La violencia es una realidad diaria para las mujeres. Ya sea física, sexual o psicológica, la mujer es objeto de ella de manera desproporcionada dentro de la sociedad. Con el objetivo de declarar que toda mujer tiene el derecho de vivir una vida libre de todo tipo de violencia, en 1994 la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión Interamericana de Mujeres, firmó el primer tratado continental centrado en esta problemática: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Belém do Pará. La Argentina se adhirió en 1996 por medio de la ley 24.632. Sin embargo, donde fuimos de vanguardia, podemos quedar estancos por fuertes presiones basadas en un relato que no se condice con lo que fácticamente se impulsa.
Este miércoles, la Cámara de Diputados intentaba sumar un nuevo capítulo, tardío, a la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre nosotras. En dicha sesión, estaba incluido en el temario el proyecto que elevaba la Convención a rango constitucional y, de ese modo, garantizar que los derechos y lineamientos para políticas públicas allí consagrados sean permanentes y queden más protegidos de los cambios de gobierno. Sin embargo, esto no fue posible, ya que no llegó a ser tratado, primando dejar las cosas como están, con la posibilidad de salir del convenio con una mayoría circunstancial en el futuro.
El proyecto, que figuraba en el temario de la sesión como Orden del Día 377, parecía contar con el aval de todo el espectro político, lo que reflejan las más de 57 firmas, de todos los partidos, que acompañaron los diversos proyectos de ley que impulsaban la propuesta. Durante el transcurso de las horas, el punto fue pospuesto en la agenda y, hacia el final de la misma, terminó no tratándose porque no se alcanzaban los 2 ⁄ 3 de los votos necesarios para aprobarla.
Surge entonces la pregunta de quién puede estar en contra de garantizar de forma firme el derecho pleno de las mujeres a ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto, en un entorno libre de violencia y discriminación. Una violencia, vale aclarar, que no se supera simplemente por suscribir convenios, pero solidifica la posición de un país respecto a ellos. En un contexto de persistencia en las diferencias en ámbitos que van del laboral al social, donde es claro que las mujeres son víctimas de una violencia sistémica, institucional e histórica, sin tener que señalar tasas de femicidios que no declinan, dejar fuera del rango constitucional un acuerdo que brega por respetar y proteger derechos humanos, es difícil de comprender. Lo hace aún más difícil cuando en la misma sesión se alcanzó hacer lo mismo con los derechos humanos de la tercera edad. Derechos para unos y bloqueo siempre para las mismas.
En el ardid del debate público, en estos últimos días, hubo mucha desinformación respecto de las consecuencias de darle solidez al convenio. Se habló de caballos de troya, cuando la Argentina ya es parte del convenio hace casi 30 años. Se dijo también que el comité de expertas, encargado de hacer el seguimiento de las políticas de los Estados firmantes, posee injerencias indebidas en las legislaciones nacionales; otra falsedad, porque solo emite recomendaciones, e impracticable, ya que no es la naturaleza del acuerdo. También se mencionó que atenta contra la objeción de conciencia y libertad de creencias, igual de falso ya que ambas cosas son entendidas, explicitadas y protegidas como derechos en el propio texto. Para sembrar falsedades siempre dispuestos, para los avances, riegan las dudas.
Belém do Pará hace foco en levantar problemas comunes y visibilizar conflictos que vivimos las mujeres en todas las sociedades y viene a cuestionar de dónde surgen: plantea que la violencia no puede ser entendida como individual y privada sino como histórica y estructural, producto de siglos de socializar en una cultura donde las mujeres han sido colocadas en un segundo plano. Al involucrarnos a todos como producto de la vida colectiva, es el Estado quien debe actuar. El Estado resulta responsable por acción u omisión.
Es importante dejar en claro que lo que se presentaba al debate del Congreso no era la ratificación de la convención, sino su estatus. Darle rango constitucional significa mostrar que como sociedad nos pusimos de acuerdo que esto es lo que queremos ser y hacer, una sociedad que no tolera una desigualdad más, un maltrato más ni una muerte más. Y que esa voluntad no es producto de una circunstancia. Sino un pacto persistente a través del tiempo.
Tomando en cuenta las fuentes que se manifestaron, sólo queda concluir que las heridas aún abiertas sobre el debate y resultado de la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la implementación de educación sexual integral se vuelven a colar y obstruyen el ingreso a la Constitución Nacional de una afirmación tan básica como ser que las mujeres tenemos derecho a llevar adelante una vida plena, en igualdad, y que el Estado debe actuar para prevenir, investigar, castigar y reparar los casos de violencia. Esto es un pedido objetivo, sustentado actos de violencia en datos, números donde hacerse los distraídos no camina. Para muestra, un botón; a octubre 2022 de los 8373 morosos de cuota alimentaria registrados en CABA, 8273 son hombres, casi el 99% de los casos. Esta inequidad se detalló en el debate del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos, ley aprobada contundentemente con 225 votos positivos, los mismos que le faltaron a Belem do Pará. Toda una contradicción, causa y efecto contenidos en unas horas.
La lucha de las mujeres por la igualdad conoce lo que es el esfuerzo y el sacrificio. Por décadas se luchó para que seamos ciudadanas plenas y tuviéramos derecho a votar, otros tantos años llevó alcanzar la patria potestad o el divorcio vincular y 13 años de debate legislativo tomó que el aborto sea una practica amparada y regulada por la ley. Vamos a seguir intentando por este convenio. Nuestra lucha por los derechos sabe que con paciencia, docencia e insistencia, al final hay recompensa.
* Politóloga y política argentina de la Unión Cívica Radical, que se desempeña como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2019.
