Conocemos de los desvelos del gobierno por reformar integralmente el sistema judicial argentino. Insiste con ello el Presidente Fernández cada vez que da inicio a las sesiones del Congreso, dice que “el Poder Judicial de la Nación está en crisis” y pide reformar la Corte Suprema, la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal.
La Vicepresidente nos ha dicho que los jueces “son funcionarios que parecen constituir una aristocracia "originada -en su imaginario- en principios de la Revolución Francesa, olvidando la raíz norteamericana de nuestra Constitución Nacional. Vaticinó alguna vez que "va a llegar un momento de crisis tan grande que tendremos que revisar la totalidad del Poder (Judicial)”y hoy diseña artilujios para mantener algo de poder político dentro del Consejo de la Magistratura por si no consigue “recuperar” ese organismo a través de una reforma en el Congreso.
Para el Ministro de Justicia, Martín Soria, “este debe ser el año de las reformas” mientras hace hincapié en los cambios “pendientes” en el Poder Judicial.
El kirchnerismo propone una consulta popular para reformar la Corte Suprema
Sin embargo, más allá de las intenciones que se ocultan detrás de la reforma que pretende el gobierno nacional, lo cierto es que nadie discute que necesitamos replantearnos el sistema judicial. La oposición lo comprendió y, cuando fue gobierno, impulsó un plan de políticas públicas con el objeto de lograr una “Argentina justa, pacífica e inclusiva”. Hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció hace pocos días en Rosario que necesitamos reformarla justicia. Aunque, con toda lógica, exige que el Poder Judicial sea consultado sobre el tenor de tales cambios estructurales.
Los propios ciudadanos sabemos bien que hay mucho por hacer en materia de justicia porque somos quienes padecemos muchas veces su de ineficiencia y lentitud. También percibimos en algunos casos, su falta de independencia.
En definitiva, el diagnóstico lo tenemos todos: necesitamos una reforma judicial. La pregunta radica en cuál es esa reforma judicial. La respuesta políticamente correcta surge rápidamente: los argentinos necesitamos una justicia “para y por” la gente. Necesitamos una justica que nos resuelva los problemas. Esa justicia accesible, cercana, eficiente, transparente e independiente de la que tanto se habla y que requiere de los consensos más amplios para lograrla.
Cómo pueden ser utilizados los datos del Censo Nacional
Sin embargo, para diseñar esa reforma judicial resulta fundamental contar con información precisa. No es posible plantear políticas públicas sin basarnos en datos concretos. Así lo entendió rápidamente nuestro Presidente Domingo Faustino Sarmiento cuando después de la realización del primer censo nacional allá por 1869 anunció: “Señores ministros, ante los primeros datos del censo voy a proclamar mi primera política de estado para un siglo: escuelas, escuelas, escuelas”.
Si es cierto entonces que el gobierno nacional comprende la necesidad imperiosa de reformar la justicia, ¿cuál es la razón por la que no incluyó ciertas preguntas que permitieran recabar datos esenciales para el diseño de esa reforma judicial seria y estructural que necesitamos los argentinos?
No desconozco lo que bien señaló Marco Lavagna. Los censos deben contener una cantidad limitada de preguntas porque deben ser sencillos y asequibles a la población. Sin embargo, en tres o cuatro preguntas básicas podríamos haber obtenido información certera y valiosa. Parece que resulta más importante preguntar por la autopercepción de los ciudadanos en vez de indagar sobre datos concretos.
¿De que hablamos cuando hablamos de la Reforma Judicial?
Más allá de las críticas que podemos hacer sobre el elevado costo que importa un censo en un contexto de extrema crisis económica, una vez tomada la decisión de llevarlo adelante no podemos dejar de señalar que se perdió una gran oportunidad. Si hay una política de Estado sobre la que se necesita trabajar desde amplios consensos y con datos concretos es la del sistema judicial. Acá no debe haber reformas sectoriales y de maquillaje para favorecer a tal o cual sector o tal o cual político, mucho menos para que el sistema no se fortalezca en la persecución y condena de los delitos de corrupción y narcotráfico. Necesitamos el más amplio acuerdo político y social involucrando también al Poder Judicial y a la ciudadanía.
Lo que dejó en evidencia la experiencia del censo 2022 es que el desvelo por la justicia del gobierno nacional está lejos de buscar resolver los problemas de la gente. No es más que otra prueba irrefutable que los intentos de reformar la justica tienen un único objetivo claro: colonizarla para controlarla.
* Jimena de la Torre. Consejera de la Magistratura Nacional. Abogada especializada en impuestos y política fiscal.
