Sabemos que los seres humanos, además de la razón y los valores, tenemos necesidades y deseos que se expresan de distintas maneras, y en particular en intereses desde los materiales hasta los identitarios y difusos. En especial, en lo que se refiere a lo material, esto ha sido así, desde los orígenes de la humanidad con los comportamientos individuales o grupales (tribales) con el territorio y los alimentos, hasta en la actualidad con la defensa de lo sectorial empresario y/o gremial. A ello se debe agregar -en el contexto del debate político argentino- la injustificada defensa de cargos en las diferentes jurisdicciones del Estado, por parte de partidos o grupos (donde se ha utilizado la expresión “casta”), que no tienen un correlato de eficacia pública, eficiencia y productividad de su servicio.
Fernando Savater, en su libro Política para Amador, dice que la palabra interés significa "lo que está entre". Es decir, el interés es lo que está entre las personas. Por eso estaremos unidos a las personas con las que compartamos un interés y desligados de quienes tengan intereses diferentes. Las personas que amamos son aquellas que nos interesan, con quienes tenemos conexiones, que nos preocupan y que nos importan.
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Tal vez el libro más completo que se ha escrito en la Argentina, relacionado con el título de esta nota, es el de Jorge E. Bustamante, La República Corporativa. 35 años: 1988-2023. Nada cambió (Ed. Metrópolis, Buenos Aires, 2022). En algunas partes utiliza la expresión grupos de interés, que se considera como más apropiada en línea con recientes afirmaciones del prestigioso historiador Luis A. Romero, en una entrevista aparecida en Seúl, el 6/11/2022.
Ahora bien, ¿hay formas virtuosas de resolver el comportamiento corporativo o defensivo de los distintos grupos de interés? La respuesta no es sencilla, pero intentaremos aportar algunas ideas para el debate.
Un primer abordaje puede ser la cuestión de la relación de poder que se produce entre el que ofrece un bien o servicio y el que lo consume. La teoría económica ortodoxa dirá, por un lado, que esto se resuelve bien si hay competencia perfecta y que el consumidor es soberano para decidir. Sobre lo primero se coincidirá que es difícil de lograr, que las normas de defensa de la competencia y otras deben garantizarlo, pero si los oferentes se coaligan y logran que el Estado proteja sus intereses en contra de los consumidores, la solución será insatisfactoria.
En cuanto a la soberanía del consumidor, quien vio claramente la fragilidad -en la práctica- de este concepto fue el economista francés Charles Gide. Para resolverlo planteó que lo que había que hacer era organizar la demanda a través de cooperativas de consumo, que no sólo reequilibraran ese poder sino que se generalizaran y fueran ellas las que produjeran los bienes y servicios. Los consumidores son los mayores interesados en lograr una provisión con buena calidad y precios con márgenes de utilidad razonables. Si bien hay muchas cooperativas de consumo en el mundo, así como en la Argentina (organizadas a través de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo), no ha sido posible su generalización. En el caso argentino, la mayor experiencia (El Hogar Obrero) sucumbió -en su modalidad de cooperativa de consumo- en un contexto económico muy hostil (plan Bonex) y por un mal enfoque preventivo y operativo de la gerencia.
Entonces, más allá del valioso aporte que pueden hacer las cooperativas de consumo bien gestionadas, las organizaciones de defensa del consumidor, el Ombudsman (o Defensor del Pueblo), así como intelectuales y medios de comunicación que transparentan estas situaciones, queda por resolver el nudo de los intereses sectoriales que se articulan con el Estado (tanto a nivel del poder legislativo como, principalmente, del Ejecutivo) en una actitud meramente defensiva.
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Desde posiciones de izquierda o de variantes del populismo, dirán que será a través de la estatización de la oferta. Lamentablemente las experiencias en el mundo no han sido satisfactorias (los casos más dramáticos tal vez sean los de Venezuela y Cuba), más allá de las muy puntuales argentinas como el INVAP o de empresas mixtas como YPF. Menos aún las políticas denominadas de “apriete” a grupos empresarios que terminan en desinversión y desabastecimiento.
