Asumió en 2012 con la promesa de sanear la política mexicana y refundar la lucha contra el narcotráfico. En dos años, logró reparar la confianza de los inversores internacionales en su país. Pero, desde fines de septiembre, 2014 se convirtió en el annus horribilis de Enrique Peña Nieto.
Los problemas empezaron hace casi dos meses, con la desaparición de los 43 estudiantes secuestrados en el estado de Guerrero por un grupo narco, en complicidad con la policía local. Y siguieron con la ineficiente respuesta del gobierno federal a su primera crisis de gestión. Esta semana, se amplificaron por la decisión del presidente mexicano de no suspender una gira oficial de siete días por China y Australia pese al estado de convulsión en el que se encuentra México. Por si fuera poco, la prensa reveló en simultáneo que su esposa tiene una mansión de siete millones de dólares que está a nombre de un contratista del Estado.
Incluso los medios internacionales se han hecho eco del mal momento que atraviesa el mandatario. Luego de que The New York Times publicó días atrás que Peña Nieto “fracasó” en el combate al narcotráfico, The Economist lanzó ayer un artículo titulado “De mal en peor”, en el que afirmó que los últimos pasos dados por el jefe de Estado “complicarán los esfuerzos del señor Peña Nieto para convencer a los mexicanos de que es capaz de hacer cumplir el Estado de derecho”.
Organismos defensores de los derechos humanos consideran que la reacción del Poder Ejecutivo frente al secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa fue tardía y sólo motivada por la presión internacional, tal como señaló a este diario el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz. Al mismo tiempo, las familias de las víctimas cuestionan el hecho de que la Fiscalía General haya aceptado como información certera la confesión de dos sicarios que dijeron haber ejecutado a los normalistas en un basural antes de incinerar sus restos y arrojarlos al río, pese a que aún no hay pruebas que confirmen esa versión.
Si la situación ya era delicada a principios de noviembre, esta semana pasó a ser grave. En la madrugada del domingo, mientras cientos de manifestantes prendían fuego la sede del PRI en Guerrero y ex miembros de grupos guerrilleros amenazaban con volver a las armas, Peña Nieto se subió a un avión y desde entonces no regresó a su país, lo que fue considerado como una “irresponsabilidad” por los padres de los jóvenes.
Viajó primero a China para una visita de Estado, y desde allí se trasladó ayer a Australia para la cumbre del G20. La gira, en principio prevista para diez días, fue reducida a siete por “la preocupación de seguir atendiendo los temas que hoy nos duelen”, según voceros del gobierno. Sin embargo, en México se especula con que el cambio se produjo para evitar la necesidad de pedir autorización al Parlamento, como se requiere para viajes presidenciales de más de una semana.
La partida de Peña Nieto a China coincidió con la publicación de un informe en el sitio de investigación Aristegui Noticias en el que se reveló que la primera dama, la ex modelo Angélica Rivera, posee una mansión valuada en siete millones de dólares, en Ciudad de México, que figura a nombre del dueño de una empresa que ha ganado múltiples licitaciones públicas con el actual gobierno y durante el mandato de Peña Nieto como gobernador del estado de México.
El dato se conoció apenas unos días después de que el gobierno cancelara de manera abrupta un proyecto de 3.700 millones de dólares para construir un tren de alta velocidad que había otorgado a un consorcio de capital chino y que incluía a una firma ligada a la empresa que posee la escritura de la casa. Aunque voceros oficiales han insistido en que “la señora Rivera es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles”, la sospecha de un conflicto de intereses se ciñe sobre Peña Nieto en su momento de mayor debilidad.
Forenses argentinos
Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, aseguró ayer a la agencia Télam que si no hubiera sido por la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en las investigaciones para hallar e identificar posibles restos de los normalistas, se hubiera “cerrado el caso”. Mora agregó que los familiares tienen aún esperanzas de encontrar vivos a los jóvenes.
El EAAF fue convocado por las familias de las víctimas para colaborar de manera independiente con los peritajes para encontrar a los jóvenes. Hasta ahora, ninguna de las piezas óseas halladas por los antropólogos argentinos en fosas clandestinas pertenece a alguno de los 43 desaparecidos, según los resultados de los análisis. De todos modos, el EAAF sigue con la búsqueda.
