¿Se puede conciliar el hecho de que Cuba sea una dictadura y que celebre elecciones? Definitivamente. La literatura politológica ha dejado claro que las elecciones no son exclusivas de regímenes democráticos, e incluso que los regímenes autocráticos, en búsqueda de legitimidad ante actores internos y externos, celebran elecciones.
En nuestra región tenemos distintos casos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, tres autocracias que periódicamente llevan a cabo procesos electorales, pero en un contexto de restricción de la oferta electoral, criminalización de la disidencia, persecución a los medios independientes y control de la autoridad electoral.
El caso de Cuba es aún más particular ya que se trata de un régimen constitucional de partido único. Mientras en Venezuela participan los “alacranes” y en Nicaragua los “zancudos”, calificativos que se les da en estos países a los partidos satélites o colaboracionistas, en el caso de Cuba esto no hace falta ya que la Constitución establece que no hay otro partido más que el Partido Comunista de Cuba (PCC), al que describe como "fuerza motriz superior de la sociedad y el estado".
Este 27 de noviembre se celebraron las elecciones a delegados municipales (ver reporte de DemoAmlat). En ellas las personas solo podían refrendar las candidaturas que el PCC seleccionó. Esta instancia es el filtro fundamental al sistema de representación político de la Isla. Aunque los candidatos no son oficialmente nominados por el PCC, no pueden ser electos sin su beneplácito.
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Las elecciones municipales operan a nivel de base y es la instancia en la que, en teoría, los ciudadanos tienen más capacidad para hacer oír su voz. Estas elecciones tienen una instancia previa de selección de candidatos, las llamadas asambleas de nominación: en reuniones de vecinos se eligen, a mano alzada, los candidatos para presentarse como delegados para las asambleas municipales.
Aunque existe en apariencia un proceso electoral abierto, libre y justo a nivel municipal, es solo una fachada, ya que al celebrarse las nominaciones a mano alzada, las organizaciones de masas y la seguridad del Estado impiden la postulación de personas independientes u opositoras (ver video).
Ante la naturaleza autocrática de estos comicios, distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto en Cuba como en el exterior, invitaron a los ciudadanos a abstenerse de votar, o en su defecto, a votar nulo o en blanco.
El fenómeno abstencionista en las elecciones viene incrementándose desde el 2013. Antes de ese año, los porcentajes de participación superaban el 90% y hasta el 95%, dato que usaba el régimen cubano para vender legitimidad tanto al exterior como al interior de la Isla. Pero en los últimos 10 años la participación empezó a mermar paulatinamente. En las municipales de 2013 la participación fue de 90%, en las de 2015 fue de 88,30%, en las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de 2018, la participación fue de 85%, mientras que en el referendo para la aprobación de la nueva Constitución en 2019 la participación fue del 84%.
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Pero esta tendencia se profundizaría en el referendo del Código de las Familias celebrado el 25 de septiembre de este año, en el que el 26% de los electores habilitados se abstuvieron de votar, que sumado al rechazo del 33% por parte de quienes sí votaron, deja ver que cerca de un 50% del padrón electoral no apoyó la postura oficial.
Durante la jornada de este domingo las organizaciones que monitorearon la elección aseguraron que la participación fue aún más baja que en septiembre, por lo que se trata de la más alta abstención registrada desde las primeras elecciones de la era Castro en 1976.
Ante la falta de competencia multipartidaria, la ciudadanía se abstuvo activamente como rechazo al modelo político.
Esto también fue registrado por el Consejo Electoral Nacional (CEN), que anunció las cifras de participación más bajas desde la llegada de los Castro: 68,58%. Del total del votos emitidos, el 89% fueron válidos, el 5,22% en blanco y el 5,67% nulos. Por lo tanto, estaríamos ante una histórica abstención del 31%, que sumada a los votos nulos y en blanco (promovidos por la oposición), expresaría el rechazo de casi el 40% de los electores habilitados.
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Si bien comparado con la región, se trata de un porcentaje de participación promedio e incluso medio alto, como se puede ver en el gráfico, en las elecciones municipales de 2017 la participación fue 20% superior (89%), y si nos vamos a la de 2013, fue del 94% de los electores habilitados (casi 30% más).
Aunque los datos emitidos por el CEN son incontrastables y no hay garantía de que sean fidedignos, muestran un declive en la participación.
En vistas de que tanto periodistas como activistas reportaron una abstención mucho mayor que en el referendo del Código de las Familias, y que las cifras anunciadas por el Consejo Electoral Nacional son incontrastables ante la falta de controles cruzados y observación electoral con garantías, Transparencia Electoral exhortó al CEN a permitir una auditoría independiente que garantice que los resultados anunciados son fidedignos.
Esta histórica abstención en un contexto de represión, con más de mil presos políticos que siguen siendo juzgados bajo cargos de sedición por el solo hecho de manifestar, persecución al activismo y a las organizaciones que buscaron monitorear el proceso electoral, es una respuesta política a la falta de pluralidad de un sistema que constitucionalmente establece que solo puede existir un partido y una ideología. Ante la falta de alternativas, solo queda la abstención.
Jesús Delgado Valery. Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral / Coordinador de DemoAmlat @JesusDValery / @TransparenciaAL / @DemoAmlat
