El ex gobernador entrerriano Sergio Daniel Urribarri, quien acaba de renunciar como embajador en Israel y Chipre, está condenado, procesado o imputado en varias causas escandalosas que revelan un daño al pueblo entrerriano que es todavía difícil de mensurar en todo su alcance. Daniel Enz, el periodista que más ha hecho para que ese alcance sea dimensionado, afirma que Urribarri habría desviado al menos cien millones de dólares. En el juicio que acaba de condenarlo son casi nueve millones de dólares que desvió, comprobados. Y tiene otras tres causas que son todavía más graves.
En esta nota se resumen las que lo comprometen hasta el momento, y que hacen incomprensible cómo el peronismo entrerriano nunca se sacó de encima este lastre vergonzoso (quizás porque hacerlo implica reconocer la complacencia o la complicidad de su dirigencia). Menos entendible es su designación por parte del presidente Alberto Fernández, que generó indignación y rechazo en todas las personas que se han asomado a cada una de estas tramitaciones judiciales.
Aquí detallamos en primer lugar la condena que recibió el viernes 8 de abril por tres causas unificadas conocidas como “Sueño Entrerriano”. Pero son más los procesos que complican al ex gobernador y esperan elevación a juicio.
Urribarri sostiene que estas causas son una “persecución” en su contra, cosa poco creíble ya que todas se han desarrollado en años en que el peronismo sigue siendo gobierno en Entre Ríos, y por jueces, fiscales y procurador nombrados por ellos. El fallo enciende la esperanza en una provincia donde jamás la justicia había dado semejante mensaje de independencia y decisión.
A continuación, el detalle resumido de las causas.
1. “Sueño Entrerriano”. Se la conoce así porque investiga el desvío de fondos públicos para promocionar la campaña presidencial de 2015 de Urribarri, que precisamente tuvo como lema “Un sueño entrerriano”. El sueño le costó caro al pueblo entrerriano: casi 47 millones de pesos (en ese momento unos 5 millones de dólares, es decir que hoy equivalen a casi 400 millones de pesos, dependiendo el precio del dólar que se tome). La carátula de la causa es “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública”. Pero en realidad se unificaron tres expedientes sobre hechos diferentes que tienen en común el uso de fondos públicos para financiar la delirante intentona presidencial de 2015. El juicio oral llevó cincuenta jornadas y resultó en la condena de Urribarri a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y la imposibilidad de ejercer nunca más un cargo en la función pública. También fue condenado el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez (luego diputado provincial).
Las tres causas unificadas son:
◆ Parador playero: En esta causa se acusa a Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, de sustraer más de 14,5 millones de pesos para instalar el célebre parador playero en Mar del Plata en enero de 2015, fingiendo promocionar la provincia para en realidad promocionar su precandidatura presidencial. En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador, y que a su vez es ex director de Contenidos del Fútbol para Todos; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Aguilera. Los fiscales probaron que la firma de Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacia el cuñado de Urribarri por dos millones de pesos. Una pieza clave en este sistema, según la tesis fiscal, es la contadora, que también va a juicio en otra causa.
◆ Nelly/Mercosur: Es el expediente que investigó el pago de 28 millones de pesos a fines de 2014 para cuatro spots de TV durante la Cumbre de Presidentes en Paraná. La acusación asegura que el fin de esos videos era promocionar a Urribarri como precandidato. En este expediente estaba imputado Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, acusado de haber sido partícipe en la contratación de Nelly Entertainment SA, firma que preside. Rodríguez accedió a una probation en la que además de trabajos comunitarios debió pagar 150 mil pesos en concepto de resarcimiento al pueblo entrerriano por el daño causado.
◆ Solicitada anti-buitres: La tercera investigación es la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014 en 18 diarios nacionales por más de cuatro millones de pesos. En ella Urribarri llamó a las fuerzas políticas a rechazar a los fondos buitre, tema candente en ese momento por el Juez Griesa. Los fiscales consideran que fue otro uso proselitista de los fondos de los entrerrianos, porque los recursos salieron del ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez.
