Las últimas elecciones en Sudamérica reflejan como nunca esta polarización política. Las segundas vueltas en Chile, Colombia, Perú, y ahora en Brasil evidencian un clivaje cada vez más extenso entre dos polos con orientaciones ideológicas, culturales y económicas cada vez más lejanas. El camino de la moderación, al menos en cuanto a propuesta electoral, no pareciera ser el sendero a transitar para las fuerzas políticas que se conciben como mayoritarias. Tampoco parece ser la moderación la estrategia, una vez conquistado el gobierno. Las últimas experiencias en nuestra región ilustran las dificultades que tienen los presidentes cuando intentan ir por el camino del medio, muchas veces indefinible por su propia pobreza política.
En segunda vuelta, en la elección más reñida de los últimos tiempos, como era lógico esperar, Lula venció ajustadamente a Bolsonaro y va por su tercera presidencia. A diferencia de sus anteriores mandatos, forjó una coalición muy amplia capaz de sacar al presidente Bolsonaro del poder. El segundo presidente sudamericano desde los ochenta (el cuarto en Latinoamérica) que busca ir por la reelección y fracasa en el intento.
Un poco de historia. Originalmente, los gobiernos del PT combinaron elementos del desarrollismo y del neoliberalismo en una construcción contradictoria, compuesta por una gran coalición política de trabajadores y capitalistas “win-win”, que permitió ampliar el salario real y reducir la pobreza y la desigualdad manteniendo las ganancias de los capitales productivos y financieros. La caída de la rentabilidad después de la crisis mundial de 2008 rompió la coalición de clases construida durante la administración de Lula y obligó al líder del PT a construir una nueva en un contexto de avanzada de la derecha regional.
Si el PT en sus comienzos había obtenido su capital político (y su rédito electoral) a partir de las luchas sindicales en el sudeste brasileño, con eje en Porto Alegre y San Pablo, desde finales de la primera década del siglo XXI fue extendiendo paulatinamente su dominio político hacia el norte. Los votos del PT, entonces, comenzaron a desplazarse desde los sindicalizados obreros del sur hacia los sectores más pobres del nordeste del país, a partir de una ampliación de derechos sociales inéditos para la historia de Brasil. La elección de Dilma Rousseff en 2010 es hija de estas transformaciones del perfil del partido y del liderazgo presidencial de Lula. Este proceso se reafirmó y profundizó en las siguientes tres elecciones y fue determinante en la del domingo pasado para que Lula volviese al poder.
El lulismo propone cambios, pero sin radicalización, sin un choque extremo con el capital
Luego de dos gobiernos, el líder del PT eligió como sucesora a Dilma Rousseff, una hábil ministra que había evidenciado una importante capacidad de gestión, pero que no había realizado “las inferiores” en el partido. Al principio resistida y luego aceptada por el PT, Rousseff resultó vencedora en una segunda vuelta reñida y con menos votos que los obtenidos históricamente por Lula.
Durante sus primeros años de gobierno, la estrategia de la presidenta fue la de darles continuidad a las políticas de su antecesor en un contexto económico nacional e internacional más complejo. Sin embargo, la crisis en la que ingresó el país a partir de 2013 no encontró respuestas inmediatas por parte del gobierno, lo que permitió un avance, tanto político como social, de la derecha brasileña.
En ese marco, cerca del cambio de mandato, el gobierno de Dilma Rousseff adoptó una serie de estímulos fiscales para la acumulación de capital privado con magro crecimiento económico. Las recetas ortodoxas no parecían las más adecuadas para el contexto de recesión en el que había entrado Brasil, pero el legado de los “años dorados” de Lula le permitieron a Rousseff volver a triunfar en las elecciones de octubre de 2014, las más reñidas hasta ese momento. Esta estrategia fue reforzada a partir de su reelección, cuando el gobierno implementó un programa de “austeridad” típico con tasas de crecimiento negativas y más crisis económica, para intentar superar la caída del crecimiento, asociada con la caída de las tasas de ganancia en el capital brasileño. En ese marco, la presidenta buscó un acercamiento a los sectores de la burguesía local más concentrada y de la financiera, contrario a lo que había prometido durante la campaña contra el neoliberal Aécio Neves. Las primeras medidas fiscales, anunciadas al inicio de su segundo gobierno en enero de 2015, restringieron el acceso de los trabajadores al seguro de desempleo y limitaron los beneficios de la seguridad social. Hubo una reducción del gasto fiscal; la inversión de la administración federal cayó un 32% durante El gobierno de Dilma capituló ante la visión de las grandes empresas brasileñas, consagrada en su boletín de julio de 2016 (IIDR, un think tank vinculado a la gran industria brasileña), “Sin ganancias, sin inversiones” (IEDI, 2016). Realizó un gobierno sin duda y absolutamente “pragmático”, según la nominación de la gramática del poder. El neoliberalismo puro y duro adoptado por la política económica aumentó el desempleo y redujo el salario real, pero esta capitulación tampoco salvó a Dilma del juicio político en el Congreso y de la institución de un gobierno de derecha.
