Luego del bochorno que se vio esta semana en la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para convocar cuanto antes a elecciones legislativas con la expectativa de que el llamado a las urnas acentúe las divisiones que existen en la oposición. En el antichavismo hay diferencias profundas sobre la conveniencia de participar o no en un proceso electoral en cuyas garantías casi nadie confía. La grieta opositora es una amenaza latente para el liderazgo del presidente legítimo de la Asamblea, Juan Guaidó, quien recobró su protagonismo con los últimos incidentes, pero enfrenta el riesgo de volver a desinflarse pronto.
En el chavismo aspiran a que las elecciones previstas para 2020 se celebren lo antes posible, probablemente antes de mitad de año. “Los diputados opositores eligieron una nueva directiva de la Asamblea Nacional, para lo cual garantizamos toda la seguridad −tuiteó Maduro luego del escándalo en el Parlamento−. En la mesa de diálogo nacional, construiremos las garantías electorales, rumbo a unas elecciones legislativas que serán un éxito democrático y político”.
En realidad, la nueva directiva de la Asamblea había sido votada con el apoyo de un grupo de la oposición que había negociado con el chavismo, mientras otra fracción mayoritaria, encabezada por Guaidó −a quien unos cincuenta países consideran “presidente interino” de Venezuela−, denunciaba desde afuera del edificio que las fuerzas de seguridad no permitían su ingreso. Al día siguiente, Guaidó finalmente pudo acceder al hemiciclo, donde fue reelecto como presidente del cuerpo legislativo por un año con el respaldo de la mayoría. Pese a eso, el diputado Luis Parra, quien había sido proclamado durante la primera sesión a la que Guaidó no había podido entrar, sigue arrogándose hoy la presidencia de la Asamblea.
La situación no solo configura una nueva anomalía para las instituciones venezolanas: también refleja un cambio en la estrategia chavista respecto de la Asamblea, único poder del Estado controlado por la oposición. Hasta hace pocos meses, el gobierno de Maduro le negaba lisa y llanamente sus funciones constitucionales, y solo reconocía al engendro alternativo de la Asamblea Nacional Constituyente. En septiembre pasado, sin embargo, los diputados chavistas volvieron a presentarse en las sesiones parlamentarias, y desde entonces tejieron acuerdos con legisladores “disponibles” de la oposición, acusados de traidores y corruptos por sus ex colegas.
El gobierno llegó al 5 de enero confiado en que tenía los votos para desplazar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea, pero le fallaron los números. Terminó empujando la sesión hacia un mamarracho total. El saldo positivo fue para el líder opositor: volvió al centro de la escena con halo de heroísmo y logró alinear otra vez detrás suyo a la mayor parte de la oposición.
Guaidó venía en baja. Las encuestas muestran que, desde su intento frustrado de tomar el poder en abril pasado, perdió varios puntos porcentuales de apoyo popular y provocó desencanto en sectores de la población que esperaban de él resultados más concretos. Los eventos de esta semana le dan nuevo oxígeno, pero habrá que ver cuánto le dura.
“Este triunfo puede ser efímero: ahora se premia a Guaidó por la épica de la defensa de su oposición, pero dentro de un mes se verá que lo que finalmente consiguió es apenas lo que ya tenía: la presidencia de la Asamblea −dijo a PERFIL el analista político venezolano Luis Vicente León, director de la consultora Datanálisis, desde Caracas−. ¿Cuánto tardará en reaparecer el excepticismo? Guaidó necesita convertir oportunidad en acción para no desvanecerse otra vez”.
En ese marco, el chavismo evalúa que golpear a Guaidó es ahora o nunca. Cuanto antes haya elecciones legislativas, más difícil será para la oposición llegar a una postura unitaria acerca de si participar o no. Un fracaso en ese punto resultaría durísimo para Guaidó. “La oposición no tránsfuga se divide entre radicales totalmente en contra de participar en las elecciones y moderados que saben que no hay garantías, pero consideran que no se puede desaprovechar ningún tablero de lucha para producir un momentum de cambio”, explicó León. “No importa quién tiene razón: el reto titánico es que ambos sectores consensúen una posición única”.
Guaidó proviene de Voluntad Popular, una fuerza que se opone a ir a las urnas mientras gobierne Maduro. Sin embargo, el líder se automarginó de su partido y se asumió como una especie de mediador entre las distintas facciones opositoras para llegar a un consenso. De su lado, el chavismo se dispone a llamar pronto a elecciones. El conflicto que causó en la Asamblea le ofrece la excusa para acelerar el proceso. A través de su número dos, Diosdado Cabello, ratificó esta semana que va en ese camino. Toda una paradoja: el llamado a las urnas como mejor tiro de un gobierno despreocupado desde hace rato por la legitimidad democrática.
Caracas pierde voto en la ONU
Una decena de países, entre ellos Venezuela, perdieron su derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas o quedaron bajo amenaza de perderlo, debido a las deudas acumuladas en sus contribuciones obligatorias al presupuesto, anunció el viernes un vocero del organismo.
“Diez miembros acumularon moras y caen bajo las previsiones del artículo 19º de la Carta de las Naciones Unidas”, indicó Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.
El artículo 19 establece una suspensión del voto en la Asamblea General a los países cuya mora sea “igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.
Los diez países afectados son “República Centroafricana, Comoras, Gambia, Líbano, Lesotho, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Tonga, Venezuela y Yemen”, precisó Dujarric.
El artículo también prevé que la Asamblea General de la ONU puede autorizar a los Estados miembros a mantener su derecho al voto “si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas” a su voluntad.
