Algo huele mal en las cárceles en general y en particular en las cárceles emplazadas sobre la Ceamse en San Martín. No es precisamente el holor nauseabundo de la Ceamse, donde se amontona la basura, ni del contaminado Río de la Reconquista.
Lo que huele a podredumbre es el Poder Judicial de San Martín. Creer que los hechos de violencia de ayer en las cárceles es responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es una mirada lineal y simplista. Además de falsa.
La violencia en las Unidades 46 y 48 es consecuencia sustancial de la corrupción, la negligencia, la desidia y la irresponsabilidad de una importante parte de los jueces del fuero penal y fiscales de San Martín que con sus decisiones judiciales y sus dictámenes obturan toda solución al conflicto de hacinamiento y superpoblación carcelaria.
¿Cuántos jueces cumplen con su obligación de inspeccionar las cárceles? ¿Cuántos rinden cuentas de sus actos antes los justiciables? Ayer, frente a la violencia, la destrucción y la muerte desatada, los jueces y los fiscales de San Martin brillaron por su ausencia.
Ninguno cumplió con su obligación de verificar como estaban las personas detenidas a su disposición. A excepción de Alejandro David que estuvo presente en el medio de la humareda y la violencia. Ninguno se hizo presente en las cárceles estalladas de horror y violencia, cuando ello no era una decisión personal graciosa sino una obligación funcional a la que están obligados por ley.
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Retrasan casi de manera dogmática sus resoluciones, y cuando lo hacen a tiempo respetando en forma solo excepcional el código de procedimientos, deciden con llamativa arbitrariedad, casi rayana al prevaricato.
Irrespetan al justiciable y a sus familias, cuando con la excusa de la pandemia, no atienden los llamados telefónicos de los abogados, no contestan los mails y hacen oídos sordos a los escritos que se presentan peticionando solo justicia.
Cuando deciden en las causas, citan leyes y la Carta Magna; pero con sus actos cotidianos violentan la ley, el sentido común, y los derechos de las personas detenidas.
Es vergonzoso el estado de las cárceles, pero aún más el estado de deterioro de los despachos judiciales, donde se dice impartir justicia, pero donde solo se tejen intereses mezquinos para los ascensos y las prebendas personales y corporativas.
Huele todo a olor nauseabundo, y no es el río ni el basural donde se amontonan seres humanos, sino que lo huele mal es el Poder Judicial, espectador miserable de la triste escena de ayer.
Mientras unos y otros se trenzaban en una feroz pelea casi medieval, los jueces y los fiscales, le hacían una vez más piruetas a sus responsabilidades de manera irresponsable.
Es hora que rindan cuentas. Es imperioso que lo hagan. A no confundirse; los responsables de ayer no son los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los que prohijaron el desmadre de ayer, son los jueces y fiscales que desatienden sus despachos para otros menesteres y otros intereses.
A no confundirse.
* Abogado penalista. Ex secretario de ejecución penal San Martín.
