Ni el papa Francisco logró que Nicolás Maduro diera marcha atrás con la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, cuya ceremonia de apertura se celebró ayer en Caracas pese a un pedido de último momento del Vaticano para que el gobierno venezolano evitara o suspendiera una iniciativa que, en opinión de la Santa Sede, “más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro”.
El Vaticano era hasta ahora uno de los pocos actores internacionales de peso que mantenía cierta equidistancia frente al chavismo y la oposición. Sin embargo, en el comunicado de ayer ejerció una presión explícita sobre el gobierno de Maduro: “La Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también la vigente Constitución”.
El texto también hizo “un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”; y señaló la “profunda preocupación” del Papa “por la radicalización y el agravamiento de la crisis en Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y de los detenidos”. El Vaticano volvió a exhortar a las partes a crear “las condiciones para una solución negociada” ante la debacle política, económica y social que atraviesa el país.
Inflexible. Nada de eso bastó para torcer los planes del oficialismo, pese a que el chavismo siempre dijo valorar el punto de vista de Francisco. Los 545 delegados de la Constituyente asumieron ayer sus bancas en una salón del palacio legislativo donde suele sesionar el Parlamento, de mayoría opositora. El edificio había sido ocupado el miércoles pasado por la Guardia Nacional Bolivariana para asegurar el desarrollo del acto. La ex canciller Delcy Rodríguez fue electa como presidenta de la Asamblea. La ceremonia de inauguración estaba prevista originalmente para el jueves, pero Maduro la postergó 24 horas. Tampoco así logró evitar que ésta coincidiera con las protestas de la oposición, que ayer volvió a manifestarse con piquetes en las principales ciudades del país.
La Constituyente nace con casi nula legitimidad de origen. A los cuestionamientos iniciales por el hecho de que Maduro la haya convocado mediante un decreto presidencial –y no por vía de un referéndum popular, como hizo Hugo Chávez en 1999– se sumó esta semana una denuncia de SmartMatic, la empresa que proveyó la tecnología para la votación de los asambleístas y que trabaja con el gobierno venezolano desde 2004, que afirmó que las autoridades electorales manipularon las cifras de participación ciudadana e inventó al menos un millón de votos. Decenas de países han advertido que no reconocerán como válidos los resultados de la Asamblea.
Además de Rodríguez, en la primera fila de los nuevos asambleístas se mostraron la primera dama, Cilia Flores, y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien días atrás anticipó que la Constituyente podría eliminar la inmunidad judicial para los legisladores del Parlamento y que podría reformar por completo la Fiscalía General de la República. Esa oficina pertenece hoy a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una histórica funcionaria chavista que rompió con Maduro y se convirtió en el símbolo de las fisuras internas que dividen al oficialismo.
En su discurso de apertura, la ex canciller Rodríguez volvió a arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos, al que el chavismo sigue responsabilizando por la crisis venezolana. También cuestionó a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la que acusó de haber “bendecido los tambores de la guerra”. No hubo, sin embargo, alusiones al duro comunicado del Vaticano.
