El acuerdo bilateral firmado entre la Argentina y Estados Unidos –el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés)– reabre una discusión central: si los países del Mercosur pueden avanzar unilateralmente sin afectar los compromisos que sostienen al bloque.
No es una discusión ideológica. Es institucional. El interrogante es concreto: ¿este acuerdo es compatible con los acuerdos fundacionales del Mercosur?
En la última sesión del Parlamento del Mercosur se aprobó una resolución que, entre otros puntos, solicita elevar una consulta al Tribunal Permanente de Revisión (TPR). La decisión no fue menor: buscó encauzar por vía institucional un debate que difícilmente sea impulsado por los Estados, dadas las tensiones políticas actuales del bloque.
El punto no es técnico, es político. El Mercosur no es solo un esquema comercial: es un proyecto de integración que supone reglas comunes, entre ellas una política comercial compartida frente a terceros países. Si cada miembro negocia por su cuenta acuerdos de esta magnitud, el bloque pierde coherencia.
El contenido del ARTI refuerza la necesidad de revisión. Como es de público conocimiento, el acuerdo establece un número significativamente mayor de obligaciones para la Argentina que para los Estados Unidos, incluyendo compromisos arancelarios que deben analizarse en detalle. No se trata de rechazarlo de antemano, sino de evaluarlo dentro del marco regional vigente.
Ahí entra el TPR, el órgano encargado de interpretar el derecho del Mercosur. Su intervención no implica judicializar la política, sino ordenar la discusión. Sin embargo, desde su creación ha sido poco utilizado para resolver situaciones complejas. Justamente por eso, este caso exige su participación.
En la última sesión en Montevideo, el representante de Paraguay ante el Mercosur fue claro: el TPR debe fortalecerse. Y no hay mejor forma de hacerlo que recurriendo a él.
El Parlamento del Mercosur tiene, en este contexto, un rol específico. Los Estados difícilmente impulsen un litigio y los particulares no tienen acceso directo. El Parlasur queda como el canal institucional disponible para activar el mecanismo consultivo.
Existen antecedentes. En el caso del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur –tras más de veintiséis años de negociación– el propio Parlamento Europeo, en su carácter de órgano representativo homólogo, impulsó su revisión en instancias jurídicas antes de su avance definitivo. Si eso es válido en Europa, también lo es para asegurar que los acuerdos bilaterales en nuestra región no vulneren los compromisos comunes.
Lo que está en juego no es solo el vínculo con Estados Unidos. Es la consistencia del Mercosur como proyecto: mantener el regionalismo y la soberanía como opción. Utilizar sus instituciones para ordenar estas tensiones no es un obstáculo, sino una condición para que el bloque siga teniendo sentido.
*Legislador del Parlasur.
