La condena a Sergio Urribarri, embajador argentino ante Israel y ex gobernador de Entre Ríos, por peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública está lejos de ser la primera a un alto funcionario kirchnerista. Más de una decena de dirigentes que adhieren a esta corriente han sido condenados por delitos de corrupción. Varios otros, igualmente, atraviesan actualmente procesos judiciales.
El funcionario de más alto cargo en haber recibido una condena judicial fue el ex vicepresidente Amado Boudou. La Justicia lo encontró culpable de haberse hecho con la imprenta Ciccone Calcográfica mediante testaferros y de haber utilizado su cargo para asegurarse contratos con el Estado. Inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, goza de libertad condicional.
El segundo en jerarquía es Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal de Néstor Kircher primero y de ambos gobiernos de Cristina Kirchner después. Recientemente fue condenado por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Espera, a su vez, una condena de más de cinco años de prisión por la tragedia de Once. Estuvo con prisión preventiva en el penal de Ezeiza y, tras la victoria de Alberto Fernández, se le concedió cumplir arresto domiciliario. Se encuentra también procesado en las causas Vialidad y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
De igual importancia es el caso de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, investigada en 2007 a partir del descubrimiento de 100 mil pesos y 31 mil dólares en el baño de su oficina durante una requisa de bomberos. Fue condenada a tres años de prisión por encubrimiento agravado.
Otro alto jerarca que integra la lista es el ex titular de AFIP Ricardo Echegaray. Fue condenado a casi cinco años de prisión por defraudar al Estado en la causa Oil Combustibles.Por su parte, Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del matrimonio Kirchner, es un caso particular. Además de la reciente condena a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito en la causa de los trenes chatarra, ha sido condenado por recibir dádivas de empresarios, quienes llegaron a pagarle viajes en taxis aéreos y alquileres. Fue también condenado a ocho años de prisión como responsable por la tragedia de Once, aunque su situación judicial aún no está resuelta.
Uno de los casos más conocidos es el del ex secretario de Obras Públicas José López, recordado por ingresar de madrugada a un convento con 9 millones de dólares en bolsos y una carabina en 2016. Recibió una condena de seis años de p risión en 2019 por enriquecimiento ilícito, pero cumple desde el año pasado un régimen de libertad bajo fianza. Es también testigo protegido por su colaboración en la causa Cuadernos.
Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente de Néstor Kirchner, fue también condenada el año pasado a tres años de prisión en suspenso y a devolver unos 7 millones de pesos por defraudar al Estado y por utilizar fondos de su cartera para gastos personales.
Por otro lado, Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte tras la renuncia de Jaime, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo agravado a raíz, también, de la tragedia de Once. Tras haber cumplido dos terceras partes de su condena, goza actualmente de libertad condicional.
Dos conocidos dirigentes kirchneristas que no tuvieron cargos públicos también han sido condenados por hechos de corrupción. Milagro Sala, líder de la agrupación Túpac Amaru, recibió 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales y Lázaro Báez, presunto socio comercial de Cristina Kirchner, fue condenado a doce años de cárcel por lavar 55 millones de dólares.
