Si el Acuerdo Final de paz prospera, uno de los grandes interrogantes en Colombia será definir cómo se insertarán las FARC en la vida política, ante la disyuntiva que sus líderes vayan a la cárcel o al Congreso. Aún no está definido cómo será el partido que la guerrilla funde una vez que deje las armas. Lo que sí está estipulado es que su congreso fundacional se celebrará “a más tardar” en mayo de 2017, donde se conocerán la plataforma y las bases de la agrupación que aspirará a tomar el poder a fuerza de votos y ya no de balas.
En una entrevista concedida esta semana a Radio Caracol, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, eludió contestar si será candidato a presidente en 2018 en caso de aplicarse el Acuerdo Final. “No le metamos más miedo a la gente”, le pidió a Darío Arizmendi, conductor del ciclo Hoy por hoy. Timochenko será uno de los líderes de ese nuevo movimiento político, que podría hacer una gran alianza de izquierdas con otros dirigentes, como la ex senadora Piedad Córdoba –rehabilitada esta semana para postularse a cargos electivos, tras un proceso de la Procuraduría General del Estado–, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y el ex alcalde de Bogotá y guerrillero del M19, Gustavo Petro.
En diálogo con PERFIL, Cepeda admitió que podría votar en consonancia con los futuros senadores de las FARC. “Tienen unas raíces campesinas y agrarias muy fuertes. Su ingreso en la política implicará la reivindicación del campesinado y la lucha frontal contra la pobreza y la corrupción. Si presentaran un proyecto de ley que tuviera finalidades y objetivos que coinciden con lo que yo pienso, no tendría problemas en apoyarlo”, aseguró.
Hay un antecedente histórico de las FARC incursionando en política. Se trata de la Unión Patriótica, la fuerza de izquierda creada en 1985 durante las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur. Esa aventura, sin embargo, terminó de la peor manera. Alrededor de 3.500 de sus dirigentes fueron exterminados por paramilitares, narcotraficantes y agentes de seguridad del Estado. Iván Márquez, integrante del secretariado de las FARC, fue uno de los congresistas de la Unión Patriótica. Ahora, podría ser uno de los dirigentes que se sienten en las diez bancas que el acuerdo contempla –cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes–. Márquez confesó que aún no definieron el nombre que adoptará la nueva fuerza política: “Estamos escuchando propuestas que nos llegan de los frentes guerrilleros”.
Estrategia. Gabriel Angel, guerrillero y asesor de Timochenko, despejó algunas de las claves sobre el futuro político de las FARC: “No poseemos vocación de perdedores, nuestra meta es organizar y movilizar la población colombiana para arrebatarle el poder político a la clase que lo ha detentado durante siglos, a fin de crear un país democrático, justo y próspero en el término más corto posible”. El plan para lograrlo es convocar una Asamblea Constituyente.
Pero la victoria del “No” en el plebiscito puso en tela de juicio los términos de la participación política del grupo armado. El ex presidente Alvaro Uribe reclamó que los acusados por crímenes de lesa humanidad no se puedan postular a cargos electivos. Al mismo tiempo, pidió que purguen sus delitos en la cárcel. Según Timochenko, “sería un exabrupto revivir una discusión que llevó un año y medio”. Para las FARC, la receta de la paz es cambiar “balas por votos”, tras más de cincuenta años de lucha armada.
‘The New York Times’ pidió que Uribe no bloquee la paz
El diario The New York Times publicó ayer un duro editorial en el que instó al ex presidente de Colombia Alvaro Uribe a empezar a comportarse como un “hombre de Estado” y tener un “papel constructivo” para no bloquear la paz en su país.
Además, calificó la campaña por el “No” al plebiscito como “hiperbólica y engañosa”. Esa iniciativa fue liderada por Uribe, máximo opositor a los acuerdos.
Alerta de la ONU
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada instó ayer a Colombia a adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los casos de desaparecidos sean asumidos desde el inicio por la jurisdicción judicial ordinaria y no por la Justicia militar. El pasado 6 de octubre, Colombia fue sometida al escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada, que alertó que “le preocupa la información recibida acerca de que muchos de los casos denominados ‘falsos positivos’, calificables como ejecuciones extrajudiciales que encuadran en la definición de desaparición forzada de la Convención, se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar”.
Los “falsos positivos” fueron campesinos pobres abatidos por el ejército a los cuales se hizo pasar como guerrilleros. Por ese entonces, Uribe era presidente y Santos, ministro de Defensa.
