Hace unos días Javier Milei se expresó en contra de la obligatoriedad de la educación básica, arrojando un conjunto de ideas vacías, sin sustento, ni fundamento sólido, lo que demuestra un profundo desconocimiento del Estado argentino, sus bases constitucionales, los compromisos legales y las razones detrás de los sistemas públicos vinculados al ejercicio de derechos fundamentales de la población, como la educación.
Que la educación actual no sea buena, que consideremos que podemos tener una mejor o que pensamos que nuestro pueblo se merece otra calidad educativa, no habilita al desatino de proponer vouchers o referirse a la obligatoriedad de la educación básica, cual revólver en la cabeza de niñas, niños o adolescentes.
Los liberales que organizaron el Estado nacional, lo hicieron sobre la base de un Estado de Derecho, federal, democrático y republicano que desde mediados del siglo 19 garantiza derechos a la ciudadanía, dentro de esos compromisos, se encuentra el reconocimiento al derecho a la educación, en la Constitución Nacional, que establece en su Art. 14, al “derecho a enseñar y a aprender”, definición que hizo que la educación sea una herramienta potente para la consolidación del proyecto nacional, ya que es un instrumento para la construcción de ciudadanía y nacionalidad. Por eso solemos decir que lo que conocemos como Argentina, nació en las aulas a partir de la Ley 1.420 y su legado de educación primaria común, gratuita, laica y obligatoria.
La misma Constitución, fija en el actual artículo 75, en su inciso 19° que corresponde al Congreso de la Nación: “…Sancionar leyes de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales....”.
Cómo no aplazar a Milei por esas expresiones carentes de rigor y contexto
La jerarquía constitucional del derecho a la educación en estos términos, obliga al Estado a garantizar la organización del sistema que permita el desarrollo de esos derechos ciudadanos, debiendo gozar de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Lo indelegable del compromiso, hace que el Estado sea responsable en todo momento y en todo el país, de la educación pública estatal con estas características.
En ese marco, la equidad importa una verdadera obligación de hacer al Estado, para que la garantía la igualdad de oportunidades y de trato, sea efectiva, atendiendo al pluralismo y a la diversidad de situaciones.
Es decir, la Carta Magna como punto de encuentro y consenso fundamental del pueblo argentino, expresa acuerdos básicos que tiran por tierra arrebatos delirantes en contra de derechos ciudadanos sobre los cuales, este país se formó y consolidó, permitiendo que una vez fuera de avanzada en su lucha contra el analfabetismo.
Pero por si eso fuera poco, estos preceptos educativos también están constitucionalmente garantizados por un conjunto de tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Esta comprensión otorga al derecho a la educación el carácter de derecho humano, pero también de bien público, lo que impide que sea considerada un bien de mercado. Sí, la educación en Argentina tampoco puede ser objeto de lucro, no se puede vender, al igual que los órganos o los niños.
Cuestionamientos de este tipo desnudan ignorancia y profundo desprecio por la Constitución, y por lo tanto al Estado de Derecho, ese que juran cumplir y hacer cumplir en las asunciones de cargos públicos.
Cómo no aplazar a Milei por esas expresiones carentes de rigor y contexto, en especial, porque uno aspira a que la dirigencia tenga ideas serias sobre un sistema como el educativo, que involucra a millones de personas entre estudiantes, docentes y no docentes, pero especialmente a familias, que esperan y precisan propuestas educativas superadoras y que vayan de la mano con lo legal, posible y necesario para el desarrollo del país.
*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