En lo que se refiere a enfoques más liberales puede ser de muy diferentes maneras. Desregulando abruptamente y de manera generalizada la economía, donde predominará el sálvese quien pueda y habrá vencedores y perdedores. En una economía como la Argentina, se coincidirá que estos últimos son muchos, algunos de ellos muy poderosos y con un gran costo social. Por lo tanto no parece aconsejable y viable desde lo sociopolítico.
Tampoco parecen aconsejables medidas como las que se implementaron en el gobierno de Onganía el 22 de agosto de 1966 donde, por Decreto, se cerraron 11 de los 27 ingenios azucareros que funcionaban en la provincia, dejando 50.000 trabajadores en la calle. Lo único que pudo ser rescatable de ese proceso fue como toleraron la experiencia exitosa de la Cooperativa de Campo Herrera. Más virtuoso fue el proceso de fines de los ochenta y comienzos de los noventa con el sostenido dinamismo de la industria del limón.
El panorama nacional
En Argentina han habido experiencias exitosas de mesas de competitividad sectorial durante el gobierno de Cambiemos (por ejemplo, y aunque no la única, vinculada al petróleo y a Vaca Muerta), con el ex Ministro Kulfas y muy parcialmente con el actual ministro Massa. Este último muy limitado por la alta inflación, la escasez de dólares, la falta de un programa de estabilización integral y de un sendero cierto de estabilidad de las reglas de juego, que sectores de su coalición no han garantizado hasta el momento. También hay que valorar los planes estratégicos sectoriales (como el vitivinícola, el agroalimentario y agroindustrial o el minero, entre otros).
En Europa, hay experiencias muy exitosas de reconversión industrial como es el caso del país vasco en España (véase, por ejemplo, este video: https://www.youtube.com/watch?v=P8CTQbcJ9cA). Esto implica tener un diagnóstico claro de las fortalezas y debilidades de cada sector o grupos de interés, sino también -y fundamentalmente- de planes estratégicos que potencien la competitividad de lo existente, sino también que promuevan actividades nuevas que permitan la reubicación de capitales y del empleo, así como abordar la mitigación de los efectos de quienes ya no tienen posibilidad en las viejas actividades en el marco nacional español, de la UE y en un contexto globalizado.
En Argentina, instituciones nacionales como el Consejo Económico y Social, o jurisdiccionales (como el caso de la Ciudad de Buenos Aires), no han avanzado, hasta el momento, con el nivel de concreción de los de países de la Unión Europea. En cuanto al debate sobre las propuestas económicas futuras está muy centrado en las características que debe tener un programa de estabilización y las reformas estructurales que lo deberían acompañar (sin duda imprescindibles de encarar), pero muy poco sobre lo que venimos de mencionar vinculado a una agenda de desarrollo con el componente de una educación y formación de calidad. Para ello será fundamental incluir una adecuada y razonada reingeniería y reconstrucción del Estado, que lo posibilite.
En este sentido y para finalizar, se señalará entonces que un elemento muy relevante será contar con una visión y un plan estratégico global que detalle las oportunidades que tenemos como Nación, acompañado de planes sectoriales y regionales volcados en presupuestos plurianuales de gestión multinivel (Nación, provincias y municipios) articulados con cámaras empresarias y sindicatos, donde cada quien tenga clara la misión en la que puede contribuir para que haya una mayor riqueza y bienestar compartido. Sería la construcción de un escenario ganador-ganador en el cual la mayoría estemos interesados, que nos permita salir de los escenarios de suma cero y mutua obstrucción, donde nos encontramos mutuamente perjudicados de manera aguda y crecientemente declinante. En este mismo sentido se ha expresado recientemente Pablo Gerchunoff (en una entrevista en la revista Panamá) donde dice que “se trata de encontrarle a los actores sociales el lugar de la coalición popular-exportadora de la que estamos hablando (…) Desatar el nudo corporativo, pero no pensando que sus actores tienen que desaparecer…”
No es fácil hacerlo, pero han habido experiencias valiosas -tanto en el caso argentino como a nivel mundial- que nos dicen que es posible de articular de manera virtuosa a los distintos grupos de interés. Una ciudadanía mayoritariamente consciente y activa de ello, junto con una dirigencia política que vaya más allá de sus legítimas ambiciones de liderazgo, serán claves para lograrlo. ¿Nos animaremos a probar este camino?
(*) Economista, miembro del Club Político Argentino
