Pacto con Irán y Hotesur-Los Sauces: qué se sabe sobre las causas que acechan a Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se realicen los juicios orales por las causas en las que está imputada la vicepresidenta. Asociación ilícita, lavado de dinero y la acusación de encubrimiento del más grave atentado terrorista ocurrido en el país.
CFK. “La vicepresidenta es reacia a judicializar las decisiones económicas”. |
NA
Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. No así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia. En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.
Esto es lo que se sabe de las causas:
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La causa iniciada en noviembre de 2014 por una denuncia de la exdiputada opositora Margarita Stolbizer busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron en el marco de sus cercanías con el kirchnerismo.
Durante la instrucción de la causa Hotesur, en julio de 2016 Ercolini dispuso embargar preventivamente las sumas de 4.664.000 dólares que estaban en una caja de seguridad abierta a nombre de Florencia Kirchner y 1.032.144,91 de la misma moneda y 53.280,24 pesos en cajas de ahorro.
En mayo de 2018, el juez Julián Ercolini imputó a Cristina Kirchner alegando que ella y sus hijos realizaron actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, vía "Hotesur", la empresa familiar propietaria de hoteles en El Calafate.
La acusación se basaba en que los empresarios Báez, López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles de los Kirchner como una suerte de "retorno" por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado.
La justicia dijo que los Kirchner formaron "un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado", precisó el fallo publicado.
Según la acusación, Cristina Kirchner "diseñó, ejecutó y dirigió" ese esquema y otras personas "crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera económica y contable en la que intervinieron con diferentes roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos".
En cuanto a los empresarios acusados, la justicia señaló que "diferentes operaciones comerciales e inmobiliarias con el propósito de organizar el mecanismo de lavado de activos y de que los ex presidentes contaran con los fondos para adquirir los hoteles y las propiedades que serían puestos a disposición de la maniobra".
Como parte del procesamiento, el juez también ordenó un embargo de los bienes de Cristina Kirchner por 800 millones de pesos. Ella respondió denunciando que sufría una "persecución" por parte del Gobierno de Mauricio Macri.
En octubre de 2018, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de su hijo y entonces diputado nacional Máximo Kirchner su hermana Florencia, en todos los casos con multimillonarios embargos de sus bienes.
Cristina Fernández de Kirchner.
La Sala I del tribunal también confirmó, entre otros, los procesamientos de Lázaro Báez, su hijo Martín, la sobrina de la ex presidente, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares (detenido hace un año) y Osvaldo Sanfelice, sindicado como socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
El caso fue elevado a juicio en febrero de 2019. Según el juez los acusados obtenían el dinero "a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz".
En noviembre 2021, la justicia consideró que la causa carecía de sustento para ser elevada a juicio oral y ordenó el sobreseimiento de la expresidenta junto a sus dos hijos, Florencia y Máximo, además de Báez, Martín Báez, Osvaldo San Felipe y Alberto Leiva, entre otros acusados.
La hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner, permanece sobreseída en la causa dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas "ella tenía doce años", por lo que el proceso judicial ordenado este 18 de septiembre involucrará a Cristina y Máximo.
"Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años", sostiene el fallo.
Firmado en secreto en Etiopía en enero 2013, aprobado luego por el Congreso Nacional, el Memorándum de Entendimiento fue un acuerdo del gobierno de Cristina Kirchner con la República Islámica de Irán para esclarecer el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos.
El pacto contemplaba que oficiales argentinos de justicia pudiesen interrogar sobre el caso a una decena de imputados iraníes, entre ellos al exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani y el exconsejero cultural iraní en Argentina Moshen Rabbani.
El proceso judicial se inició en el 2015, después de que el entonces fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusara a Kirchner, en aquel momento presidenta, y a varios de sus funcionarios, de haber pactado con la República islámica para encubrir a los iraníes acusados como responsables del atentado.
Nisman sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos.
En su acusación, el fiscal dijo que al firmar el memorando, Cristina Kirchner estaba tratando de exculpar a ex funcionarios iraníes, buscados internacionalmente, a cambio de beneficios comerciales.
Días después, horas antes de ser interpelado en el Congreso Nacional, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien, un caso que conmocionó al país.
Cristina Kirchner defendió el acuerdo con Teherán como una herramienta legal para avanzar en la investigación de un hecho que, casi 30 años después de ocurrido, no hay detenidos ni condenados.
El Tribunal Oral Federal 8 en octubre de 2021 sobreseyó a todos los acusados -incluido el fallecido excanciller Héctor Timerman- por inexistencia de delito.
Atentado a la AMIA.
La decisión de los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini incluía al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.
El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador en Rusia Eduardo Zuain, a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, a los dirigentes sociales Luis D'Elía, y Fernando Esteche, a Jorge Khalil y al exagente Héctor Bogado.
"El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito", dijeron en aquel fallo los jueces.
"El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional", agregaron los jueces del TOF.
Por ello "no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento", enfatizaron.
"Desde que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán no entró en vigencia y desde que nunca existió entre la República Argentina y la República Islámica de Irán un estado de guerra, es posible deducir que ninguna de las conductas aquí enrostradas son susceptibles de encuadrarse en las figuras de traición", concluyó el Tribunal sobre el delito de "traición a la Patria" que también se barajó en el caso y quedó descartado.
Pero la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA apelaron y desde entonces reclamaron que se haga el juicio oral.
"Los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN ), justifican la invalidación de la resolución recurrida", se sostuvo en el fallo de este 18 de septiembre sobre esta causa.
"Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa", agrega el documento.