Respecto del gobierno de Dilma, señalaba Gilberto Maringoni, profesor de la Universidad de San Pablo: “El ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Es su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el gobierno cae. La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo heavy metal –que Dilma acusó a Aécio Neves de querer implantar– llegó para quedarse. No es Dilma quien nos gobierna. Es el ajuste”.
Asimismo, y como marco general del contexto político y social del período, las movilizaciones de los sectores medios iniciadas en 2013 habían comenzado a desgastar la popularidad de la presidenta. En ese marco, los desacuerdos entre Rousseff y Lula en relación con la gestión de la crisis sumaron un elemento de disrupción en el interior de la coalición gobernante. La recesión económica durante los últimos años de gestión (histórica, por su dimensión, para el gigante brasileño) profundizó el desgaste oficial. La estrategia desmovilizadora de las bases del PT, alentada desde la cúspide del poder, atizó aún más el fuego opositor. El resto, como se detalló arriba, no fue más que la consecuencia de un cóctel explosivo que aceleró los tiempos de la destitución. En este sentido, Rousseff también “volvió mejor”, digámoslo en clave local. No le alcanzó.
La histórica elección del domingo. Vamos ahora a intentar desplegar algunos apuntes para un análisis cualitativo de la elección. En este contexto de reprimarización económica y su secuela de desempleo, informalidad y carencias extremas crecientes, Lula perdió la centralidad electoral de los trabajadores industriales. El líder del PT cambió la base electoral producto de las transformaciones estructurales tras décadas de neoliberalismo y también de los límites del segundo gobierno de Dilma Rousseff.
Es esa transformación del electorado del PT lo que permite comprender la lógica política de lo que el politólogo brasileño André Singer, portavoz y secretario de prensa de Lula hasta 2006, ha denominado “lulismo”.
El lulismo es una nueva síntesis de elementos conservadores y no conservadores. Por eso es tan contradictorio y difícil de entender. El lulismo valoró el mantenimiento del orden, lo cual tuvo resonancia en los sectores más pobres de la población. En este punto me interesa señalar que en la formación social brasileña hay un vasto subproletariado que no tiene cómo participar de la lucha de clases, a no ser en situaciones muy especiales y definidas. Así, lo que hizo el lulismo fue juntar esa valoración del orden con la idea de que un cambio es necesario. ¿Qué tipo de cambio? La reducción de la pobreza por medio de la incorporación del subproletariado; lo que denomino “ciudadanía laboral”. De ese modo el lulismo propone transformaciones por medio de una acción del Estado, pero que encuentra resistencia del otro lado. Basta con prestar atención a los noticieros para ver cómo la lucha política está puesta todo el tiempo en las decisiones económicas. El lulismo propone cambios, pero sin radicalización, sin una confrontación extrema con el capital y, por lo tanto, preservando el orden. En ese sentido, es un fenómeno híbrido, que también incorpora a ese conservadurismo.
La derrota del lulismo en San Pablo, el mayor colegio electoral, fue contundente
Las transformaciones estructurales que dan fundamento a la nueva dinámica electoral se asientan en datos por demás elocuentes. Recordemos que la participación de la industria en el PBI de Brasil bajó del 46% de la década del 80 al 22,7% de 2015. Una caída descomunal que explica la metamorfosis del sustento electoral del lulismo, que se desplaza en términos geográficos, desde el sur industrializado hasta un norte marginalizado. Y en este nuevo contexto, esta base electoral del lulismo no demanda (ni desea), como en las últimas dos décadas del siglo XX, una ruptura con el pasado o un cambio profundo, sino la presencia de un Estado “protagónico” que incida en su intervención en favor de los sectores más “de abajo” del país.
Como plantea Giancarlo Summa: “El apoyo a Lula ya no se basa, como en las décadas de 1980 y 1990, en el deseo de una ruptura con el pasado o de un cambio profundo, sino en la expectativa de contar con un Estado lo suficientemente fuerte como para mejorar el nivel de vida de la población –y de los más pobres, en primer lugar–, pero sin una radicalización política o una movilización de masas permanente que amenace el statu quo. El lulismo devendrá así en una forma de reformismo débil y de conciliación permanente con las elites políticas y económicas tradicionales. Al optar por apostar todas sus fichas a la actividad gubernamental y a las constantes mediaciones, el PT se ha convertido en un partido dominado fundamentalmente por los parlamentarios y administradores, y por los burócratas que controlan los votos de los afiliados en las convenciones partidarias. Los movimientos sociales y los sindicatos, que eran el núcleo de la identidad del PT y el centro de los otrora animados debates internos, se han vuelto cada vez más secundarios”.
