Mientras el gobierno venezolano anuncia la liberación de 379 detenidos tras la nueva Ley de Amnistía sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa preso desde hace más de un año.
“La ley es bastante restrictiva en el sentido que excluye un gran grupo de personas”, explicó Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en una entrevista con DNews. Para el abogado, el caso de Gallo no encaja siquiera en la lógica de la amnistía: Ante la arbitrariedad, no corresponde una amnistía, sino una liberación inmediata. “Gallo es simplemente un rehén extranjero que fue detenido sin justificación alguna. No es necesaria una amnistía para liberarlo, como tampoco fue necesaria para excarcelar a más de 450 personas desde el 8 de enero hasta ahora”.
El propio Foro Penal informó que entre el 8 de enero y el 18 de febrero fueron liberados 448 detenidos por causas políticas sin que mediara una ley de amnistía. Ese dato introduce un elemento central: si el Ejecutivo ya había dispuesto excarcelaciones sin respaldo legislativo específico, la permanencia de Gallo no respondería a un impedimento jurídico sino a una decisión política.
Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia para reunirse con su familia. Fue acusado de estar vinculado a supuestos “planes terroristas”. La OEA calificó su arresto como arbitrario y denunció violaciones al derecho internacional.
“Exigimos una vez más la libertad inmediata de Nahuel Agustín Gallo. Han pasado 440 días sin escuchar su voz, sin una llamada, 440 días de angustia, de noches interminables, de un hijo que pregunta y espera. Nos hablan de paz y de reconciliación… pero la paz verdadera empieza por la libertad y por la verdad”, escribió el sábado por la mañana su mujer María, en redes.
La actual Ley de Amnistía excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, por ello la acusación vinculada al terrorismo es otro de los bloqueos para que el gendarme argentino sea liberado.
Excepciones. La ley excluye de la amnistía los delitos graves: violaciones a los derechos humanos, homicidios, narcotráfico, corrupción y hechos vinculados a acciones armadas contra el Estado o la soberanía nacional. El artículo fija su alcance: abarca todos los delitos y faltas cometidos entre el 1° de enero de 1999 y la entrada en vigencia de la ley – 27 años en total–. Sin embargo, el artículo 8 detalla con mayor precisión los períodos de tiempo en los que se produjeron las detenciones y, su sumatoria ronda los 12 años. Esa diferencia temporal, junto con las exclusiones expresas para delitos vinculados a la seguridad del Estado y el orden público, limita el universo de beneficiarios y deja fuera los casos encuadrados bajo acusaciones de terrorismo, como el de Gallo.
Mientras tanto, otros ciudadanos argentinos sí recuperaron la libertad. El gobierno de Javier Milei confirmó esta semana la excarcelación de Roberto Baldo y, días antes, la de Gustavo Gabriel Rivara. El canciller Pablo Quirno exigió además la “inmediata liberación” de Gallo y de Germán Giuliani, a quienes calificó como “ilegalmente detenidos”.
Giuliani es un abogado argentino que llegó a Venezuela en abril del año pasado por motivos laborales y comerciales. Fue detenido en mayo en Caracas acusado de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo” y, hasta donde se sabe, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II. Su familia asegura que fue detenido por hablar con acento argentino. Luego de permanecer incomunicado durante varios meses, pudo contactar a su familia e informar su locación.
Durante una conferencia de prensa que se realizó en el Centro Venezolano Argentino, en Buenos Aires Virginia Rivero, esposa de Giuliani, pidió que la amnistía beneficie a todas las personas privadas de su libertad sin distinción de nacionalidad.
Son más de 50 los extranjeros detenidos en Venezuela.
