El jueves 20 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó que el proceso de recolección del 20% de firmas del padrón electoral para activar el referendo revocatorio quedaba pospuesto hasta una nueva instrucción judicial, alegando que se detectaron fraudes en la previa recolección de firmas en cuatro estados. Con esta quedaría en suspenso el proceso revocatorio del presidente y la posibilidad de que abandone el cargo convocando a nuevas elecciones presidenciales en 2017, abriendo la posibilidad de que, si el referéndum triunfa, el presidente sea sustituido por el vice-presidente hasta el final del período.
El ejecutivo venezolano ha pospuesto asimismo las elecciones regionales que debían realizarse en el 2016, y ha aprobado el presupuesto del año 2017 sin que éste pasara por la Asamblea Nacional, recurriendo a un decreto de Estado de Excepción Económica y a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia para justificar esta medida anti-constitucional, como parte de una larga lista de acciones que buscan desconocer la Asamblea Nacional electa democráticamente y bajo el control de una mayoría de la oposición. La intencionalidad de éstas últimas medidas es clara – impedir que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones constitucionales y restarle espacio político a la oposición.
Es evidente, asimismo, que, frente a la crisis económica que enfrenta Venezuela, el gobierno intenta ganar tiempo con la expectativa de que los precios internacionales del petróleo suban y la impopularidad del gobierno pueda ser mitigada a través de una nueva inyección de fondos provenientes de la renta petrolera. No es casual en este marco el viaje fulminante del Presidente Maduro a Medio Oriente y la noticia de que el empresario Oswaldo Cisneros está queriendo invertir U$D 1.000 millones a través de la empresa mixta PetroDelta en la que también participa PDVSA.
La reciente liberación del dirigente de Voluntad Popular, Francisco Márquez y del excandidato presidencial y exgobernador del estado Zulia Manuel Rosales, es interpretada por algunos analistas como una señal de que, sin embargo, los canales de diálogo con la oposición no están del todo cerrados, y que Rodríguez Zapatero está logrando algunos avances en la generación de un diálogo entre ambas partes. Otra lectura posible es, no obstante, que Maduro cede parcialmente con el propósito de alivianar la presión internacional, manteniendo sin embargo su estrategia de posponer o suspender la convocatoria del referéndum revocatorio con lo cual responde a las expectativas y presiones de los sectores más duros del PSUV y de las fuerzas armadas.
Por otra parte, en el plano internacional, el Secretario General de UNASUR Ernesto Samper – considerado como un aliado del gobierno - se acerca a cerrar su ciclo dentro de la organización regional y seguramente será reemplazado el año próximo por un nuevo secretario con mayor sintonía con el nuevo mapa político de la región. Es así que el rol de la comunidad internacional se vuelve aún más relevante, ya que los próximos meses prometen ser críticos en Venezuela. Será necesaria una acción regional que presione al gobierno venezolano, para limitar sus avances autoritarios y obligarlo a dialogar sea por medio de Zapatero, del Vaticano o cediendo ante algunas demandas de la oposición como el referéndum revocatorio. Hasta ahora los países de la región han sido relativamente cautelosos en calificar a Venezuela en términos de una ruptura del orden democrático de acuerdo a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos o al Protocolo de Ushuaia de MERCOSUR, organizaciones ambas que, sin embargo, han ejercido una fuerte presión regional sobre el gobierno de Maduro.
En este marco, las posibilidades de diálogo entre gobierno y oposición pueden verse reforzadas, no obstante, por un nuevo factor. En este sentido, la elección de Arturo Sosa Abascal como nuevo superior de los jesuitas no debe ser obviada. Venezolano, doctor en ciencias políticas y de la misma orden que el Papa Francisco, el “papa negro” podría jugar un rol clave en Venezuela, en el marco de los movimientos del Vaticano para propiciar un diálogo entre ambas partes. Es significativo que en su primera rueda de prensa como líder de los jesuitas, Arturo Sosa explicó que ni el Gobierno ni la oposición “tienen un plan” para resolver la actual situación en Venezuela y aseguró que el modelo rentista que encabezó Chávez y ahora Maduro no es sostenible, pero que la “oposición venezolana, tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país”.
En suma, el diálogo entre gobierno y oposición probablemente requiera no sólo alguna forma de acuerdo político sino, fundamentalmente, un acuerdo económico que permita sacar a Venezuela del marasmo de la crisis humanitaria que está viviendo.
*Analistas internacionales
