La violencia en Río de Janeiro parece estar fuera de control. En el primer trimestre de 2018, hubo 1846 asesinatos, entre ellos el de la concejal Marielle Franco. Según el gobierno de Michel Temer, la joven militante del Partido Socialista (PSOL) habría sido ejecutada por miembros de las “milicias”, grupos paramilitares integrados por policías retirados y en actividad.
La alta cifra de homicidios simboliza la “tasa de letalidad violenta”, que incluye homicidios dolosos, robos seguidos de muerte, lesión corporal seguida de muerte y homicidios en enfrentamientos con la policía. En ese rubro hubo 363 víctimas fatales, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de esa ciudad.
En diálogo con PERFIL, José Mariana Beltrame, secretario de seguridad de Río de Janeiro entre 2007 y 2016, afirmó que la crisis política y ecónomica “impactó en la seguridad pública, que demanda mucho presupuesto y trabajo”. El ex funcionario fue el creador de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que promovió el gobierno carioca en las favelas de la Cidade Marvilhosa, para disputar el territorio a los grupos de narcotraficantes. Esa iniciativa logró bajar los índices de criminalidad, reduciendo la tasa de letalidad de 7699 muertes en 2007 a 5010 en 2015.
—¿Por qué ahora hubo un rebrote de la violencia en Río de Janeiro?
—Hasta 2016 el programa funcionó muy bien, pero luego comenzaron algunos problemas. Lo que aconteció y lo que el gobierno no dice y debería decir no fue un problema del programa de UPP. Lo que falló fue el gobierno y el Estado de Río de Janeiro, que entraron en una crisis política y financiera sin precedentes. El programa lo sintió así como lo sintieron los programas de salud, de educación, y todas las políticas públicas. Quebró el Estado, el gobernador fue encarcelado, hubo seis meses de atrasos de salarios a empleados públicos.
—¿Cómo evalúa la decisión de Temer de intervenir militarmente Río?
—La intervención, en mi opinión, debería ser una intervención federal en Río. Y dentro de una intervención federal, ahí sí una intervención militar. Pero ocurrió una intervención solamente militar, que para mí no traerá buenos resultados, porque es una intervención de muy poco tiempo y con problemas serios a nivel financiero. En diciembre, los militares se irán y devolverán el problema a las fuerzas policiales locales. La situación no mejoró tras la intervención. Temo que esto sea una cuestión política, considerando que el gobierno federal tiene muy baja popularidad.
—¿Se puede pacificar una favela con policías y militares fuertemente armados?
—No son cosas contradictorias. En el caso de Río de Janeiro había favelas donde funcionaba otro Estado, un Estado paralelo, con señores de las armas y una violencia que en un Estado democrático no existe. Allí, no había democracia propiamente dicha. Cuando se habla de pacificación con policía armada, lo que significa es que la policía entra para ocupar aquel territorio y devolvérselo a sus verdaderos dueños, que son los vecinos. La policía no es la solución del problema, sino que es parte de la solución del problema. La policía está para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
