El pasado 27 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley Ómnibus denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Entre las propuestas de modificación a las normas ambientales, se encuentran una docena de artículos con modificaciones al Régimen Federal de Pesca - Ley 24922.
Las propuestas de modificación a la 'Ley de Pesca' demuestran un pobre conocimiento de la actividad pesquera en general y de la pesca en Argentina en particular, proponiendo medidas que no existen ni se aplican en ningún país del mundo.
En general se puede interpretar que hay una intención de apertura de los recursos del Mar Argentino a capitales extranjeros, pero que carece de lógica, ya que modifica muchos de los artículos que hacen que la industria pesquera pueda mantener la legalidad, la sostenibilidad y la generación de empleo y divisas para el país.
Sin estos cuatro pilares fundamentales, no hay prosperidad económica posible.
En las propuestas, entre las que se promueve la apertura a licitaciones abiertas a empresas internacionales, se ignora que muchas de éstas dependen para su existencia de millonarios subsidios de parte de sus estados de bandera, como las localizadas en la Unión Europea; o que su capital es 100% estatal, como el caso de muchas de las empresas chinas.
Mar Argentino y capitales extranjeros
Los inversionistas privados nacionales no pueden competir con empresas subsidiadas, y que, en muchos casos, emplean mano de obra semi-esclava, y que no respetan las mínimas regulaciones ambientales, de seguridad a la navegación, ni laborales.
La iniciativa propuesta quita potestad al Consejo Federal Pesquero, centralizando en la discreción de la Autoridad de Aplicación (Poder Ejecutivo) decisiones que antes dependían de un órgano compuesto por representaciones más amplias, incluyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int. y Culto, al Ministerio de Ambiente (o equivalente), además de los gobiernos provinciales con costa marítima.
Ley Ómnibus: el Gobierno revisará artículos sobre la desregulación de la actividad pesquera
Entre las implicancias más graves de las modificaciones propuestas podemos citar:
- Centraliza las decisiones en el poder Ejecutivo, restringiendo la posibilidad de toma de decisiones basadas en intereses más amplios, quitando las atribuciones al Consejo Federal Pesquero.
- Promueve la ilegalidad y la falta de transparencia y trazabilidad en la pesca en aguas de jurisdicción nacional, al permitir la descarga en puertos extranjeros y/o transbordos en alta mar.
- Desincentiva la existencia de infraestructura portuaria, industrial, de valor agregado, de mano de obra, de ingreso de divisas y de exportaciones en Argentina.
- Elimina los beneficios para obtener permiso de pesca relacionados con la nacionalidad argentina de las embarcaciones, las tripulaciones nacionales argentinas, los buques construidos en el país, el procesamiento y valor agregado nacional.
- Promueve la utilización de embarcaciones poco eficientes, más contaminantes, y menos seguras, al eliminar los requisitos de antigüedad mínima de embarcaciones para obtener permisos y/o cuotas de pesca.
- Acepta el empleo de embarcaciones involucradas en pesca ilegal, abuso a los derechos humanos, mano de obra esclava y otros crímenes, al eliminar los requisitos de legalidad de las empresas, ni su historial de antecedentes. -Abre la posibilidad al otorgamiento de cuotas de pesca a empresas de pesca ilegal.
- Permite que pesqueros que operen en el Mar Argentino lo hagan con la totalidad de su tripulación extranjera, capitaneados por extranjeros.
- Ignora que la pesca es una industria estratégica desde el punto de vista geopolítico, en muchos casos utilizada con objetivos de apropiación de los espacios marítimos, inteligencia y fines militares, etc. Asimismo, que la composición de la tripulación sirve para promover la mano de obra y la capacidad naval nacional.
El Congreso definió las comisiones que tratarán la ley ómnibus de Javier Milei
El único aspecto para destacar como positivo dentro de la serie de iniciativas de reforma de la legislación pesquera es la suspensión de la cuota pesquera y/o la autorización de pesca a cualquier buque que incumpla o viole la cuota, permiso o autorización, lo que implica una mayor rigurosidad legal que puede aportar a la sostenibilidad de la explotación.
Si bien la actividad pesquera en Argentina no es el mejor ejemplo de transparencia y sostenibilidad, la misma es desarrollada a través de capitales privados y con muy poca ayuda estatal, es generadora de superávit y de miles de empleos. Para hacerla más competitiva, sostenible y transparente, es necesario realizar reformas, pero las mismas deben ser debatidas en un proceso abierto y participativo, apelando a los más altos estándares de transparencia, sostenibilidad y conocimiento científico.
