En un Estado de Derecho, el Estado y sus Gobernantes se someten al Derecho. Esa es la base del Estado moderno; lejanas están aquellas frases atribuidas a Luis XIV “El Estado soy yo” y a Luis XV “Después de mí, el Diluvio”; esos monarcas absolutos consideraban que sus poderes tenían origen divino y por ello estaban fuera del todo control terrenal. La Constitución Nacional diseñó un modelo de organización de poderes muy diverso en virtud del cual todo el poder público está sometido al Derecho. El fallo de la Corte Suprema en la causa promovida por los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli afirmó algo que en la conciencia colectiva parecía perdido: el sometimiento de todos los Gobernantes al Derecho.
Aquí la decisión es solo suspensiva, no ha resuelto la cuestión de fondo. Sin embargo hay señales indiscutibles que se destacan: acogió favorablemente un remedio excepcional, como es el per saltum, de interpretación restrictiva; considera que se trata de un caso de gravedad institucional inusitada dado que se produciría una violación del principio de inamovilidad de los jueces y de independencia de la Justicia; suspendió los efectos de los actos cuestionados; la decisión fue unánime cuando se auguraban opiniones diversas; envió mensajes a los restantes poderes, al Consejo de la Magistratura y al resto de los integrantes del Poder Judicial; reconoce que el planteo excede el interés individual de las partes y le asigna una singular relevancia ya que “atañe al de la comunidad desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. No cabe duda que la CSJN es un órgano político pero no político en el sentido partidista del término sino político arquitectónico; como Institución, ante la sociedad y ante los demás actores políticos, ha reafirmado su función¸ fortaleciendo el Estado de Derecho.
*Profesor Emérito (USAL).
