junio de 2021 y superado todas las pruebas, habiendo sido seleccionado ganador entre las opciones norteamericana y china que se analizaron, ya que este ofrecía mejores ventajas comparativas tales como un menor costo de adquisición (unos 100 millones de dólares por 156 unidades, frente a los 132 millones ofrecidos en ese entonces por 27 unidades del Stryker), producción local en la planta de Iveco Argentina, en Córdoba, menores costes de operación y mantenimiento, y una mayor adaptabilidad al terreno que su par norteamericano. La carta de intención de compra por el Guaraní no pudo ejecutarse por falta de acuerdo financiero con Brasil e Italia y la situación económica argentina en ese entonces, primando una responsabilidad fiscal que pareciera hoy estar ausente para este caso.
Esta compra que encara Petri ahora parece encuadrarse más como una decisión de alineamiento con los EE.UU. que con parámetros técnicos y de costo-eficiencia de la defensa. EE.UU. vende. Su lobby no es criticable. Es Argentina la que no sabe qué debe comprarle conforme a sus prioridades de seguridad nacional y actuando como si su elite política no supiera conducir el instrumento militar del país.
¿Qué prioridad tiene este vehículo blindado para las necesidades, amenazas y riesgos militares que afronta la Argentina? Ninguna. Ni con el kirchnerismo ni ahora. En todo caso, es una prioridad de segundo orden. ¿Hace falta este vehículo para las operaciones en la frontera norte? No. Menos en el terreno previsto de actuación frente a Bolivia y Paraguay. ¿Y qué se necesita para esta misión? ¿Cuál es el aporte que puede hacer la defensa para apoyar a las fuerzas de seguridad en su custodia fronteriza? Aportar tecnología de vigilancia y control diurna y nocturna las 24 horas. ¿Y cómo puede hacerse esto de manera eficiente y con la mayor eficacia? Con drones. Con muchos vehículos aéreos no tripulados de distinto tipo y con diferentes tecnologías. ¿Se pueden comprar en EE.UU.? Sí, por ejemplo, a General Atomic. ¿Hay otros proveedores? Sí, Turquía e Israel, entre otros, dependiendo del tipo de vehículo aéreo de que se quiera disponer y el enjambre de drones que se quiera poner en una frontera con más de mil kilómetros a cubrir. ¿Se puede incluir transferencia tecnológica y fabricación en el país? Debería ser una prioridad para la cartera de Defensa. ¿Está previsto esto con la compra de los Strykers? No.
La Constitución Nacional establece claras responsabilidades al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. A este último le determina en el artículo 75 “fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno”. Esto significa que las compras militares que realiza el Ejecutivo deberían tener una instancia de aprobación más significativa que las actuales en el Legislativo a tono con la responsabilidad constitucional que le ha sido asignada y el Ejecutivo tener (tal como tiene el gobierno norteamericano) la obligatoriedad de definir una política y estrategia de seguridad nacional y una política de defensa consecuente con ella.
Sin estos parámetros técnicos y políticos que lo justifiquen, no se pueden fijar las Fuerzas Armadas que se necesitan en tiempo de paz y guerra y, por ende, la discrecionalidad para realizar una mala compra militar como esta se torna posible.
*Ingeniero, magíster en Defensa Nacional.
