En la Argentina hay más de 100 mil presos. Si bien la ola de motines carcelarios se aplacó, sus condiciones de detención representan una olla a presión. El contexto de pandemia simplemente potenció y visibilizó los peligros preexistentes. Según un informe reciente de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), una ONG que participó en las mesas de negociación durante las revueltas de Devoto, la atención médica ya era deficiente antes del coronavirus.
La ACiFaD encuestó a 475 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías argentinas, federales y principalmente bonaerenses.
El 95% de los entrevistados afirmó que, durante el último año, el área de salud penitenciario no le dio un cuidado médico adecuado. Al 30% de los encuestados con problemas de salud nunca lo atendieron. Un 65% declaró haber sido chequeado por médicos, pero de forma algo indolente: es decir, sin llegar a una cura o siquiera un tratamiento. Sólo un 5% declaró que “me atendieron y me curaron”.
Entre los consultados, 32 reclusos tuvieron tuberculosis, la llamada enfermedad de la pobreza. Es prevenible y curable. Si bien se suele considerar erradicada de la Argentina, las condiciones carcelarias facilitan su expansión. Según el relevamiento de la ACiFaD, un 8% de los entrevistados padeció tuberculosis en el último año. La Argentina tiene una población penitenciaria de 103.209 personas, de acuerdo a los registros oficiales. Entre 2016 y 2017 se consolidó el crecimiento de la población encarcelada: subió un 11% en relación a años anteriores.
Coronavirus: qué hicieron otros países con los presos
Al margen del coronavirus, la cuarentena a su vez facilita la difusión de las enfermedades en las cárceles. ¿Por qué? Los familiares de los detenidos suelen llevarles remedios y comida. Es una costumbre que esconde una suerte de subsidio institucionalizado, por parte de las personas que visitan a los presos. Esa posibilidad está suspendida por tiempo indefinido.
Existen otros datos tan invisibilizados como impactantes. Desde el 18 de marzo pasado, dos días antes de que empezara a regir la cuarentena obligatoria, en las unidades penitenciarias, geriátricos y lugares de institucionalización de niños y adolescentes se registraron: 238 casos de coronavirus, 38 protestas y 49 muertes. La mitad de la cifra de fallecidos se debió directamente al Covid-19. El resto de los muertes, por razones vinculadas a la pandemia y también a la violencia latente en las cárceles: peleas entre los presos, protestas y represión.
Así lo cuantificó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Se trata de un organismo autónomo, integrado por representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Poder Legislativo, de ONGs y por un delegado de la Secretaría de Derechos Humanos.
Desde el inicio de la cuarentena, la provincia de Buenos Aires puntea el ranking de provincias con más motines y protestas. Hubo ocho situaciones de ese tipo. Le sigue Santa Fe y Mendoza, con cuatro levantamientos. Las 55 cárceles bonaerenses alojan a 49 mil detenidos, mientras la capacidad máxima es de 23 mil. En conclusión, hay una sobrepoblación del 110%. Ese mapa apuró las recomendaciones hechas por el tribunal de Casación bonaerense, respecto al recurso de las prisiones domiciliarias.
Los presos, la pandemia de coronavirus y la Constitución Nacional
Desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta mediados de abril, egresaron 688 personas de las cárceles federales: 314 se fueron bajo arrestos domiciliarios. Las protestas de los presos, sin embargo, resultaron un tiro en el pie contra los propios reclamos de los detenidos y sus familiares. El gobierno a la vez buscó despegarse de la política, recomendada por la justicia y por organismos de Derechos Humanos, de beneficiar con domiciliarias a los condenados por delitos leves. Cuando el tema adquirió la forma mediática de “liberaciones masivas” para asesinos y violadores, el albertismo se desmarcó.
Tras un largo silencio sobre aquella controversia, el miércoles, Alberto Fernández se volvió a referir a la situación de los presos. “Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”, planteó el presidente. Lo dijo un acto junto a Axel Kicillof e intendentes bonaerenses. “Encarcelar a todos y no construir prisiones no tiene sentido, es todo marketing”, le facturó al gobierno de Mauricio Macri.
Paradójicamente, en el gobierno de Fernández sigue vacante un puesto clave: la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Se trata de cargo caliente, sujeto a tironeos políticos dentro del Ministerio de Justicia. El candidato elegido por la ministra Marcela Losardo era Emiliano Blanco, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Pero hoy quedó clausurada esa posibilidad: tras conducir el SPF durante seis años, Blanco renunció a su cargo. Su portazo se llevó puesta la perspectiva de que ascendiera a la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
El debate sobre la salida de los presos tiene una contracara no mencionada en público. A partir de los protocolos sanitarios de las cárceles, casi no hay nuevos ingresantes a las penitenciarias. ¿A dónde van los detenidos y condenados? En muchos casos, a las unidades de las fuerzas federales: lugares que no son cárceles y ni siquiera cuentan con celdas. “Hay unas 500 personas en ese limbo, en medio de gendarmes, prefectos y policías. Son presos a las que el Servicio Penitenciario no considera, cuando asegura que dominó la superpoblación en las cárceles”, revela el abogado de un organismo internacional que le pelea a la violencia institucional.
