Después de retornar el 30 de marzo a su país, procedente de Orlando (EE.UU) donde se había refugiado poco antes de concluir su mandato, al ex presidente Jair Bolsonaro le esperan días turbulentos. Creyó que su retorno galvanizaría a sus seguidores, y que masas de manifestantes irían a llevarlo “en andas” al arribar al aeropuerto de Brasilia. Pero nada de eso sucedió. Y estos días enfrenta un primer juicio, que podrá clausurar cualquier intento de candidatearse para las elecciones municipales brasileñas, de fines de 2024. Peor aún, en el proceso cuyos resultados se conocerán la última semana de abril, todo indica que se tornaría “inelegible” en las presidenciales de 2026 y en las de 2030.
De hecho, la justicia electoral brasileña se prepara para ejecutar la vendetta contra el ex mandatario, que durante sus cuatro años de gobierno fustigó violentamente a los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) y al Tribunal Superior Electoral (TSE). Los magistrados no olvidaron algunas de las expresiones insultantes del entonces presidente, quien llegó a decir que bastaban “un sargento y un soldado para clausurar la Corte Suprema”. Tampoco podrán omitir las amenazas que Bolsonaro profirió contra miembros de esa Corte, especialmente contra Alexandre de Moraes, quien ejerció la titularidad del tribunal electoral durante los comicios del año pasado. Lo cierto es que el destino del ex gobernante recuerda, de alguna forma, al vivido hace 90 años por Al Capone, el mafioso y asesino estadounidense finalmente encarcelado no por causa de sus crímenes sino por evadir impuestos.
La nueva vida de Bolsonaro: de presidir Brasil a dar discursos en Estados Unidos
Hay 16 causas contra Bolsonaro en la justicia electoral. Pero curiosamente, en este proceso, lo que motivó al Ministerio Público a pedir su inelegibilidad para cargos fue una reunión transmitida en vivo por la TV Pública. Se trató de la cita presidencial con embajadores de distintos países, durante la cual el ex gobernante dijo que veía irregularidades graves en el proceso electoral de su país. En ese encuentro cuestionó, ante los diplomáticos extranjeros, la seguridad de las urnas electrónicas que, según dijo entonces, ya habían sido “víctimas” del hackeo. Algo que el entonces presidente nunca pudo probar.
La investigación que la fiscalía electoral le entregó el miércoles último a los jueces, consiste en una serie de consideraciones para impedir que Bolsonaro vuelva a participar en lo que resta de su vida en una competencia electoral. Esa medida, de ser convalidada como sentencia, se basaría en tres acciones del ex presidente que según los magistrados contrarían la legislación actual: “Hay abuso de autoridad y de poder político, como también uso indebido de los medios de comunicación”.
“Creemos que el sentimiento dentro de las Cortes superiores las lleva a respaldar esa conclusión, tomando la decisión de condenar al ex mandatario también como una respuesta institucional a los ataques golpistas del 8 de enero”, refrendaron especialistas de la Academia Brasileña de Derecho Político. Vale recordar que aquel domingo de enero, una semana después de la asunción de Lula da Silva, miles de manifestantes bolsonaristas ocuparon el Palacio del Planalto (la casa de gobierno), las instalaciones del Congreso nacional y la sede de la Corte. Y con actos vandálicos, destruyeron todo lo que encontraban a su paso.
La Procuración General Electoral evaluó que fue el discurso del ex presidente, que ya se encontraba en territorio norteamericano, “provocó la insurrección de parte de la población contra el sistema electoral”. El subprocurador general Paulo Gonet sostuvo que “es notorio” el surgimiento de campamentos en las puertas del Cuartel General del Ejército, en las proximidades del predio del Ejecutivo nacional. “Esas personas estaban convencidas que las elecciones habían sido fraudulentas. Todavía están muy presentes y nítidas las imágenes de ese domingo 8, con la destrucción y violencia en la Plaza de los Tres Poderes”. De acuerdo con el fiscal Gonet, “las críticas del entonces presidente de la República apuntaban al no reconocimiento de los resultados electorales, por no ser confiables ni legítimos”.
En su vuelta al redil político brasileño, Jair Bolsonaro fue “contratado” por el Partido Liberal, que le alquiló una casa en Brasilia y le concedió además de un salario de 6.000 dólares. El proyecto era mantener viva la imagen presidencial bolsonarista, con la apuesta de retornar al poder en cuatro años; pero ese plan ya no tiene futuro.