2. Global Means. Aquí Urribarri y Báez están acusados de haber contratado publicidad de manera directa con una “empresa” de demostrado vínculo con Báez. Las comillas en “empresa” son porque abruman las irregularidades: la empresa no existía legalmente cuando Báez y Urribarri firmaron la contratación. Hay más: el trámite para el pago fue el 24 de marzo de 2012, un feriado nacional. La truchada no solamente muestra el nivel de impunidad con el que se manejaban, sino que también configura el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. El tercer acusado es el “dueño” de Global Means S.A., Germán Buffa, a quien se le endilga una participación primaria. Buffa además, integra el directorio de El Diario de Paraná. La investigación determinó que entre 2011 y 2014, la “empresa” recibió casi 4 millones de pesos para la difusión de distintas campañas y acciones de gobierno en medios porteños. Y en ese período la firma tuvo como exclusivo cliente al Estado entrerriano, salvo una campaña que hizo para otra agencia de publicidad.
3. “La causa de la vaca”: En esta causa Urribarri y Báez son considerados autores de los siguientes hechos: negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y otras personas directivas de empresas privadas (otra vez la contadora Cargnel, Hugo Montañana, Jesús Bustamante), aparecen como “partícipes primarios” y también se acusa a la pareja de Aguilera (Luciana Almada), Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Sena, quienes son considerados testaferros de Aguilera. La acusación asegura que Urribarri y Báez sustrajeron fondos públicos “de manera constante, habitual y reiterada” y los direccionaron a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Lo habrían hecho, según la acusación, con múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano a favor de dos empresas del propio Aguilera mediante cinco testaferros. Entre 2010 y 2015, las firmas Next SRL y Tep SRL recibieron sumas del Estado Provincial “para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, por un total de 24 millones de pesos. Bustamante y Montañana, titulares de empresas de publicidad, participaron de esas contrataciones con un porcentaje que le reembolsaban a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel. Tan ficticias eran las constataciones que por eso la causa es conocida como “la de la vaca”. Resulta que los pagos del Estado se hacen con una certificación de que el servicio se prestó: en este caso, se adjunta en el legajo una fotografía de los carteles supuestamente contratados, visibles en alguna ruta, en el acceso a alguna ciudad. Pero la certificación era tan trucha que las fotos mostraban siempre a una misma vaca, en la misma posición, adelante del cartel. Nuevamente la certeza de la impunidad. “Esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición”, dijo el fiscal. Y así pasó a ser “la causa de la vaca”. Aunque en Entre Ríos no opera la figura del “arrepentido”, en esta causa Bustamante jugó un rol similar: aceptó un juicio abreviado, que tiene como condición el reconocimiento del delito. Por eso no será parte del juicio oral: reconoció las coimas y los hechos de los que se lo acusa, y recibió una condena a dos años y la realización de trabajos comunitarios, pero además pagó 4,8 millones de pesos al Estado por el daño. Los fiscales adelantaron que pedirán 9 y 8 años de prisión para Urribarri y Báez respectivamente.
En 2012 se hizo una cantratación directa con una empresa que se creó después
4. Enriquecimiento ilícito: Esta causa se inició tras una denuncia presentada en la Procuración General en diciembre de 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de que la revista Análisis publicara un contundente informe sobre el crecimiento patrimonial de la familia Urribarri: de ser un simple empleado de banco oriundo de General Campos, en pocos años la familia se transformó en un clan de empresarios que parece salido de una serie yanqui. Así, en esta causa aparecen las empresas a nombres de sus hijos Mauro y Sergio (Kriptax Inc), la de sus hermanos Jorge y Armando (Agro Premium), la de su esposa Ana Lía (Ancorar), todas con sede legal en el mismo lugar: Junin 658, piso 6, departamento A, torre B. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí aparece la mansión célebre en el lago de Salto Grande, que se popularizó gracias al Google Earth. Entre otras medidas, se allanaron propiedades de la familia, sedes de empresas favorecidas por Urribarri como gobernador, y oficinas o estudios contables de presuntos testaferros en diferentes ciudades. Y como consecuencia se incorporó a un empresario clave en el impresionante crecimiento patrimonial de Urribarri: el paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. La justicia determinó que entre 2008 y 2015 ese empresario administró más de 11 millones de dólares “en negro” del ex gobernador. El fiscal en esta causa detalló cómo Cardona Herreros consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio del pago de coimas a funcionarios. La investigación encontró en las computadoras del empresario correos electrónicos y planillas Excel en los que llevaba una cuidadosa contabilidad de los gastos que le pagaba a Urribarri y a su familia: viajes al Caribe, a Cuba, a Madrid y a Venecia, la compra de vehículos y propiedades y hasta la factura del teléfono celular. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Herreros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. De todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó el fiscal Badano.
