El reclamo por la soberanía "legítima e imprescriptible” de las Islas Malvinas, como reza la Constitución, no debiera ser tragado por la grieta. Argentina necesita una política de Estado y hombres de Estado para que su reclamo prospere. Sin embargo, la política exterior pendular, que se sacude a bandazos con cada cambio de Gobierno, ha dañado y sigue dañando la posición argentina.
El último ejemplo de ello fue la interrupción de la cooperación pesquera anunciada recientemente por el canciller Felipe Solá. “Cuando llegamos a la Cancillería suspendimos un acuerdo de intercambio de información pesquera de las aguas del Atlántico Sur que el gobierno anterior había firmado con el Reino Unido. Habían disfrazado de cooperación científica una entrega de nuestros recursos estratégicos”, aseguró en su cuenta de Twitter. Esa nueva política no implica, per se, una mala decisión, aunque desconcierta su instrumentación, con críticas al gobierno anterior y un nuevo giro copernicano en el Palacio San Martín.
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La oposición cuestionó “el regreso a la política de enfrentamiento con el Reino Unido que no ha logrado ningún tipo de avance en doce años de gobierno kirchnerista”. Su diagnóstico también parte de postulados errados: el kirchnerismo no compitió siempre con el Reino Unido, sino que lo hizo recién a partir de 2005.
La cooperación pesquera entre Argentina y Reino Unido no comenzó con Mauricio Macri, ni se interrumpió por primera vez durante el gobierno de Alberto Fernández. El oficialismo y la oposición tienen, como los peces, una memoria corta. La sociedad, en cambio, debe poner los hechos en perspectiva para sacar conclusiones.
La disputa por los recursos ictícolas comenzó en 1986, cuatro años después de finalizada la Guerra, cuando aún estaban rotas las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. La premier británica Margaret Thatcher creó ese año unilateralmente la Falklands Interim Conservation Zone (FICZ), una Zona Económica Exclusiva de facto y sin reconocimiento internacional. Así, controló las actividades pesqueras en un radio de 150 millas alrededor de las Islas Malvinas y vendió licencias a los buques que quisieran pescar ahí. Aquella fue la primera crisis política seria de la posguerra. Argentina protestó en foros diplomáticos internacionales, pero decidió no desafiar militarmente la expansión marítima del Reino Unido.
La cooperación pesquera con Reino Unido comenzó en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem. Bajo la fórmula del paraguas de soberanía, los dos países restablecieron relaciones diplomáticas y decidieron cooperar en diversas áreas, entre ellas pesca, hidrocarburos y comunicaciones. Los Acuerdos de Madrid y la Declaración Conjunta para la Conservación de Recursos Pesqueros fueron las herramientas legales y diplomáticas para intercambiar información y estadísticas sobre la evolución de los stocks de las especies ictícolas, entre ellas el calamar. Los estudios del prestigioso Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) eran analizados en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, que se reunía dos veces por año –una en Londres y otra en Buenos Aires-.
El incentivo de Argentina para cooperar era restablecer las relaciones diplomáticas y, en el mediano plazo, discutir la cuestión de la soberanía, algo que finalmente nunca sucedió. “El hecho de que el Reino Unido ejercía jurisdicción de facto con exclusividad, impidiendo a la Argentina pescar y patrullar dichos espacios marítimos, impidió mayores progresos tanto en la cuestión de la conservación como sobre el fondo de la disputa”, admitió años después el ex vicecanciller Fernando Petrella en el libro Década de encuentro Argentina y Gran Bretaña 1989-1999.
Reino Unido, en tanto, buscaba legitimar su dominio sobre el archipiélago y el territorio marítimo circundante, consolidando su posición a través de los recursos obtenidos de la actividad pesquera. Además, Londres accedía a la información recabada por el INIDEP, garantizándose que Argentina no sobrepescara el calamar, que migra hacia el este, es decir, hacia las Islas, y es de vital importancia para su economía.
Felipe Solá conoce de primera mano la cooperación que hoy critica, porque al momento de la firma de los acuerdos era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que desempeñó entre 1989 y 1991 y, luego, entre 1993 y 1999.
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La pesca transformó económicamente a las Islas. Desde 1988, Reino Unido dejó de asistirlas financieramente, encargándose sólo de los gastos de Defensa, de importancia estratégica para garantizar la extracción de recursos naturales en el Atlántico Sur y proyectar poder hacia la Antártida. Hoy, el PBI per capita en Malvinas es superior a los 70 mil dólares, uno de los más altos del mundo.
Tras quince años de una modesta cooperación que no precipitó un avance en la discusión sobre la soberanía, Néstor Kirchner congeló en 2005 el intercambio de información. Para ese entonces, Reino Unido había avanzado con medidas unilaterales, como la venta de licencias pesquera por 25 años, rechazada por Cancillería. El Gobierno impulsó una política más asertiva y nacionalista, entendiendo que esa cooperación distribuía más ganancias relativas al Reino Unido que a la Argentina, fortaleciendo su control sobre las Islas.
La política exterior pendular reaparecería con Mauricio Macri. Sin extraer aprendizajes de lo que había sucedido entre 1990 y 2005, su Gobierno reanudó a fines de 2016 la cooperación. Mientras Menem logró el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, Cambiemos impulsó la cooperación pesquera a cambio de nada. En un comunicado, sus líderes sostienen que el cese de cooperación “afecta a la posibilidad de combatir más efectivamente la depredación de las especies ictícolas en el Atlántico Sur”, sin reconocer que la pesca ilegal en las Islas contribuye a esa depredación. Al mismo tiempo, cita la identificación de soldados caídos, una causa humanitaria que contó con la mediación de Cruz Roja Internacional, como el resultado de su política de diálogo. ¿Qué tiene que ver la evolución del stock de calamar con aquella iniciativa?
En conclusión, Argentina cooperó 18 años con Reino Unido (entre 1990 y 2005, en primer término, y entre 2017 y 2019, en segundo término) y compitió durante diez años (entre 2005 y 2015). Ninguna de las dos políticas permitió un avance en el reclamo por soberanía.
Para salir de este péndulo, Argentina necesita diseñar una política exterior consistente y sin cambios radicales. El canciller y la oposición no debieran transformar una causa nacional en una disputa de consumo doméstico y electoral. Lo más fructífero sería sentarse a acordar consensos básicos, sin repetir errores del pasado; y aumentar las capacidades estatales para fortalecer el reclamo, con más recursos para que la Armada y Prefectura ejerzan jurisdicción sobre la Zona Económica Exclusiva. Las leyes que el Gobierno propone serán sólo una declaración de intenciones si no garantiza su cumplimiento.
Para que la posición argentina gane fuerza, también debe solucionar su crisis de deuda, retomar el crecimiento económico, y construir liderazgo en la región. Sin eso, Malvinas seguirá siendo tan sólo una utopía, agitada cada tanto en la aburrida e insípida grieta parroquial.