Este proceso de desindustrialización y de pérdida de predicamento de Lula sobre los trabajadores industriales, insistimos, como una transformación en la representación popular, se observa en los datos de 2015, último año completo de gobierno petista.
En concepto de distritos industriales, San Pablo cuenta con 458, 168 condominios empresariales, 41 “arranjos productivos” (clusters), tres polos industriales y 20 parques tecnológicos. En Río de Janeiro existen 10 distritos industriales, 12 condominios empresariales, 22 arranjos productivos” (clusters) y dos polos industriales. En cuanto a Minas Gerais, tiene 48 distritos industriales, 11 condominios empresariales y 33 “arranjos productivos” (clusters). Por último, en Bahía existen 14 distritos industriales, 18 condominios empresariales, nueve “arranjos productivos” (clusters) y un polo industrial
Como los datos no admiten opiniones o, mejor, las acotan mucho, veamos los resultados de San Pablo, por lejos, la gran capital industrial de Brasil y otrora bastión del PT y del Lula de los orígenes. Adicionalmente, recordemos la oportuna “recuperación económica” del año pasado, que también reforzó el apoyo a la coalición de Jair Bolsonaro. El desempleo cayó a su nivel más bajo en casi siete años (todavía está por encima de los niveles anteriores a 2008-2009).
Todo indica que Bolsonaro constituyó una alianza de derecha perdurable
Como corolario de lo expuesto, la derrota del lulismo en San Pablo, a pesar del apoyo que significó llevar en la fórmula a Geraldo Alckmin, exgobernador del estado capital industrial del país, fue contundente, aunque, es cierto, menor que otras compulsas.
En ese marco, nos interrogamos: ¿Le alcanzará una vez más a Lula el camino de la moderación? ¿Serán posibles los cambios urgentes que necesita el país (y la estabilidad de la propia presidencia de Lula) sin una confrontación directa con los grupos de poder “bolsonaristas”? ¿Podrá Lula cumplir el contrato electoral que lo liga a los sectores más necesitados del nordeste? ¿Se convertirán los sectores del conservadurismo incluidos en esta nueva coalición en un lastre para la necesaria política social inclusiva prometida en campaña?
Sumemos a este cuadro que la administración que se inicia en enero de 2023 no contará con mayorías parlamentarias ni regionales, y que enfrentará con toda seguridad una feroz resistencia de las fuerzas del bolsonarismo. Es cierto, también, que desde la restauración democrática en 1985 ningún presidente brasileño contó con mayorías absolutas en ambas cámaras. Tampoco con una mayoría de gobernadores del mismo color político. Ni siquiera Fernando Henrique Cardoso, el dos veces presidente del país en el contexto neoliberal de los 90, tuvo a su favor un congreso dócil y presto para la aprobación de la agenda legislativa presidencial.
Durante sus dos gobiernos (2003-2011), Lula debió armarse de paciencia y poner a prueba sus dotes de negociador ante un Congreso adverso, donde el PT, como mucho, contaba con el 20% de los ediles propios. La composición parlamentaria actual lo obliga a negociar con los partidos del “Centrao” (sector clave en la segunda parte del gobierno de Bolsonaro), muy proclives a la gimnasia del “toma y daca” a la brasileña.
El sistema político heredado del gobierno de facto que gobernó Brasil desde 1964 hasta 1985, una dictadura muy distinta de la argentina en cuanto a logros económicos y adhesión popular, fortaleció los estados federales (la elección de gobernadores antecedió a la presidencial) y multiplicó partidos a partir de la instauración de un sistema electoral proporcional. Esos enclaves institucionales dificultan desde el vamos el despliegue sin obstáculos del poder presidencial y obliga al poder ejecutivo a negociar constantemente la agenda de gobierno con los gobernadores y parlamentarios. Incluso el gobierno que empieza a despedirse desde el domingo debió negociar ley a ley con sus aliados en el Congreso, dejando la prometida “agenda bolsonarista” más en el plano del discurso que en el de los hechos.
Más allá de no haber podido llevar hasta los extremos su agenda de gobierno, Bolsonaro conservará recursos de poder clave en el gobierno que se avecina.
