Diputados españoles aprobaron hoy el aforamiento del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, en una sesión express para blindar al monarca, a tan sólo tres semanas de haber abdicado al trono español. Si bien la protección entrará en vigor recién en julio, la familia real podrá relajarse de dos amenazas: el caso Nóos y los supuestos hijos extramatrimoniales de Juan Carlos I.
Por iniciativa del Partido Popular -y ante una oposición dividida por el alcance del aforamiento- Diputados aprobó dos enmiendas urgentes, que darán protección jurídica a las figuras clave de los Borbón.
Los “parches” del PP se sumaron a un proyecto de reforma del poder judicial, que será analizado por el Senado, aunque se descuenta una segura aprobación.
Según consignaron agencias internacionales, “atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el rey de España” la norma otorga al rey una protección que beneficia a los miembros del gobierno, congresistas, jueces y fiscales, por la cual toda causa civil o penal en su contra sólo puede ser juzgada por el Tribunal Supremo.
La enmienda abarca ahora “a la Reina consorte o al consorte de la Reina y a los Príncipes de Asturias, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado”.
Pausa. Pese a haber dejado el trono español, Juan Carlos gozará de los mismos beneficios que detentaba durante su reinado. Así, evitará un espinoso capítulo de la sucesión: las dos demandas de paternidad que la Justicia española ha congelado, precisamente, por la inviolabilidad del Rey.
En 2012, Albert Solá Jiménez e Ingrid Satiau presentaron una demanda ante los tribunales españoles, en la que aseguraron ser hijos de Juan Carlos de Borbón. El planteo es llamativo: según el análisis de pruebas de ADN realizado por el genetista Jean-Jacques Cassiman (Universidad de Lovaina), ambos tienen casi el 91 por ciento de probabilidades de compartir un mismo progenitor.
Según relata Solá Jiménez, nacido en 1956 en Barcelona y criado en una familia adoptiva, sería el primogénito de Juan Carlos I y una mujer con la que habría mantenido una relación oculta durante los años '50. Aunque insiste en que no le interesa acceder al trono, el hombre -que lleva siete años a la infanta Elena, hija mayor de Juan Carlos I y Sofía- solicitó en 2013 que se exhume el cadáver de don Juan de Borbón, abuelo paterno del rey Felipe VI, para realizar un examen de ADN.
La demanda fue rechazada, pero el caso debería revisarse el 9 de septiembre. No obstante, el aforamiento del monarca podría volver a complicar la causa. Esta semana, su abogado, Francesc Bueno, presentó ante la Audiencia de Madrid una muestra de ADN anónima -que ellos atribuyen a Juan Carlos I-y que coincide en un 99,9% con la de Solá.
La historia de Satiau es similar: su madre, Liliane Satiau, habría conocido al futuro rey de España en 1956 en Francia. La pareja se habría reencontrado diez años después en Luxemburgo.
Cerca. Los supuestos hijos del Rey no son la única preocupación. El avance del Caso Nóos, por el que están imputados la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín, podría salpicar directamente a Juan Carlos I, si se comprueba que él estaba al tanto de los desmanejos de fondos públicos realizados por los exduques de Palma.
Hoy, el juez que instruye en la causa, José Castro Aragón, confirmó la imputación contra Cristina, que queda cada vez más cerca de afrontar un juicio por delito fiscal y blanqueo.
El escándalo sumió a la familia real española en una crisis de imagen sin precedentes en ese país, que no sólo afectó al matrimonio Urdangarín, sino también a los reyes.
Castro considera que Cristina “colaboró activamente” con su esposo en maniobras de defraudación, acusado de haber malversado más de seis millones de euros provenientes de fondos públicos.
“Hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa”, consideró el magistrado.
En 2013, el exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres, indicó que “todo lo supervisaba la Casa Real”, en relación a la actividad de la entidad presidida por Urdangarín. Según indicaron diarios españoles, Torres “señala directamente al rey” Juan Carlos e incluso dieron a conocer correos electrónicos atribuidos a Urdangarin, que sugerían que el monarca apoyaba y seguía la carrera financiera de su yerno, actitud confirmada por la ex amante del rey, Corinne zu Sayn-Wittgenstein, en entrevistas periodísticas.
(*) Editora de Perfil.com
