El especialista en Derecho, Félix Lonigro, opinó que “es preocupante que haya funcionarios que digan con tanta liviandad que un fallo no se tiene que cumplir”. Además, el letrado afirmó, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "si el Gobierno no cumple el fallo, sería un mal desempeño en el ejercicio de la función pública, que es causal de juicio político".
¿Cuál es la situación en este conflicto entre la Corte y el Gobierno?
Lo que está pasando es un típico ejemplo de que la gente, por más que sea temas que no les gusten, deben entender. Es grave que un gobierno sugiera que un fallo no se tiene que cumplir. Ya es grave que el Presidente opine sobre un fallo, aún cuando le sea adverso.
En un sistema republicano, el presidente tiene que tener la prudencia de no opinar sobre los fallos de la Corte. Peor aún si dice que no se va a cumplir un fallo.
Los tres órganos del gobierno tienen distintas potestades y cada uno las ejerce con sus instrumentos. El Congreso usa leyes, el Gobierno usa decretos y la Justicia usa sentencias, pero no se entromete en otro órgano cuando declara la invalidez de una norma, que es justamente lo que está llamada a hacer.
No es verdad que haya un conflicto de poderes por el fallo de la Corte. El conflicto de poderes surge cuando alguien decide no cumplir con lo que dice la Justicia, no cuando declara la nulidad de una norma emanada de un órgano político.
En este caso, la Corte no resolvió una cuestión de fondo, sino una medida cautelar, no le dio la razón a nadie en la cuestión de la coparticipación federal. Lo que hizo, tardíamente, es concederle a la Ciudad una cautelar que se pidió cuando inició el reclamo. Decir que, mientras se estudia el caso, quede todo como está.
El Gobierno sale a decir que hay un Poder Judicial politizado, es un delirio. Esto no es un buen ejemplo para la sociedad. Porque si el Gobierno no cumple los fallos, por qué un ciudadano debería tener que respetar las normas.
Una disputa en el límite de la constitucionalidad
Algunos dicen que esta situación coloca al país fuera del Estado de derecho. Otros plantean que lo que hizo el Gobierno fue apelar y que eso todavía está dentro de la legislación. ¿Qué opina usted?
Todo lo que se dice acerca de no cumplir los fallos de la Corte, como los consejos de Capitanich y otros dirigentes, son “fuegos de artificio”, nadie lo escribió.
Lo que se dijo oficialmente es que el Gobierno se va a defender procesalmente, va a interponer un recurso de revocatoria para que la corte revea en función de sus argumentos. Es un derecho procesal que tiene el Gobierno. Recusar también es un derecho, pero está fuera de término.
El Gobierno todavía no se ha salido del cauce de las instituciones, pero es preocupante que haya funcionarios, como Jorge Capitanich, que digan con tanta liviandad que un fallo no se tiene que cumplir.
Con respecto a lo que dicen, los argumentos que usa el Presidente para descalificar el fallo son falaces. Dice que es “incumplible”, porque no contempla de dónde sacar el dinero. Cuando el Gobierno concede planes y demás no les pregunta a los movimientos sociales de dónde sacar la plata, los concede y punto. Fútbol para Todos salió así, no estaba en el presupuesto.
El Gobierno habla como si en la Argentina los presupuestos fueran normas estrictas que no permiten sacar ni un peso de un destino para asignarlo a otro.
Gravedad institucional
Si el Tribunal contesta en una semana que no acepta ningún otro planteo, ¿qué otra instancia se abre en ese caso?
Es seguro que, si se plantea un recurso de reconsideración, la Corte lo va a rechazar. Nunca vi que la Corte admitiera un recurso de reconsideración, salvo que existiera en la sentencia un error material, un error grave, pero este no es el caso. La recusación también se va a rechazar porque vencieron los plazos.
El Gobierno tendrá que cumplir con esta medida cautelar, págandole a la Ciudad de Buenos Aires un monto que no es el mismo que le pagaban antes, que es 3,50%. Cautelarmente, la Corte puso un monto intermedio. El recurso de revocatoria no suspende la ejecución de la cautelar. Por más que el Gobierno intente la revocatoria, Horacio Rodríguez Larreta puede iniciar mañana un proceso de ejecución.
Si el Gobierno no cumple el fallo, sería un mal desempeño en el ejercicio de la función pública, que es causal de juicio político. Aunque es muy difícil que se llegue al juicio político, porque se necesita un quórum en el Congreso que la oposición no tiene.
También habría una responsabilidad penal, porque el Gobierno estaría incurriendo en dos delitos: artículos 230 y 239 del Código Penal, que castigan a aquellos que no cumplen órdenes emanadas de autoridades en ejercicio de sus atribuciones. Son tres aspectos. La ejecución procesal de la medida cautelar, la responsabilidad política, y la responsabilidad penal.
Si el Gobierno no cumple con el fallo podría iniciarse un juicio, como el de “Dólar Futuro” contra Cristina Kirchner, que dure dos o tres años. Pero aún así, desde el punto de vista fáctico, el Gobierno podría no cumplir el fallo hasta el cambio de gobierno el 10 de diciembre del 2023.
Sí, claro. Podría pasar eso, y que se inicie un proceso de ejecución, que generaría embargos sobre las cuentas y bienes del Gobierno. Sería más rápido que un proceso penal y que un proceso de juicio político, pero habría que hacerlo todos los meses, porque permanentemente está obligado el Gobierno a aportar.
Perfil le hizo un juicio al Gobierno de Néstor Kirchner por discriminación en la pauta oficial. Lo ganamos en la Suprema Corte de Justicia, y sin embargo el Gobierno nunca lo cumplió, siempre encontrando un mecanismo para apelar nuevamente.
La cultura de que en Argentina todo se puede incumplir sin consecuencias es lo que nos hace estar en el estado en el que estamos. En este caso, creo que el Gobierno de la Ciudad podría iniciar un proceso de ejecución, y en dos o tres meses estar embargando cuentas. Desde el punto de vista penal y político, muy probablemente esto no tenga consecuencia alguna.
FM JL
