Del 2 de julio pasado a la fecha, la Alta Comisionada Michelle Bachelet constató una ola de actos represivos en Venezuela que oscurecen medidas de pacificación, como 110 indultos a presos políticos, y la liberación de otros 40. Denunció nuevas violaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, generando un agrio debate, en el que opinaron algunos países latinoamericanos. Venezuela tomó nota de las “preocupaciones” de Bachelet, a las que “daremos respuesta en su debida oportunidad”.
Los hechos puestos en evidencia por la ex Presidenta de Chile mencionaron la “represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y las pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”. Las redadas ocasionaron “la muerte de dos manifestantes, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad”, sin dejar no obstante de consignar que “el ministerio público inició investigaciones para clarificar tales hechos”.
Al respecto Bachelet aprobó las recientes detenciones e imputaciones de varios miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), caratulados como “grupos paramilitares” al amparo del Estado, por los órganos de la ONU en materia de derechos humanos que han solicitado su disolución. Se responsabilizan a las FAES que “tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia”, presentando lo sucedido en tanto fruto de “un enfrentamiento”.
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A su vez atrajo poderosamente la atención que en medio de las conversaciones del gobierno con sectores de la oposición, de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre venidero, los 6 enviados a Venezuela del cuartel general de Bachelet en Ginebra, para constituir una oficina permanente en Caracas, hayan contabilizado “711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 desde enero de 2020”, tratándose de “jóvenes en barrios marginados”, luctuoso “resultado de operativos de seguridad”.
Bachelet añadió “restricciones a la libertad de expresión”, incluyendo “la aplicación de la legislación contra el odio, ataques en contra de” militantes humanitarios, “y agresiones y detenciones de periodistas”. Advirtió su preocupación por “el discurso estigmatizador de algunas autoridades”, que responsabilizan a los migrantes venezolanos que se reintegran al país, “de introducir la COVID-19”, cuando vuelven “por cruces irregulares”. E insistió en que el gobierno del Presidente Maduro “continue con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos”.
Entre tanto, para los detenidos políticos que prosiguen encarcelados, Bachelet reclamó mejoras sustantivas de sus “condiciones de salud, acceso al agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”. Consideró que la propagación del coronavirus agrava la situación en los centros de detención, donde “el 33% de las víctimas mortales son del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales”. A este panorama “se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria”. Apuntó que “la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 % en julio de 2020”, y “que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia”, y dejan “de comer para que otro familiar pueda hacerlo”.
En este contexto, Bachelet volvió a criticar “la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel”, que pueden empeorar “la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”. Reiteró entonces su “llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”.
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Entre los países de la región, destacaron las consideraciones formuladas por los integrantes del llamado Grupo de Lima, constituido por Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Valoraron que “los derechos y las libertades fundamentales de los venezolanos y las venezolanas son violados cotidianamente”. Dijeron tener “motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad”, es decir a consecuencia de un ataque masivo y sistemático contra la población civil, que ha causado alrededor de 6000 muertes, cifra avalada por las distintas investigaciones de la ONU. Manifestaron que “las fuerzas del orden cometen … ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas temporales, detenciones arbitrarias y tortura. Todo ello con el conocimiento, la aprobación y la guía de los más altos niveles políticos”. Uruguay, que coincidió en lo esencial con las anteriores expresiones, concluyó “que no ha existido voluntad sincera del Gobierno venezolano de entablar un dialogo real ni acciones concretas que permitan avanzar hacia el retorno al Estado de derecho y a una democracia plena en Venezuela”.
Inclemente, el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, desestimó la criticas procedentes de los países de la región que tendrían “abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos”. Los acusó de tergiversar “la verdad de lo que realmente sucede en el terreno”, y le endilgó a la Alta Comisionada “evidentes fallas metodológicas”, en su presentación, y la utilización de “información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela”. El caso, será arbitrado a comienzos del próximo mes de octubre por el voto de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que forma parte Venezuela, llamado a resolver si se prolonga por dos años, o no, la “misión de establecimiento de hechos” sobre lo acontecido en Venezuela desde el 2014 en adelante, compuesta por tres expertos independientes internacionales.
En Ginebra, Juan Gasparini, periodista, acreditado en la ONU.
