A un año del inicio de la investigación judicial que destapó el Petrolão, Dilma Rousseff vive su hora política más difícil, con una coalición de gobierno a punto de romperse, un mínimo histórico de popularidad -13% según Datafolha- y una recesión económica que amenaza a la sexta economía mundial. Para recuperar la iniciativa y sortear la crisis, la presidenta envió esta semana al Congreso medidas anticorrupción, que regulan el financiamiento de las campañas electorales y ponen la lupa sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y las donaciones de los contratistas del Estado. Al mismo tiempo, evalúa reconstruir su base aliada, con cambios en su gabinete que fortalezcan al Partido de los Trabajadores (PT) y apacigüen a su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
“Mi compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad es coherente con mi vida personal, con mi práctica política y con mi actuación como presidenta de la República”, declaró Rousseff al presentar el nuevo proyecto de ley.
Ahora, la pelota la tiene el Congreso, que deberá discutir las medidas enviadas por Dilma. Entre los diputados y senadores que participarán del debate están los 49 investigados por la Justicia, acusados de recibir dinero desviado de Petrobras. “Tengo serias dudas acerca de que las medidas anticorrupción y la reforma política puedan ser aprobadas por este Parlamento. Los que las tienen que votar son quienes menos se van a beneficiar de ellas, los diputados y senadores, involucrados en el financimiento ilegal de las campañas políticas. Y si la reforma política no sale, el costo político lo pagará Dilma”, explicó a PERFIL Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Clacso.
Gabinete. Aún resta saber si esas medidas recuperarán la confianza de la ciudadanía, indignada ante cada nueva relación sobre el escándalo en la petrolera estatal. La preocupación del Planalto pasa ahora por desactivar esos frentes de tormenta, que motivaron que más de un millón de personas salieran a la calle el domingo pasado, recordando a las protestas de 2013 contra la Copa del Mundo.
Por eso, el Planalto evalúa también anunciar un cambio en su gabinete, tras la reciente renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, quien llamó “chantajistas” a los diputados del PMDB. Con ese enroque de ministros, Dilma buscaría fortalecer al oficialismo y enviar un mensaje a sus aliados.
La fecha límite para torcer el mal humor social sería el próximo 12 de abril, día de la próxima convocatoria en las calles de la oposición. Según reveló ayer el diario Folha de S. Paulo, ése sería el diagnóstico al que habrían arribado los asistentes a la fiesta de cumpleaños de la senadora Marta Suplicy, que rompió recientemente con el Partido de los Trabajadores (PT). Entre ellos, estarían el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, y el ex mandatario José Sarney.
Más allá de que el Lava Jato avanza a paso raudo, sin interferencias del Ejecutivo, el oficialismo brasileño busca recuperar la iniciativa política, recomponer su estructura de poder y recuperar la credibilidad de la sociedad. De eso depende la gestión de Dilma y también las chances del ex presidente Lula de volver al poder en 2019.
