En nuestro país, y desde hace años, los gobiernos argentinos definieron atender las situaciones de marginalidad social otorgando diferentes modalidades de subsidios, algunos dinerarios y otros en especie. Como corresponde, esos subsidios requieren de ciertas contraprestaciones de las personas que los reciben.
La realidad está demostrando que los desembolsos de esos subsidios han crecido en forma constante, que el estado no ha podido controlar la efectiva contraprestación de los beneficiarios, como, por ejemplo, exigir que los niños asistan a la escuela, y lo que es peor y más trágicos que esos subsidios no llegan en forma directa a los beneficiarios, sino que son muchas veces manejados por punteros políticos o las mismas organizaciones sociales que usan esos fondos con otros fines.
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Uno de los problemas es que ese gasto monumental es ineficiente porque está mal administrado. Los niveles de pobreza han estado creciendo en forma impresionante y en la actualidad superan el 40 %. Los gobiernos son testigos pasivos que a pesar de aumentar los subsidios, no disminuyen los niveles de pobreza.
El otro problema es que como parte de esos subsidios son “atrapados” por los que manejan las organizaciones sociales de toda índole y los punteros políticos, ese dinero sirve para pagar las manifestaciones que permanentemente aparecen en la avenida 9 de julio, en Casa de Gobierno o en el Congreso Nacional como puntos críticos.
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Sin pandemia, hasta ese despropósito era casi tolerable en aras de una supuesta paz social. El grave problema actual es que esas manifestaciones necesitan de personas que se juntan sin distancia social, sin vacunas, exponiéndose al contagio de Covid-19. Gente de mediana edad cargando niños que son movilizados por las mismas organizaciones sociales que reciben subsidios y que financian en definitiva que la gente se contagie. Al aire libre es menor la posibilidad de contagio, pero uno los ve llegar en trenes, ómnibus, colectivos, camiones y combis en donde viajan acinados.
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Cómo se sale de este circulo dramático, ya que el estado ha demostrado su ineficiencia para administrar esta masa creciente de dineros públicos. Dado la situación de emergencia, una buena medida podría ser tercerizar la gestión, o al menos la dirección de estos programas, en entidades privadas de reconocido prestigio en donde nadie cobre por los servicios prestados. Las empresas de Auditoría Externa deberían hacer el control y por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y las Universidades de estas disciplinas, podrían destinar profesionales para la administración eficiente de esos dineros públicos. Los bancos, las empresas procesadoras de tarjetas de crédito y las entidades que manejan grandes bases de datos como el PAMI, y quienes diseñaron la aplicación Cuidar, también podrían colaborar en utilizar esos archivos con las herramientas tecnológicas actuales y con el apoyo de todos, ello debería asegurar que claramente el dinero sea recibido por los que los tienen que recibir, sin intermediarios y sin la posibilidad de que esos fondos sean utilizados para otro destino. Sería una forma efectiva de colaborar con un estado que ha demostrado su ineficiencia e ineficacia absoluta, al menos hasta el momento.
* Ernesto A. Bruggia, Contador Público. T: @bruggiaea. F: Ernesto Atilio Bruggia.
