El 5 de diciembre de 1975 Lindy Sue Biechler salió de su trabajo en una floristería de Lancaster (al noreste de Estados Unidos), cobró un cheque e hizo las compras. En algún momento del atardecer, mientras guardaba los víveres, alguien entró a su casa. Horas después la encontraron con un cuchillo clavado en el cuello y heridas de 19 puñaladas.
La investigación arrojó pocos indicios: por las huellas dactilares, el asesino era un hombre. Aunque se había recuperado una muestra de ADN, no hubo identificaciones positivas. En 1997 apareció un sospechoso, David Sinopoli, pero el cerco recién empezó a cerrarse en 2020, cuando la experta en genealogía genética Cece Moore descubrió que Sinopoli -que había vivido en el mismo edificio que Biechler- tenía ascendencia en el pueblo calabrés de Gasperina.
Muy pocos residentes de Lancaster al momento del crimen presentaban la edad, el género y el árbol genealógico consistente con los del sospechoso. Con esa información y un par de retratos que recreaban su posible aspecto, las autoridades lo siguieron hasta el aeropuerto de Filadelfia. Buscaban una muestra de ADN para compararla con la evidencia hallada en la casa de Lindy. Cuando Sinopoli desechó una taza de café, cometió el error que había evitado durante 45 años. Las muestras coincidían y el asesino fue arrestado. La justicia había llegado.
Mujeres y niñas frente a la ciencia y la tecnología
Entre desapariciones y femicidios
La ciencia argentina también ayudó a administrar justicia tras años de impunidad. “El país ha sido pionero absoluto en el uso de la tecnología de ADN para garantizar los Derechos Humanos”, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, fundamental para restituir la identidad a más de 130 niños y niñas nacidos en cautiverio durante la dictadura, recuerda Gustavo Sibilla, coordinador del proyecto GENis, un software que permite contrastar perfiles genéticos obtenidos en escenas de crímenes o desastres, aumentando las probabilidades de individualización de delincuentes, desaparecidos o víctimas de siniestros.
“Sin embargo, esta tecnología no se aprovechaba para la administración de justicia local”, lamenta. “Recién en 2013, con el crimen de Ángeles Rawson, los legisladores entendieron que el ADN podía contribuir a resolver el problema de la reincidencia de los agresores sexuales”, un registro genético que se formalizó con la Ley 26.879. Pero pasaron cuatro años más, hasta el caso Micaela García en 2017, para que se reglamentara. Hoy sólo tres provincias comparten su información con la base de datos del Ministerio de Justicia, mientras sigue pendiente un debate sensible sobre la ampliación del registro a delitos como homicidios, femicidios y lesiones graves.
Mientras tanto, GENis -un software abierto construido por expertos en ciencia de datos, genética, criminalística, inteligencia artificial y bioética- ya funciona en 20 jurisdicciones nacionales y en el Ministerio Público de la Ciudad de México, una oportunidad para ampliar la cooperación hacia un posible registro latinoamericano de genética forense. Esa decisión, plantea Sibilla, fortalecería el combate de más delitos transnacionales, como la trata de personas. Otra forma de hacer justicia de este lado del mundo.
BL PAR