5. Contratación de software: En esta causa también juega un rol relevante Cardona Herreros. Aquí se acusa a Urribarri de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, palabra con la que la jerga judicial identifica al pago de coimas. Los fiscales aseguran que, a partir de 2007, primero como ministro de Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como gobernador, Urribarri “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros, que se quedó con numerosas licitaciones para la compra de software por parte del Estado Provincial. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En estas maniobras se verificaron sobreprecios que, según el fiscal, “retornaron” como sobornos a una serie de funcionarios: el ex ministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone. La empresa de Cardona logró una enorme cantidad de contratos importantes en el Estado entrerriano, por sumas varias veces millonarias en dólares, y en algunos casos con costos mensuales por mantenimiento. Los fiscales consideran probados “retornos” por un millón de dólares, e incluso aparecen depósitos a funcionarios realizados desde la propia empresa, entre muchas otras irregularidades. Otra vez, la certeza de la impunidad.
6. Contratos de la Legislatura: Esta causa investiga el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos: una organización delictiva montada desde el seno del Poder Legislativo para la sustracción de dinero del erario público a través de contratos apócrifos en nombre de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia mediante “personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. El mecanismo funcionó entre 2008 y 2018 y el cálculo oficial del perjuicio al pueblo entrerriano asciende a la increíble cifra de 2.000 millones de pesos. Se lo descubrió de casualidad: a un policía le llamó la atención que tres personas en un cajero automático pasaban mucho tiempo adentro y tenían muchas tarjetas de débito. Así se comenzó a seguir el hilo. La cantidad de personas involucradas es todavía indefinible, y aunque están presos solamente un par de miembros del escalón inferior (los que iban al banco con varias tarjetas de débito a retirar el dinero), la investigación llega a Urribarri y otras figuras políticas de la provincia que en el período tuvieron responsabilidades en la Legislatura. ¿Cuál era el mecanismo? Un grupo de personas de los mandos medios de la Legislatura, entre las cuales está (otra vez) el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, nombraba contratados para funciones no especificadas. Durante años esos contratados cobraban mediante cheques, pero en realidad no se quedaban con el dinero: se lo daban a las personas que fueron detenidas. “Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, denunció la Procuración. Pero con el correr de la causa ahora se habla de más de 1.000 contratos, que eran firmados en el domicilio particular o comercial de dos de los detenidos: Flavia Beckman y Hugo Mena. Los fiscales consideran probada la estructura funcional de la banda, que implicaba a muchas personas: luego de que se depositaban los sueldos de los contratados truchos, se le entregaban los cheques a Mena y Beckman, que los endosaban y repartían entre casi veinte personas para facilitar el cobro en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. Luego concentraban la recepción de esos dineros, pagando una suma ínfima a cada “cobrador”. El botín era entregado a Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Faure, Alejandro Almada (cuñado de Aguilera), y Alfredo Bilbao. Este último era el encargado de las rendiciones de cuenta, y después de deducir gastos, impuestos de los “contratados” y comisiones, se encargaba de entregar el neto a Juan Domingo Orabona y a Juan Pablo Aguilera. Hasta ahí llega lo que la justicia considera probado. Está claro para los investigadores que un mecanismo de este tipo no se pudo haber realizado sin el visto bueno o la participación directa de las autoridades legislativas, y en esa lista están no solo Urribarri, sino también José Allende, Adán Bahl, Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, todos ellos presidentes del Senado en su oportunidad. El expediente se inició en septiembre de 2018, y hoy la Procuración pretende elevar a juicio una primera parte de la monumental causa, con un corte en el nivel de responsabilidades hasta los mandos medios de la Legislatura, y dejar abierta la posibilidad de que haya una segunda causa por los contratos truchos. En cualquier caso, Urribarri ya se encuentra afectado y debió nombrar abogado.
Según el fiscal de la causa, Cardona Herrera pagaba viajes y autos para el gobernador y su familia
Hay otras causas “menores” contra Urribarri, como una querella por injurias o calumnias que le inició un abogado, o la de las “cosechadoras truchas”, en la que lo complicó el ex ministro Valiero. Pero por el momento estas causas están en el freezer, y no parece que vayan a moverse.
*Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