Como apunta correctamente Ignacio Pirotta: “Una vez en el poder, Bolsonaro mantuvo a grandes rasgos el giro pro mercado iniciado con Temer, pero con bastantes contradicciones. Avanzó con la reforma previsional (es posible que un gobierno de otro signo político también la hubiese aplicado), algunas desregulaciones, privatizaciones, flexibilización laboral temporal en el contexto de pandemia y aprobó la independencia del Banco Central. Mantuvo los precios de los combustibles atados a los precios internacionales y, aunque con notorias violaciones de hecho, mantuvo el techo de gastos. Pero tanto los precios de los combustibles como el techo de gastos fueron objeto permanente de cuestionamiento por parte del propio Bolsonaro, aunque sin decidirse nunca a cambiar realmente dichas políticas. Ello lo ha dejado en una posición de continuidad con el modelo y al mismo tiempo desconfianza por parte del mercado”.
En cuanto a la articulación social de las coaliciones, en principio todo indica que Bolsonaro constituyó una alianza de derecha perdurable, sostenida en capas pequeñoburguesas religiosas y fanáticas, que pivotea en la cúpula de las fuerzas armadas y en buena parte de la oficialidad. A esta articulación novedosa para la historia reciente del país se suma una clase media-alta antagónica en las grandes ciudades del sur, con capacidad de movilización y daño para el futuro gobierno. Con este esquema opositor deberá lidiar un Lula, por ahora, recostado en una clase trabajadora debilitada y en los votos históricos del nordeste.
Por este motivo, es lógico que el lulismo gire a la “moderación”, al punto de incorporar a la coalición electoral a sectores ultraconservadores. Es esta torsión un espejo de su nuevo clivaje social dominante.
El mapa electoral es claro. La geografía electoral que pintó la elección del domingo revela la fortaleza del lulismo en el norte del país (con eje en los estados de Pernambuco y Bahía, en donde Lula supera el 70% de los sufragios) y la debilidad en el sur más industrializado y rico. Como observamos, las demandas son de naturalezas diferentes: un nordeste pobre, donde se empuja a millones a la marginalidad y que mayoritariamente demanda ya lo mínimo (salud y comida), y un sur que añora su pujanza industrial, en donde habitan los sectores más pudientes refractarios históricamente a las transformaciones sociales. Insistimos, sin pretender desconocer otras variables, la desindustrialización estructural galopante de Brasil cambió de manera decisiva la dinámica electoral. Esto, como ha quedado expuesto, significa que el lulismo perdió la centralidad de los trabajadores industriales y, a contrario sensu, se hace más fuerte en el nordeste pobre sobre el segmento subproletario.
Son entonces las transformaciones estructurales de la sociedad, en especial la reprimarizacion y la precarización que supone, las que explican el lulismo, pero también revelan la aparición y la consolidación de un nuevo movimiento, que no es hijo de Facebook, Tik Tok ni Twitter, o de los efectos del “discurso de odio”, sino que, en rigor, es consecuencia de la historia ideológica de la derecha brasileña, fuertemente segregacionista y de racismo extremo. Es decir, la persistencia a lo largo de los años de una cultura de ultraderecha en parte extendida de la sociedad brasileña, a la que se agrega apenas como impacto lateral el fenómeno de redes. En ese orden.
Los daños del neoliberalismo son muy profundos y, en muchos casos, ya de larga duración. Su reversión por el lulismo y su coalición de centro moderado no está para nada clara.
Como señala Alejandro Marcó del Pont: “La decisión de Lula de designar al conservador Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente constituye, según Breno Alrmani, una estrategia que apunta a reemplazar el debate izquierda/derecha por la discusión democracia/neofascismo, mismo debate que se da en Europa y, que, seguramente se dará en la Argentina, donde la duda se encuentra del lado de la democracia. Aunque electoralmente conveniente, la incertidumbre sobre la posibilidad de lograr revertir las políticas neoliberales quizá sea el mayor interrogante”.
En síntesis, una vez que asuma Lula el primer día de 2023, gobernar y reconstruir Brasil, estragado por el neoliberalismo reprimarizador y con una coalición como la que lo acompañó en estas elecciones y con la nueva y extendida base electoral subproletaria como organizador central del apoyo al lulismo, será posible, pero a priori muy complicado.
Y será un reto muy complejo, pues aun con las “demandas atenuadas” de la nueva columna vertebral subproletaria del lulismo, en Brasil parece no haber lugar para nadie, ni los más carecientes, cuando sabemos que“o 1% mais rico no Brasil possui 49,3% da riqueza total”. Así están las cosas.
A partir del 1 de enero de 2023, el viejo joven Lula va a pilotear en medio de la tormenta. Horas de vuelo no le faltan; coraje le sobra.
*Director Consultora Equis .
** Doctor en ciencia política por la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.
