¿Cuáles son las razones que hacen que, a menos de quince días de las elecciones provinciales, los tucumanos no sepan si se realizarán los comicios o si el gobernador de Tucumán, podrá o no podrá ser candidato, violentando la Constitución a su antojo?
La respuesta a este derrotero electoral la resume una máxima perteneciente a Francisco Carrara: “Cuando la política traspasa la puerta de los tribunales, la justicia huye temerosa por la ventana para volver al cielo.
Esta frase pareciera haberse inspirado en la crisis institucional a la que han conducido la Provincia los más de 35 años de gobiernos justicialistas.
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Dicha crisis institucional también arrastró al Poder Judicial al extremo de que, la candidatura de Juan Manzur fue avalada por la Corte Suprema Provincial (compuesta por ex fiscales de Estado provinciales), a instancia de un vergonzoso esfuerzo argumental e interpretativo que hizo nacer, de una prohibición constitucional expresa, una complaciente autorización electoral.
Para ello se utilizó la vía del amparo por sobre la acción declarativa de certeza y sin siquiera una declaración de inconstitucionalidad. Es decir, sin importar la forma ni las vías procesales adecuadas, la Constitución provincial -interpretada por la Corte de Tucumán-, dice y autoriza lo que el texto no dice ni contempla.
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De igual modo, se ha postulado -mediante amparo-, la declaración de inconstitucionalidad del artículo que ordena efectuar las elecciones provinciales dos meses antes de la finalización de los mandatos, e igualmente, se ha dispuesto una autorización abierta y sin límites, para adelantar las elecciones provinciales alejándolas de las elecciones nacionales sobre las que se sospechan resultados adversos para el oficialismo.
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En suma, la política tucumana a instancia de las necesidades electorales oficialistas, se ha llevado puesta y ha cargado con la organización judicial de la provincia y la propia Constitución.
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Así, ha obtenido legitimaciones y autorizaciones de supuestos de hecho no previstos por la Constitución y las leyes procesales, para hacerse de ventajas electorales no previstas por la ley.
Al decir de Carrara, en Tucumán la política se ha introducido en los tribunales, y la Justicia temerosa ha abandonado los juzgados, hoy usurpados por la dependencia y subordinación absoluta al poder político.
Tales excesos político-institucionales que bastardean la Constitución provincial actualmente se encuentran en conocimiento y resolución de la Corte Suprema de la Nación, último bastión al que se ha encomendado la institucionalidad republicana de la provincia de Tucumán y que, en definitiva, deberá poner blanco sobre negro y ordenar el proceso electoral de una provincia que se arma y desarma, en atención a las necesidades del oficialismo provincial.
* Ex legislador provincial de Tucumán (Unión Cívica Radical)
